Un total de doce comunidades autónomas aún no han enviado al Gobierno la información necesaria para aclarar las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en expedientes de personas dependientes. Esto significa que el Ejecutivo todavía no ha podido averiguar qué destino tuvieron 44 millones de euros enviados a las autonomías para financiar la atención de 5.398 supuestos casos de dependencia. No es anormal: un 70% de los gobiernos autonómicos son reticentes a rendir cuentas del uso que hacen del dinero que reciben del Estado para financiar la Dependencia, según fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

El pasado 21 de marzo, el Tribunal de Cuentas expuso en un informe que existían irregularidades en unos 12.000 expedientes de beneficiarios de la Ley de Dependencia. Tras analizar los casos, el IMSERSO concluyó que los 'sospechosos' ascendían a 5.398, con situaciones dispares como nombres duplicados, errores en los números de los DNI, personas fallecidas aún dadas de alta como beneficiarias o que parecen estar recibiendo simultáneamente servicios que por ley, son incompatibles, conforme indican las mismas fuentes.

El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para 'limpiar' las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia y que para esas más de cinco mil personas ascendería a 44 millones de euros.

Las fuentes consultadas explican que el plazo que se dio a las comunidades autónomas para devolver las información al IMSERSO vence con el mes de abril, pero a día 23, sólo 5 comunidades autónomas han enviado exactamente la información requerida, si bien otras tres habrían remitido esta semana 'algunos datos' al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la 'falta absoluta de equidad y transparencia' en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.

Según las citadas fuentes de la Secretaría de Estado, sólo en torno a un tercio de las comunidades autónomas rinden cuentas ante el Ejecutivo del dinero que reciben del Gobierno central (1.450 millones de euros en el último ejercicio) para aplicar la ley. Otro tercio ha expresado buena voluntad al respecto, aunque aún no ha entrado en materia, y el 30% restante directamente se niegan a ofrecer datos.

En este sentido, Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático 'compatible' con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.

El objetivo, según las mismas fuentes, es sellar un acuerdo en Conferencia Sectorial antes de verano –previsiblemente en el mes de junio– para que desde el próximo curso el sistema sea más transparente y la información accesible y compartida por todos los agentes implicados, desde el IMSERSO y el Ministerio de Sanidad hasta cada uno de los gobiernos autonómicos.

El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una 'especie de subsidio'. Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.

La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas 'les sale más barato' la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una 'importante actividad económica'.

El Gobierno detecta que hay 'cierta picaresca' en esta situación y que 'algo se está haciendo mal' porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.

Las mismas fuentes consideran que esta situación es fruto de los 'cúmulos de problemas' y de la 'dejación absoluta' en la que incurrió el anterior Ejecutivo, a la hora de controlar las ayudas.

Actualmente, según el ministerio, la reforma de la Ley de Dependencia ha permitido que el sistema 'sobreviva', dotarlo de mayor transparencia, que las listas de espera se sitúen en los seis meses y que haya 25.000 nuevos usuarios.

No obstante, las fuentes consultadas por Efe han reconocido que queda mucho por hacer para conseguir que se haga un uso correcto de las aportaciones que están recibiendo los 'grandes dependientes' o personas con dependencia severa, con el objetivo de que, en 2015, puedan incorporarse al sistema los dependientes moderados.