La Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano del español Baby Hamday Buyema, muerto durante el desalojo policial del campamento de protesta Dignidad a las afueras de El Aaiún, la capital administrativa del Sáhara Occidental, han pedido amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que inste a la Audiencia Nacional a que investigue los hechos.

La petición de amparo se produce después de que la Audiencia Nacional confirmara el pasado día 7 la decisión del juez Ismael Moreno de esperar a que Marruecos informe si ha investigado la muerte de Buyema, el 8 de noviembre de 2010, antes de decidir si admite a trámite las dos querellas presentadas.

Francisco Alonso, presidente de la Liga Española pro Derechos Humanos, sostiene que España 'sigue siendo la potencia administradora de España' y que aunque ya no cree 'en el Gobierno' sí confía en la justicia española, ha señalado a Público.es.

Según los querellantes, con estas decisiones se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y se han producido dilaciones indebidas al transcurrir más de siete meses desde la presentación de las querellas, dirigidas contra el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el gobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmous, por delitos de lesa humanidad, genocidio, lesiones, torturas y secuestros.

Los querellantes reclaman ante el TC que admita a trámite las querellas interpuestas ante la Audiencia

Por ello reclaman al Constitucional que sean admitidas a trámite las querellas interpuestas ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular Ismael Moreno, y que se les reconozca la existencia de dilaciones indebidas y de indefensión 'con las responsabilidades a que haya lugar'.

En su solicitud al TC, la Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano de Buyema, que el pasado 19 de mayo presentaron una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la 'inactividad' de la Audiencia Nacional, sostienen que 'no consta que la investigación se haya iniciado todavía por la Fiscalía de Marruecos'.

Circunstancia que, a su juicio, 'no es de extrañar porque el Reino de Marruecos no es un régimen democrático, no es un Estado de Derecho, no cuenta con un Poder Judicial Independiente y tampoco cuenta con una Fiscalía que actúe de manera objetiva y sea respetuosa con los derechos humanos'.

Por tanto no entienden por qué no se han admitido a trámite sus querellas, ni se ha llamado a declarar a sus representados, a los que, aseguran, tampoco 'se les quiere oír en Marruecos'.

Tras presentar las querellas, el 16 y 22 de noviembre de 2010, el juez Moreno acordó, a petición del fiscal, librar una comisión rogatoria a las autoridades marroquíes para que le informaran de si se están investigando allí los hechos, que fue cursada el pasado 10 de enero y, ante la falta de respuesta, se reiteró el 16 de marzo.

El pasado 5 de abril, el Ministerio de Justicia informó al Juzgado de que había reiterado la comisión rogatoria, pero la respuesta sigue sin llegar.