La admisión a trámite la semana pasada de la querella por las escuchas del caso Gürtel presentada por el abogado del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso, significó más que la apertura de un nuevo procedimiento contra el juez Baltasar Garzón. Supuso abrir la puerta a que se produzca una situación, legal pero kafkiana, en la que se va a permitir que imputados a los que el juez envió a prisión puedan ejercer la acusación contra el propio magistrado.

El Tribunal Supremo admitió ayer la personación en la querella del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Este considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía de la intimidad al intervenir las conversaciones que mantuvo con su abogado cuando ya estaba en prisión y el caso aún era competencia de la Audiencia Nacional.

En mediosjurídicos nadie recuerda un caso semejante

En medios jurídicos nadie recuerda un caso semejante, aunque todos coinciden en que es plenamente legal, porque son dos procedimientos: el caso Gürtel, donde Correa está acusado y que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra Garzón por haber ordenado la intervención de las comunicaciones de los imputados de dicho caso que se encuentran en prisión. En este se vuelven las tornas y el imputado acusará al juez que lo envió a prisión como perjudicado por la supuesta intromisión que sufrió en sus derechos a la intimidad y de defensa.

'Es un caso bastante curioso, pero es que este caso es también anómalo', admitieron fuentes próximas a la defensa de Correa. Y no es para menos. Que los tribunales declaren la ilegalidad de las escuchas acordadas por jueces de instrucción es más o menos habitual. Lo que no es normal es que el juez que las autorizó se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.

La vía abiertapor el TS poneen riesgo el futuro del caso Gürtel

Sobre todo cuando las escuchas no sólo no han sido anuladas, sino que fueron mantenidas por otro magistrado, el actual instructor de la Gürtel, Antonio Pedreira, que ha rechazado los recursos contra la medida interpuestos por algunas defensas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJM comenzará a revisar el próximo día 10 los recursos de 23 de los imputados en la causa; entre ellos, el propio Correa. Todos tratan de buscar la nulidad de las actuaciones a partir de la intervención de las conversaciones en prisión.

Una vez admitida la querella del ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado Ignacio Peláez al que se consideró perjudicado por la intervención de la conversación que mantuvo con Correa para preparar la defensa de su cliente José Luis Ulibarri todos los demás escuchados tendrán el mismo derecho. Es decir, el alto tribunal tendrá que admitir su personación, como ayer hizo con Correa. Como él, también pueden solicitarlo su presunto lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez. Y sus abogados, cuya intimidad también podría haber sido vulnerada.

De todas formas es posible que los letrados esperen a ver qué hace el Colegio de Abogados de Madrid, que anunció una querella que no llegó a presentar y que ha solicitado su personación en el TSJM para propugnar la ilegalidad de las escuchas.

El fiscal avala las escuchas y dice que sirvieron para evitar el blanqueo

Este procedimiento, como los otros dos abiertos en el alto tribunal contra Garzón, cuentan con la oposición de la fiscalía. El teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, recurrió en súplica el pasado lunes la admisión a trámite de la querella de las escuchas. En su opinión, si la Sala hubiera conocido los hechos denunciados por Peláez con la causa y no con 'una documentación calculadamente fragmentada', no la habría admitido a trámite.

La fiscalía asegura que las escuchas se ordenaron para investigar el delito de blanqueo que Correa y Crespo seguían cometiendo desde prisión con la presunta ayuda de sus abogados.