El líder del PP, Mariano Rajoy, calla sobre la presencia de imputados por corrupción en las listas de su formación para el País Valencià. Pero no su equipo. Ayer, destacados dirigentes conservadores salieron a defender estas candidaturas. Por ejemplo, su número dos, María Dolores de Cospedal, que aseguró que 'mandar directamente a galeras a las personas por un presunto cohecho impropio es complicado'.

Estas declaraciones, vertidas en Almería, en el marco del foro del Grupo Joly, hacían referencia a Francisco Camps. El presidente de la Generalitat Valenciana está imputado por cohecho en el caso de los trajes.

Además, indicó que los cargos que se imputan a los implicados en el caso Gürtel 'no están sancionados ni siquiera con penas de cárcel, sino con multas'. Obvió la investigación abierta por presunta financiación ilegal del PP valenciano. De asumirla el TSJCV y de demostrarse estos indicios, los investigados podrían enfrentarse a penas de cárcel.

En un sentido similar, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó estas listas en el hecho de que 'la experiencia demuestra que determinadas imputaciones no han quedado absolutamente en nada'. Y el vicesecretario de Política Autonómica del partido, Javier Arenas, abogó por que los partidos acuerden 'si se debe o no respetar la presunción de inocencia' a la hora de incluirlos en candidaturas.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el PP de la capital no incluye a sospechosos de haber utilizado su cargo para enriquecerse. Y rechazó hablar sobre Valencia.