Que un grupo paramilitar colombiano asesine a diferentes miembros de la familia de una mujer colombiana y la amenace de muerte si vuelve a su país no es 'motivo suficiente' para la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ni para la Audiencia Nacional para concederle el asilo. Ambas instituciones ordenaron hace dos semanas la deportación a Colombia de una mujer que alegó y documentó la persecución con recortes de periódicos y grabaciones de televisión. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino y mandó paralizar su expulsión al considerar que podría 'contravenir la Declaración Universal de Derechos Humanos'. Concretamente, tres artículos: el derecho a la vida, a la seguridad física y a la libertad.

Esta mujer colombiana llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado 15 de julio acompañada de su cuñada y dos sobrinos. Todos solicitaron asilo en las dependencias aeroportuarias. Tras pasar tres días en la sala de inadmitidos, la petición fue denegada por la Oficina de Asilo, dependiente del Ministerio del Interior. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) recurrió la sentencia y acompañó el recurso de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) favorable al asilo.

La peticionaria de asilo, colombiana, ha sido amenazada por los paramilitares

Sin embargo, la petición volvió a ser denegada e Interior tramitó una orden de expulsión para el viernes 22. La Audiencia Nacional tampoco apoyó las peticiones de Cear y de Acnur y denegó la suspensión cautelar de urgencia.

La mujer se salvó de la expulsión porque sufrió un ataque de ansiedad en el aeropuerto. Su cuñada y sobrinos sí que fueron deportados. Seis días más tarde, el jueves pasado, llegó la decisión del Tribunal Europeo que obliga a la Administración a posponer la deportación hasta que se resuelva el recurso impuesto por Cear. 'España olvida que la política de asilo debe ser de protección', denunció Arsenio García, abogado de la mujer.

Esta instancia europea ya dictó a favor de un grupo de saharauis

No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve contra España. El pasado abril dicho tribunal impidió la deportación de 11 de 16 saharauis (cinco fueron expulsados sin avisar a sus abogados) que habían llegado a las islas Canarias en patera reclamando asilo.