Nadie se atreve a predecir la profundidad de las cloacas de Mercasevilla, cuya mención en la ciudad remite ya más a un escándalo de corrupción que está desangrado al PSOE que a la sociedad mixta que gestiona el gran complejo de distribución agroalimentaria que es sobre el papel.

El listado de cargos socialistas implicados va a más. El PP se frota las manos por dos motivos: por un lado, el escándalo abre fallas en el PSOE precisamente en Sevilla, la mayor ciudad en su poder (aparte de Barcelona, del PSC) y donde los sondeos otorgan al PP opciones de mayoría absoluta; por otro, su estrategia de llevarlo a Madrid compensa el desgaste de sus propios escándalos, con Gürtel a la cabeza. Hoy mismo, el diputado del PP Ricardo Tarno aprovechará la sesión de control para apretar a la ministra de Economía, Elena Salgado, con la coartada de la participación del 48,2% que tiene el Gobierno en Mercasevilla a través de Mercasa.

En el Gobierno andaluz, el discurso es de calma, pero la procesión va por dentro. Un portavoz oficial recalca a Público que 'se ha actuado con celeridad y se ha llevado toda la documentación ante la Justicia'. El que será candidato socialista en Sevilla, Juan Espadas, que nada tiene que ver en el caso pero puede pagar la factura, también prefiere ver la botella medio llena y ha insistido en que ni el ayuntamiento ni la Junta tienen como instituciones nada que temer.

La Junta, es cierto, entregó a la fiscalía las grabaciones en las que se escucha a los dos principales imputados, Fernando Mellet y Daniel Ponce, dirigirse en actitud mafiosa a dos empresarios del grupo La Raza a los que supuestamente habían pedido 450.000 euros a cambio de un trato de favor.

Pero ha llovido mucho desde entonces. El delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (que ya ha dimitido), fue imputado por cohecho. La juez implica además a tres ex cargos del PSOE en Sevilla en la venta 'fraudulenta' de suelo de Mercasevilla. Y se acaba de descubrir que un cargo del PSOE en Baeza está incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajando nunca en la sociedad. La juez ha pedido además al primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), que aclare su papel en la venta de suelo a Sando. Mientras tanto, los principales imputados parecen inclinados a defenderse alegando obediencia a las altas esferas.

La investigación abarca también un delito societario. Hay gastos sin justificar por todas partes. Una auditoría reveló que en 2008, cuando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, la sociedad arrojó pérdidas de 1,5 millones. Hay dinero supuestamente repartido irregularmente en las prejubilaciones y 52 millones bajo sospecha por la venta de suelo por debajo de lo que ofrecía el mejor postor.

En el Gobierno andaluz se esfuerzan por ahuyentar el fantasma de la financiación ilegal, agitado por el PP: 'En principio, lo descartamos', afirman desde el Ejecutivo. Fuentes no oficiales del Gobierno admiten en privado que existe 'preocupación'.

Un veterano dirigente del PSOE de Sevilla también cree que 'no se trata de financiación del partido como tal, sino de gente aprovechada'. ¿Y puede tener coste electoral? 'Son temas que asquean a los ciudadanos y eso es malo para la izquierda', dice.