El magistrado Fernando Grande-Marlaska destacó este martes que 'la desaparición de la Audiencia Nacional supondría un balón de oxígeno para los grandes delincuentes que actúan en nuestro país'. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presente en el mismo acto, aseguró que la Audiencia 'no va a desaparecer', aunque tendrá que adaptarse a la nueva realidad, en alusión a los efectos del cese de la violencia de ETA.
Grande Marlaska recibió el premio Puñetas de Plata concedido por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que él preside. Aprovechó para entrar en el debate sobre si el fin de ETA debe afectar a la continuidad de la Audiencia, destacando que su eliminación 'supondría echar por tierra una gran labor de años para constituir el único tribunal europeo que maneja todas las coordenadas en materia de cooperación jurídica internacional'. 'Sin perjuicio de la profesionalidad y capacidad del conjunto de órganos judiciales españoles', ha añadido.
El ministro de Justicia formó parte, junto con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, de las personalidades encargadas de entregar los citados premios Puñetas en sus modalidades de Oro, Plata y Bronce. Ruiz-Gallardón ha indicado que la Audiencia Nacional 'no va a desaparecer' aunque habrá que adaptar sus funciones 'a la nueva realidad', y que ello conllevará una 'apuesta ambiciosa por el futuro'.
El Puñetas de Oro fue concedido al presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol; mientras que el de Bronce fue recogido por el jurista y ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga.El Puñetas de Plata fue compartido entre la Sala de lo Penal de la Audiencia y la Fiscalía del mismo órgano.
Además, se premió con el Puñetas Periféricas a labor desarrollada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y de su responsable de Comunicación, María Ferrer, a quien se reconoce su 'magnífico ejemplo de transparencia y colaboración institucional con los medios de comunicación, facilitando la labor de los mismos' en la cobertura de informaciones como las relacionadas con el 'caso Nóos'.
Durante su intervención, Ruiz-Gallardón calificó de 'absolutamente merecido' el premio concedido a los jueces, fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional, de quienes alabó su 'encomiable labor'. Añadió que este trabajo se seguirá realizando porque el Estado de Derecho 'sigue exigiendo responsabilidades' en clara alusión a la finalización del terrorismo de ETA.
El fiscal coordinador en materia de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González-Mota, ha expresado su 'alegría' por este premio y ha incidido en que respecto de los presuntos miembros de organizaciones terroristas que llegan a la Audiencia ellos no hablan de 'derrota' sino de 'puesta a disposición de la justicia', pues su responsabilidad no acaba con lo que 'algunos' dan en llamar 'fin de un conflicto'.
Las Puñetas de Plata han sido otorgadas genéricamente a la Sala de lo Penal y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órganos a los que se quiere reconocer la 'trascendental' labor que ambas instituciones han jugado 'en defensa del Estado y de los ciudadanos frente al terrorismo'.
El premio Puñetas de Bronce, por su parte, ha sido concedido al profesor Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, de quien se destaca su 'brillante trayectoria profesional, en la que ha abarcado los más diversos ámbitos jurídicos, desde la cátedra a la abogacía, ejerciendo máximas responsabilidades en instituciones esenciales en el Estado de Derecho'.
Jiménez de Parga, a quien hizo entrega de su galardón el fiscal general del Estado, ha agradecido el premio y ha destacado el hecho de que durante su etapa universitaria tuvo como alumnos aventajados a Xiol y a Ruiz-Gallardón, quienes fueron premio extraordinario en la Universidad de Derecho. Finalmente, el premio 'Vete a hacer puñetas' ha sido concedido a 'la falta de compatibilidad informática en la Administración de Justicia', que, según la asociación, 'hace imposibles las conexiones entre órganos judiciales de distintas comunidades autónomas'.
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