Corrupción Reabren la investigación contra el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, por presunta malversación y coacciones

Un tribunal ha ordenado reabrir una investigación por supuestos delitos de malversación y coacciones contra el alcalde de la localidad alicantina de Calp y presidente de la Diputación de esta provincia, César Sánchez (PP).

El archivo del caso decretado por el Juzgado de Instrucción 2 de Dénia el pasado mes de septiembre fue "prematuro", según considera la Sección Décima de la Audiencia de Alicante en un auto que estima un recurso de apelación de la Fiscalía.

Estas pesquisas derivan de la denuncia de una periodista que fue jefa de prensa del Ayuntamiento de Calp y mantiene que Sánchez la obligó a colaborar en su campaña de 2015 como candidato del PP a la Alcaldía de Calp, cargo que entonces ejercía.

La periodista, que trabajaba como interina en el consistorio, asegura que el alcalde le indicó que tenía que "pensar en su hijo", por lo que acabó accediendo a trabajar con la jefa de campaña del candidato popular.

Así, se reunió con ella en diversas ocasiones "para preparar los discursos del candidato, redactar el programa de la lista, boicot mediático a otros partidos, etc", tal y como recoge literalmente la denuncia que la Fiscalía cursó al juzgado en mayo de 2017.

El ministerio público solicitó entonces que se interrogase a la denunciante como testigo y a Sánchez en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado tras una reforma legal).

Sin embargo, la titular del juzgado archivó las diligencias en septiembre, tras recibir el informe que había pedido a la corporación municipal sobre las funciones encomendadas a la periodista interina.

Reapertura

La Fiscalía recurrió el sobreseimiento ante la Audiencia de Alicante porque entendía que esa resolución de sobreseimiento resultaba precipitada.

La Audiencia de Alicante le ha dado ahora la razón y ha ordenado a la juez reabrir las pesquisas para esclarecer si se dan los indicios delictivos denunciados por la acusación pública.

"En la causa consta que la denunciante se refiere claramente a que fue obligada a prestar una colaboración con la campaña electoral del alcalde en el año 2015, desde su actividad funcionarial como jefa de prensa del Ayuntamiento de Calpe", relata el auto de apelación.

Esa actuación, añaden los magistrados, "se encontraba al margen de la propia para la que prestaba su servicio público" y está acompañada de "unos correos que, a su juicio, ratifican la veracidad de lo que expone".

La instructora de las diligencias los analizó y concluyó que de su contenido no cabía deducir que la periodista tuviera que realizar labores ajenas a las que debía desempeñar como trabajadora pública.

Para la Audiencia de Alicante, si a la juez le parecía "dudosa o insuficiente la justificación documental que la denunciante aporta, bien puede requerir, antes de decretar el archivo, los antecedentes necesarios para despejar las dudas al respecto".

En cualquier caso, "ello no obsta para considerar la posibilidad de que fuera cierto lo denunciado y acreditable mediante otras posibles diligencias, como son las testificales propuestas en la denuncia del Ministerio Público", agrega.

El alcalde de Calp ha expresado en un comunicado de prensa del consistorio su "máximo respeto a la Justicia" y ha reclamado "celeridad" para que el caso "se aclare cuanto antes".

"Confío plenamente en la Justicia y estoy tranquilo. Voy a tener la oportunidad de explicarme y de dar mi versión de los hechos para aclararlos y evitar que quede alguna duda al respecto", ha dicho.