Fabra se suma a la ola de ajustes de la derecha

El president valenciano, Alberto Fabra, volvió a mostrar ayer la punta de la tijera. Lo hizo durante una rueda de prensa tras reunirse en el Palau de la Generalitat con los principales líderes de la oposición. Un hecho que no se repetía desde enero 2009, un mes antes del estallido de la trama Gürtel. La deflagración impactó de lleno sobre el anterior jefe del Consell, Francisco Camps, quien convirtió este recinto en un búnker donde poner a salvo su deteriorada imagen pública. Ayer, después de muchos años, volvieron a escucharse en el Palau preguntas de periodistas a un president de la Generalitat.

Este nuevo contexto sirvió a Fabra para anunciar que el Consell presentará en breve un plan de reorganización de la Administración Pública. Un eufemismo bajo cuyas telas se esconde un recorte del 20% del gasto en el sector público, unos 400 millones de euros. "Nuestro compromiso está en poner la tijera en aquello que sea prescindible", manifestó el president, aunque no concretó cómo ni a qué departamentos afectará la medida. Este proyecto se une al Plan de Austeridad que presentó a finales de julio y que prevé un ahorro de 680 millones a cambio de cercenar partidas vinculadas a servicios básicos como educación y sanidad.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, calificó la reunión con Fabra de "cordial, pero sin contenido concreto" y mostró su temor a que una hipotética victoria de Mariano Rajoy el 20-N suponga un alud de recortes siguiendo la doctrina que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, está aplicando en Castilla-La Mancha. El jefe de Consell aseguró que la receta no es aplicable al caso valenciano y justificó a su homónima castellanomanchega: "Su situación es complicada tras 25 años de Gobierno socialista, que no realizó ningún ajuste y despilfarró".

Esta declaración cayó como un proyectil en mitad de la oposición. El líder de Compromís, Enric Morera, lamentó que Fabra hable de "despilfarro" cuando preside una de las autonomías más endeudadas de España, hipotecada a la política de los grandes eventos y exhausta por la sangría millonaria de los sobrecostes y la actuación bajo los pliegues de la Administración de tramas como la Gürtel o la Brugal. De hecho, el acceso a los contratos públicos que llenaron los bolsillos de la red Correa fue ayer una reivindicación unánime entre los miembros de la oposición. "Vamos a ser transparentes, no hay nada que ocultar", apostilló Fabra, quien encargó a la vicepresidenta Paula Sánchez de León ponerse en contacto "durante los próximos días" con los distintos grupos parlamentarios para facilitarles la documentación.

Alberto Fabra también se comprometió con la oposición a consensuar en Les Corts una nueva ley de Radiotelevisión valenciana, a restablecer un clima de debate cordial entre todos los grupos parlamentarios y a estudiar una propuesta de Esquerra Unida para que los altos cargos no cobren más que el jefe del Consell. En cambió desdeñó que imputados por corrupción concurran en las listas del PP de cara a las próximas elecciones. "Eso no me preocupa. Una cosa es la política y otra lo que diga la Justicia. Pondremos a los mejores", zanjó.Alberto Fabra solicitó ayer al Banco de España que ayude a las autonomías a "colocar deuda" para poder pagar a los proveedores. En el caso concreto de la Sanidad valenciana, sus suministradores han amenazado con cierre de empresas y desabastecimiento si el Consell no paga en un plazo de tres semanas.

Fabra argumentó que si el Gobierno español pidió el apoyo del Banco Central Europeo, "nosotros al Banco de España le pedimos que ayude a las comunidades autónomas". Acto seguido, atribuyó la morosidad de la Administración valenciana "a la falta de financiación por parte del Estado".

El president fijó como prioridad el pago a los pequeños y medianos proveedores.