Un documento interno del Ejército del Aire, adjunto a un expediente de evaluación extraordinaria de la actividad de la cabo del Ejército del Aire Teresa Franco, muestra cómo la cúpula militar recaba la actividad de esta militar, sobre todo en redes sociales pero también en medios de comunicación, y estima que "parece exceder con creces la labor asociativa y la libertad de expresión". Sobre esta militar existe desde hace meses, un expediente administrativo “por falta de facultades profesionales”. Pero su ‘persecución’ viene de lejos.

El informe que alude a su actividad en redes sociales, publicado por eldiario.es, alude a varios mensajes de la militar en los que, según los autores, “se menosprecia y a veces se insulta o se imputan delitos graves a sus mandos directos”.

Como ejemplo, se alude a que hace dos años, durante su instrucción, “se incrementaron los mensajes en redes sociales contra los horarios de los servicios y de la instrucción de su Unidad, afirmando sin ambages que los consideraba una TORTURA”.

“También”, prosigue el documento publicado, “en multitud de ocasiones, y rayando en lo ilegal al bordear el derecho de libertad de expresión, se violenta el deber de neutralidad política que todo militar tiene ordenado legalmente”.

Este texto podría suponer, según el citado diario, que dicha vigilancia a la actividad pública a la militar podría desembocar en una expulsión, algo que avanzó El País hace ya un mes. El mismo diario informaba hace una semana que un juez está investigando si Franco ha sido objeto de dicha vigilancia exhaustiva.

Sin embargo, la militar muestra en redes sociales su determinación y su falta de temores: "Me llamo María Teresa Franco Martínez y no tengo miedo", reza su tuit 'pineado' en su cuenta en Twitter.

'Indefensión'

En una conversación con este diario, el abogado de Teresa Franco, Mariano Casado, confirma la existencia de este documento, pero remarca que no existe denuncia alguna contra su cliente ni hay un expediente disciplinario contra ella, sino un expediente administrativo, cuya decisión última corresponderá a la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal.

“Lo curioso de este asunto es que, a pesar de lo que dice ese informe, si se dice que Teresa injuria a sus superiores, por ejemplo, pues para eso existe un régimen disciplinario y un código penal militar, pero recurren a una vía administrativa para poner en marcha un expediente que sólo ellos [la cúpula militar] controlan”, se queja el letrado.

El expediente administrativo abierto contra Franco recrimina a la militar sus críticas al acoso o ausencia de chalecos antibala femeninos, lo que ha motivado no la apertura de un expediente disciplinario sino de una evaluación extraordinaria sobre insuficiencia de sus facultades profesionales.

En este tipo de procedimiento, la presunción de inocencia brilla por su ausencia y no ofrece la misma capacidad de poder defenderse que un procedimiento judicial. “A través de esta vía, de este expediente administrativo, pueden llegar a conseguir su objetivo, que es echarla de las Fuerzas Armadas”, concluye el abogado.

En marzo, fuentes del Ejército del Aire informaron a Europa Press de que la cabo tiene suspensos los últimos tres informes anuales que se realizan a los militares, lo que implica la apertura de un expediente. Además, asegura que la cabo tampoco ha superado el plan de instrucción de la Policía Aérea de la base de Alcantarilla (Murcia), donde está destinada.

En su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de hoy, la ministra de defensa, preguntada por este asunto, quiso remarcar que, sobre Franco, “han concurrido durante los últimos seis años y de forma objetiva las circunstancias previstas en la normativa para la apertura del expediente”, y no quiso profundizar más en el asunto, al aludir a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y a la la Ley de secretos oficiales, al ser el expediente “materia clasificada”.

Viejas presiones contra la militar

Existe una actividad de vigilancia de la actividad pública de militares centrada, según Casado, en militares cercanos a la AUME, “que es una asociación absolutamente legal y registrada”. No obstante, si bien hubo una época en el que llovían expedientes contra miembros de esa asociación, ahora parece que el objetivo es Teresa. Y no es algo nuevo.

Ya en 2013, en pleno debate parlamentario sobre el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (PDF), diputados como Diego López Garrido (PSOE) o Irene Lozano Domínguez (UpyD) se referían a esa “persecución” contra miembros de las asociaciones profesionales o representantes de esas asociaciones. Citaron a Jorge Bravo, a Antonio Martínez Cánevas, aJosé Manuel Esnaola y, claro, a Teresa Franco, “arrestados por declaraciones defendiendo los derechos profesionales”, en palabras de López Garrido.

El propio abogado Casado recuerda a este diario que el pasado año, una sentencia del Tribunal Constitucional otorgó amparo al subteniente José Salazar –que era además delegado en la provincia de Murcia de la AsAUME-, sancionado simplemente por defender en público, precisamente, a Teresa Franco en el año 2013, la cual estaba pendiente de su arresto por falta grave por sus declaraciones contra los gastos superfluos.