2017 se cerró con 26 indultos, una cifra muy similar a la de 2016. Después de años a la baja -pasando de más de un indulto y medio al día a un indulto a la semana y, ahora, a uno cada quince días- el número de perdones que el Gobierno concede cada año parece que ha tocado suelo.

Seis de los 26 fueron para funcionarios y un exconcejal del Ayuntamiento de Rota, condenados por prevaricación por el caso horas extra: durante años se pagó a uno de esos trabajadores públicos, en forma de horas extra en su nómina, trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato. Gracias al indulto, pudieron volver a sus puestos como si nada hubiera pasado.

Así, esos seis indultos a condenados por prevaricación -un delito que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera corrupción-, suponen un 23% del total o, lo que es lo mismo, casi uno de cada cuatro indultos concedidos el año pasado. Si el cesto es más pequeño, las manzanas podridas destacan más.

No es la primera vez que un Gobierno indulta a corruptos. Desde 1996, se han concedido 227 perdones a condenados por corrupción. Podemos dar esa cifra gracias a la clasificación creada por el CGPJ el año pasado, que estableció, para sus estadísticas, qué delitos consideraba corrupción. Una clasificación que, por cierto, no incluye la prevaricación judicial. Y que el Gobierno parece no dar por buena.

Para el Gobierno, prevaricación no es corrupción

Así, Rafael Catalá, Ministro de Justicia, ha repetido en varias ocasiones que él no considera que la condena por prevaricación a los seis indultados de Rota sea corrupción, en contra del criterio del CGPJ. El pasado mes de diciembre, volvió a insistir. Lo hizo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, sobre una pregunta de indultos a maltratadores:

“Estamos trabajando en la proposición de ley que presentó el Grupo Ciudadanos y, fíjese, mientras se aprueba, mientras se aplica como norma legal, estamos intentando que eso sea la práctica cotidiana en materia de indultos. Estamos ejerciendo la competencia que tiene el Gobierno de manera que no haya un solo indulto no ya en delitos de corrupción, sino tampoco en materia de violencia de género, de delincuencia fiscal o tributaria, en seguridad vial.”, aseguró. Una vez más, esos seis indultos a prevaricadores no entraban en sus cuentas.

Catalá se refería también, en esa intervención, a la proposición de ley de Ciudadanos que, entre otras medidas, propone una reforma -parcial- de la Ley del Indulto. El Congreso también tiene en el cajón, desde agosto de 2016, otra propuesta para modificar la medida de gracia, en este caso del PSOE. Ambas formaciones proponen vetar los indultos para ciertos delitos y transparentar en parte el proceso, aunque no plantean una reforma a fondo de la figura.

Tanto Catalá como Gallardón han negado haber indultado a corruptos, aunque perdonaron a condenados por prevaricación y malversación.

Catalá no es el primer Ministro de Justicia que niega la evidencia o establece clasificaciones sui generis de qué es corrupción y qué no. En 2014, Alberto Ruiz Gallardón también negó haber indultado a corruptos. Y también mintió, como pudimos demostrar en El Indultómetro.

Los otros indultados de 2017

De los 26 indultos, además de los seis por prevaricación, destacan 12 por delitos contra la salud pública. Este es también el delito más indultado en términos absolutos desde 1996, pero la cosa cambia si tenemos en cuenta el número de condenas. Así, si analizamos el porcentaje de indultos sobre el total de sentencias, los delitos que han sido más perdonados son aquellos cometidos por funcionarios contra la libertad individual (un 5,2% de condenados han sido perdonados), contra el medio ambiente (4,9%), prevaricación (1,6%) y malversación (1,4%).

El resto de los indultos de 2017 han ido a parar a condenados por estafa, lesiones, delitos contra el medio ambiente, robo y hurto. Dos de ellos eran dueños de bares y fueron condenados por el ruido a sus vecinos, en Dos Hermanas, Sevilla y en Deifontes, Granada

En 2018, por el momento, llevamos nueve indultos, cinco de ellos por solicitud de las cofradías de Semana Santa. Habían sido condenados por delitos contra la salud pública (cinco de ellos), tráfico de drogas (dos), robo y falso testimonio.

(Texto republicado de El Indultómetro, un proyecto de Civio)​