Ni retroactividad ni pérdida en la extra de junio. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, esbozó esta mañana muy superficialmente algún dato más del recorte de salarios sobre los funcionarios. El ajuste se hará sobre las siete nóminas que restan a partir del 1 de junio y la paga extraordinaria de diciembre. Se elimina así la posibilidad de aplicar la tijera sobre la paga de verano, que los funcionarios cobrarán íntegramente tal y como tenían previsto. También se elimina la aplicación de una posible retroactividad, intentado arañar en las nóminas del resto del año lo que se cobró en los primeros cinco meses de 2005. Por tanto, el 5% de reducción de media se hará sobre las nóminas de 8 pagas y no de 14.

Lo que el Gobierno no ha especificado es el baremo sobre el que se va a efectuar el recorte

Lo que el Gobierno no ha especificado es el baremo sobre el que se va a efectuar el recorte. Rumí ha confirmado que el ajuste serán progresivo en el salario base y en los trienios. En principio, se aplicará un criterio de “progresividad y equidad” y se le recortará más al que más cobra, hasta el tope del 15% de bajada en los altos cargos. Los recortes se agruparon en los cinco grupos en los que se divide la Función Pública. Sin embargo, no se ha aclarado todavía sí esto implica que el mínimo para las retribuciones más bajas será un 0%, lo que implicaría de facto una congelación salarial.

Para los complementos de destino y de productividad el recorte será distinto. Por un lado, Rumí ha dicho que se aplicará un “porcentaje fijo”, esto es, no progresivo, pero que tendrá carácter individual dependiendo del montante de la retribución. Esta posibilidad complica muchísimo la normativa ya que prácticamente no hay dos funcionarios que cobren lo mismo a causa de la personalizada aplicación de estos complementos.

La reunión se convirtió en un mero trámite para informar antes de aprobar la medida

El Gobierno se ha negado a aclarar si las empresas públicas (como Adif o Renfe) estarán incluidas en el recorte, pese a que suman más de un millón de empleados. Rumí ha instado a esperar al Consejo de Ministros, lo que hace sospechar que la decisión aún no está tomada. Además, para justificar el recorte, el Gobierno se acoge al Art. 38.10 del Estatuto de la Función Pública que permite al Gobierno suspender acuerdos por “causas excepcionales” de interés público.

 El Gobierno había citado a primera hora de la mañana a los principales sindicatos de funcionarios, así como a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos para explicarles la medida que se iba a tomar.

Sin embargo, la reunión se convirtió en un mero trámite para cumplir con un condicionamiento legal, el de informar a los interesados antes de aprobar la medida, pero sin contenido. Los sindicatos calificaron de “burla” la reunión y aseguraron que el Gobierno les aconsejó que “escucharan en la radio la rueda de prensa del Consejo de Ministros” si querían tener más detalles.

En paralelo, Trabajo convocó esta mañana a la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social a petición de CCOO y UGT. La reunión, en la que también participó la patronal, tenía como objeto recibir explicaciones sobre el plan de recortes pero sucedió lo mismo que con los funcionarios: el Gobierno les emplazó a esperar al Consejo de Ministros. Con todo, los sindicatos lanzaron de nuevo el mensaje al Gobierno de que si dentro del plan de ajustes prevén adoptar por la fuerza una reforma laboral, el camino a la huelga general ya estaría definido.