Entrar en la cárcel no es una situación fácil. Más aún cuando se tiene la posibilidad de cambiar el delicado trance por algo más de 1.200 euros, una cantidad que aunque a muchos les sepa a oro en estos tiempos difíciles, es relativamente sencilla de juntar si de evitar la prisión se trata. Jorge J., un joven del distrito de Moratalaz (Madrid), lo sabe. Y mejor que nadie. Desde hace varios meses, la sombra de la privación de libertad le persigue, tras ser denunciado en un desahucio por un agente de la Policía Nacional y recibir una petición por parte de la Fiscalía de un año de prisión y 2.000 euros de indemnización.

Todo comenzó hace algo más de dos años, en enero de 2016. Jorge, junto a otros miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de los movimientos de vivienda de Madrid, madrugó para acudir a un lanzamiento que Bankia tenía programado en el barrio de Vallecas, por el que una mujer y su bebé quedaron en la calle. “Cuando llegamos, la zona estaba vacía. Al poco apareció una patrulla de Policía Nacional que quiso entrar al portal, y cuando les dijimos que hasta que no viniese la Comisión Judicial no podían subir a la vivienda, nos identificaron a tres personas y llamaron a más efectivos”, cuenta Jorge. Al poco tiempo, prosigue, llegaron varios agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), “que nos echaron del portal de forma violenta y ejecutaron la orden”.

Los agentes echaron del portal a Jorge J. el día del desahucio - Archivo

Todo pareció acabar ahí. Un desahucio más en Madrid para sumar a la larga lista. Sin embargo, a los pocos días, Jorge recibió una llamada telefónica para acudir a declarar como imputado en comisaría. Había sido denunciado por uno de los agentes del lanzamiento de Vallecas por atentado contra la autoridad y lesiones.

“El policía declaró que yo le había pisado en una mano mientras él estaba ayudando a un señor que se encontraba tirado en el suelo”, recuerda, sin esconder la ironía, Jorge. “La realidad es que todavía hay un juicio pendiente contra varios de los agentes que intervinieron aquella mañana por herir a una persona mayor y a una mujer embarazada”. Aquel día, además, dos miembros de la PAH fueron multados gracias a la Ley Mordaza. El juicio contra Jorge tardó dos años en llegar.

“Ha sido un tiempo de espera lleno de angustia e incertidumbre. Te condiciona en lo laboral, porque me estaba preparando unas oposiciones que he tenido que dejar aparcadas. Además, si todo sale como parece, no voy a poder optar a ellas hasta dentro de casi tres años”. Al ser un delito leve, la inhabilitación es de dos años. La demora también ha hecho mella en su familia y personas más cercanas. “Mi madre, padre y hermanos tienen una tensión permanente. Mis amigos igual. Si ya tenemos suficientes problemas en lo laboral y personal, esto los hace más grandes”.

Tras el pleito, celebrado en marzo de este año, tanto Jorge como su abogado, Karim Benamar, salieron con buenas sensaciones, y es que ninguno de los cuatro testigos presentados por el denunciante, también policías, pudieron afirmar haber visto a Jorge pisar al agente. A esto se le añade que la perito forense se contradijo en varias ocasiones y no supo responder con certeza si la lesión del policía podía haberse producido al sacar a la fuerza del portal a quienes protestaban contra el desahucio, y no por un pisotón. Por eso, ni Jorge ni Benamar se explican la resolución de la sentencia, en la que el joven ha sido acusado a pagar 1.200 euros de indemnización al agente, y a pasar siete meses en prisión en el caso de no abonar dicha cantidad.

“En el juicio se hizo palpable la falta de coherencia de la versión del denunciante. Aquella mañana, en el desahucio, había más de 20 policías, casi tantos como activistas por la vivienda. Si tú agredes a un agente, como afirma el denunciante, te detienen en el momento, no te llaman al teléfono pocos días después”, detalla Benamar. A esto se le añade que la única prueba con la que cuenta el denunciante es su testimonio.

“De los más de 20 policías que hay en el lanzamiento, ningún otro ve la supuesta agresión. Es algo que también nos extraña”, prosigue el abogado. Además, añade, la perito forense no pudo acreditar el nexo entre la acusación y las lesiones, ya que no hizo ningún informe que detallara la situación. “Simplemente, tomó por válido el parte de lesiones presentado por el policía, firmado tres días después del desahucio”. A esto se le suman otros pequeños detalles, como la inadmisión de un vídeo presentado por la defensa o el caso omiso a la palabra de dos testigos presentes aquella mañana en Vallecas “que niegan rotundamente la acusación del agente”.

Entrar en la cárcel no es fácil. Más aún cuando se puede evitar a cambio de 1.200 euros. Pese a esto, Jorge está decidido a no pasar por el aro. “Lo tenía más o menos claro desde que llegó la petición de la Fiscalía, pero me he terminado de convencer según han ido evolucionando los acontecimientos”. Sobre todo, cuenta Jorge, después del juicio, “que es donde se plasmó la farsa. El policía mintió, llevó a cuatro testigos que no pudieron sostener su versión, y es que además de mentir, echó a la calle a una madre con un bebé. No voy a pagar ni un euro a quien desahucia familias”.

Su decisión también está motivada por todo lo que ha observado en los últimos años. “Después de ver a tanta gente perder su vivienda y tras tantas detenciones, me duele más pagar a esta persona que lo que pueda suceder durante siete meses ahí dentro. Yo no he hecho nada malo, no estaría en esta situación si no hubiese desahucios y si la Policía no tuviese tanta facilidad para crear montajes, como ha pasado con el caso de Alfon, con el de Nahuel y con muchos más”.

Jorge está cada día más convencido de la decisión que va a tomar. La defensa ha presentado un recurso al Supremo, pero es bastante posible que la notificación de entrada en prisión llegue antes de que haya respuesta. Benamar calcula que el momento podría llegar en torno a uno y dos meses. A pesar de estar dispuesto a ello, Jorge no oculta su miedo. “Una cosa es la idea que todos podemos tener de la cárcel, y otra saber que en dos meses puedes estar allí”. Por ahora, se está preparando para la posible entrada, aunque sabe que hay cosas que no dependen de él. “He hablado con un miembro del antiguo Movimiento de Objeción de Conciencia que estuvo recluido y he sacado en claro que por muy prevenido que estés, muchas cosas dependen de los presos con los que te toque o de los funcionarios de prisión que te encuentres. Puedes pensar que vas a hacer una rutina durante siete meses para que todo pase más rápido, pero nunca sabes qué te vas a encontrar”.

El joven ve su caso como un intento más de criminalizar a los grupos que luchan por la vivienda digna. “Para eso se hizo, entre otras cosas, la Ley Mordaza. Te pueden meter 600 euros de multa por intentar parar un desahucio, como pasó aquel día, o por ocupar de forma simbólica una sede bancaria y protestar contra estos lanzamientos”. Y es que, recalca, la lucha por el derecho a la vivienda es uno de los movimientos más transformadores que a día de hoy siguen el pie del cañón. “Lo hemos vuelto a ver esta semana en Vicálvaro, con el intento de desahucio de Soraya y sus tres hijos”.