'España y Venezuela declaran su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista'. Este punto está incluido en la declaración conjunta firmada el sábado, pero no parece que vaya a servir para resolver el próximo embrollo político-judicial que protagonizarán ambos países. En el auto del juez Velasco 'se acuerda la prisión provisional y búsqueda y captura' de doce personas, incluido Arturo Cubillas. Para el régimen de Chávez, Cubillas es el jefe de seguridad en el Ministerio de Agricultura y Tierras, esposo de una periodista venezolana muy bien situada en la cúpula chavista y nacional de ese país.

Para el Ministerio del Interior, se trata del jefe del colectivo etarra en Venezuela, y para el juez Velasco, un terrorista con tres asesinatos pendientes y máximo facilitador de los encuentros entre ETA y las FARC en plena selva venezolana.

La Justicia del país sudamericano impedirá la extradición de uno de sus nacionales con toda seguridad, según fuentes de la lucha antiterrorista. Y sus servicios de Inteligencia seguirán sin colaborar en la localización y extradición de otros etarras, aunque estos no gocen de la nacionalidad venezolana. A pesar de las buenas palabras del comunicado, los agentes españoles están hartos de recibir largas cada vez que intentan averiguar el paradero de un terrorista dentro de Venezuela o pretenden conocer si ha logrado la nacionalidad de ese país. Al igual que el comunicado, 'todo son buenas palabras', afirman las citadas fuentes.

A diferencia de México y Cuba, donde el dibujo de la colonia de etarras está perfectamente trazado por Interior, en Venezuela ni siquiera se puede calcular el número de miembros de la banda que se refugian en el país, entre 25 y 30. Algunos de ellos se cree que han llegado en los últimos años procedentes del país azteca, al calor del chavismo y lejos de la colaboración prestada por los últimos gobiernos aztecas.