Catalunya es la comunidad con mayor porcentaje de costa urbanizada, con un 26,4%, seguida por la Comunidad Valenciana (23,1%) y Andalucía (15,4%), mientras que en España esta cifra se ha duplicado en las últimas tres décadas, desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, y alcanza un 13,1%.

La principal causa de esta "degradación" es la expansión del cemento, según han explicado este martes representantes de la ONG Greenpeace y del Observatorio de Sostenibilidad, que han presentado el informe A Toda Costa, donde ambas entidades han evaluado por primera vez el estado de las costas españolas teniendo en cuenta los primeros diez kilómetros de la franja litoral del país.

El estudio supera así los 100 metros que la ley considera playa y analiza la pérdida de los servicios y bienes ambientales que proporcionan los ecosistemas de las costas españolas desde 1987 hasta la actualidad.

Del total de diez bienes y servicios ambientales que el estudio analiza, ocho "tienen una evolución negativa", ha explicado la doctora en Ecología y responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España, Paloma Nuche.

Entre estos servicios se encuentran la alimentación, cuya degradación ha sido especialmente acusada en Málaga, que ha perdido un 17,1% de sus tierras de cultivos y pastizales, y los minerales, donde destaca la pérdida de salinas en Andalucía.

Asimismo, la "urbanización masiva" de las playas pone en riesgo la diversidad genética, que aporta "resiliencia frente a cambios ambientales" y será "fuente de medicinas en el futuro", y la conservación de las especies en peligro de extinción, que ven sus hábitats amenazados.

El informe también advierte de que las playas y sus ecosistemas "son la tabla de salvación para adaptarnos al cambio climático", ya que generan lluvias para frenar las sequías y amortiguan las inundaciones y la subida del nivel del agua.

Por otro lado, el biólogo del Observatorio de la Sostenibilidad y experto en evolución de los usos del suelo del litoral español, Raúl Estévez, ha subrayado que las costas solo representan un 8,8% de la superficie total de España pero acogen cerca de la mitad de la población, algo que refuerza aún más la demanda de servicios y bienes en estas zonas. "Tienen un valor importantísimo tanto para las especies amenazadas como para el ocio ciudadano y son un recurso económico de primera importancia para la economía de este país", ha señalado el experto.

La Ley de Costas de 1988

Los activistas reconocen que la Ley de Costas de 1988 "marcó un hito", porque convirtió a España en uno de los primeros países en establecer el acceso público y gratuito a las costas y tuvo "efectos muy positivos para salvaguardar el litoral", pero denuncian que "esta ley no se ha aplicado de forma conveniente en todo el territorio".

En este sentido, reclaman una norma "que tenga en cuenta el cambio climático" y que no se base en criterios topográficos "establecidos en un despacho", como la franja protegida de 100 metros, sino en la realidad de los ecosistemas.

"Junto al ladrillo, han reinado en nuestras costas otros monarcas: el hormigón de los puertos, el regadío intensivo, el mármol de los paseos marítimos o las nueva autovías", ha apuntado la bióloga marina y responsable del Programa de Biodiversidad de Greenpeace España, Pilar Marcos.

Una mala gestión costera

Marcos también ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 asignan solo un 7% del dinero invertido en la costa para la conservación del litoral, mientras un 93% se dedica a la renovación y la construcción de paseos marítimos.

Según la experta, la mala gestión costera ha tenido "costes multimillonarios para los contribuyentes y las arcas del Estado", alcanzando, según los últimos datos de 2012, hasta los 100 millones de euros al año, por ejemplo, para la renovación de las arenas de las playas.

Otra de las conclusiones del estudio es que "los espacios protegidos están muy bien pero solo protegen las zonas con unos valores de excelencia, mientras en el resto de la costa la protección del medio ambiente es insuficiente", ha apuntado Raúl Estévez.

Las únicas zonas que se han mantenido intactas desde 1987 son, de hecho, los espacios con una protección específica, como los parques nacionales.

El informe incluye propuestas de mejora, como aumentar el número de zonas protegidas en el litoral, tanto terrestres como marítimas, o crear infraestructuras que aseguren la depuración de las aguas residuales continentales.