MADRID.- El entrenador de atletismo Miguel Ángel Millán, los abusos investigados en el caso Romanones, la denuncia de agresiones sexuales al director de la escolanía de la Sagrada Familia de Barcelona, la detención del entrenador del club de fútbol Polígono San Pablo de Sevilla... Las denuncias por abusos sexuales a menores no sólo ha sido una constante durante los últimos años, sino que han aumentado.

Según denuncia la ONG Save The Children, las denuncias por estos delitos repuntaron un 5% en 2015, según datos del anuario estadístico del Ministerio del Interior. Se registraron 35.913 denuncias por actos violentos contra la infancia, de ellas, 3.919 denuncias fueron por agresión sexual, cuando en 2014 hubo 3.732 denuncias.

Pero la organización por los derechos de los niños no alerta sólo del aumento de una de las peores formas de violencia que sufren los niños en nuestro país. También pone el foco en la cantidad de abusos que nunca llegan a juzgarse porque ya han prescrito. “Cada vez más casos de abuso sexual infantil salen a la luz, pero este delito sigue siendo aún un tabú en nuestra sociedad. La violencia contra la infancia es un problema oculto y las cifras de denuncias son solo la punta del iceberg. Faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no se conozcan y permanezcan impunes”, explica Andrés Conde, director general de Save the Children en España.

Evitar que prescriban los delitos

Por esta razón, la ONG pide una modificación de Código Penal para que estos delitos comiencen a prescribir cuando la víctima cumpla 30 años. En la actualidad, una vez que la víctima cumple los 18 años sólo dispone de un período de tiempo concreto para denunciar, que varía entre los 5 y 15 años según la gravedad del abuso. Pasado este plazo, el delito prescribe y la víctima no podrá actuar contra su abusador, explica la organización.

“Los niños que sufren estos abusos generalmente no saben qué hacer y se paralizan. Cuando llegan a denunciar un abuso sexual se enfrentan a un proceso muy arduo, que les somete a interrogatorios y pruebas repetidas en las que reviven constantemente la violencia sufrida”, añade Conde.

Esto se une al estigma y el trauma derivados de estos delitos. Todo acompañado de incomprensión y vergüenza ante los abusos sufridos y, en numerosos casoso, el atenuante de que el abusador sea una persona del círculo de confianza del menor ─en la familia, el colegio o en actividades extraescolares─. La dificultad para dar el paso es enorme y, después, "se encuentran con un sistema judicial hostil y poco adaptado a sus derechos y necesidades. Por ello los abusadores en muchos casos nunca son descubiertos", critica la ONG.

Por ello, Save the Children pone como referencia el modelo alemán, en el que el cómputo de los plazos de prescripción señalados se suspende hasta que el menor de edad víctima de los abusos cumpla los 30 años. Según la oenegé, esto garantizaría el derecho a perseguir este tipo de delitos cuando se adquiere conciencia de lo que ha pasado.

La ONG también ha pedido un sistema de prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas adaptado a los derechos y necesidades de los menores, e insiste en la necesidad de una Estrategia Integral de Lucha contra la Violencia contra la Infancia que implique a todas las administraciones e instituciones en cuanto la prevención, detección e intervención ante toda forma de violencia contra la infancia, incluyendo los abusos sexuales, y que se articule en torno a una Ley Orgánica de medidas contra la violencia hacia la infancia.