Europa Laica rechaza las casillas de la Iglesia y de fines sociales

Según se acerca la fecha en la que gran parte de los españoles tendrán que presentar la Declaración de la Renta, los colectivos opuestos a la financiación pública de la Iglesia Católica ya han su campaña para pedirle al Gobierno que elimine la casilla que establece que el dinero del contribuyente vaya a ese fin.

En esta ocasión, Euopa Laica, en el lanzamiento de su quinta campaña, llama a no marcar la casilla de la Iglesia ni tampoco la de fines sociales y ha denunciado que, entre subvenciones directas y exenciones, el Estado aporta "más de 11.000 millones de euros anuales" a la Iglesia.

En este sentido, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha apuntado que la vía más adecuada para apoyar económicamente a las organizaciones con fines sociales no es la casilla de la Declaración de la Renta sino partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado.

Además, con respecto al 0,7 % que destinan los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia Católica, ha afirmado que esta financiación es "injusta" pues el porcentaje "lo detraen de todo el conjunto de lo recaudado anualmente". Por ello, defiende que el culto y el clero de "cualquier" organización religiosa y de las organizaciones a su servicio se financien "exclusivamente" por sus fieles.

Europa Laica denuncia que Estado aporta "más de 11.000 millones de euros anuales" a la Iglesia

Concretamente, Europa Laica indica en un informe sobre la financiación de la Iglesia Católica que esta recibe 248 millones de su casilla en el IRPF, 110 millones de la de fines sociales, 2.500 millones de euros de exenciones y bonificaciones (IBI, sociedades, obras), 500 millones de los sueldos de los profesores de Religión y 3.900 millones por la financiación de centros de ideario católico.

Asimismo, indica que se beneficia de 1.800 millones para asistencia sanitaria y obra social, 900 millones para asistencia hospitalaria, 25 millones de los sueldos de capellanes, 700 millones en mantenimiento del patrimonio, 400 millones en subvenciones y gastos de eventos religiosos y 10 millones de la coparticipación del Gobierno en entidades católicas como la Obra Pía. En todo caso, advierte de que algunos números son estimaciones o cálculos aproximados.

Delgado ha criticado que no se va a detraer "ni un solo euro" del dinero que recibe la Iglesia Católica en estos momentos de crisis social y económica. Además, ha asegurado que la Iglesia "no ha cumplido su compromiso" de autofinanciarse, según se recoge en los Acuerdos Económicos de 1979.

Según ha apuntado Delgado, si la Iglesia dejara de tener una casilla con su "nombre y apellidos" en la Declaración de la Renta, si tuviera que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y no contara con profesores de Religión en los colegios, el Estado recaudaría unos 17.500 millones de euros más en los próximos cinco años.

La Federación de LGTB del País Valencià también ha anunciado que llevará a cabo una campaña en todo su territorio para que no se destine ese 0,7% a la Iglesia. Sin embargo, no rechazan la casilla de fines sociales.

La Federación de LGTB valenciana cree que "la Iglesia se beneficia por partida doble"

Según entienden, "la Iglesia se beneficia por partida doble tanto si se marca la casilla para la Iglesia como si se marca para ONGs" porque existen diversas ONGs ligadas directamente con jerarquía eclesial. De esta forma, "con marcar la casilla de destinación del 0,7% a las ONGs la parte que corresponde a entidades no lucrativas como Caritas España quedan sin duda alguna cubiertas por las aportaciones del contribuyente."

Según recoge la propia federación, la propuesta sale del Grupo de Amigos Gay de Benidorm (Alicante), de Independence Gay Gandia (Valencia) y la Asociación Raimbow Cruissing (Castellón).

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española argumenta que el régimen del IBI de la Iglesia católica es el mismo que el de todas las fundaciones de España sean de la naturaleza que sea; que el de las asociaciones declaradas de utilidad pública; que el de las ONGD; que el de las delegaciones de las fundaciones extranjeras en España y que el de todas las federaciones deportivas.

Así, el vicepresidente para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha precisado en varias ocasiones que el régimen tributario actual de la Iglesia católica en España es el que se recoge en la Ley de Mecenazgo 49/2002 que también se aplica a todas las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos convenios de colaboración con el Estado.

"En España existe una Ley de Mecenazgo que protege la iniciativa privada y el interés social y que permite a las instituciones que están colaborando con la sociedad tener un régimen de colaboración que en vez de ser de subvención directa, son de subvención indirecta", añade.