Francisco Álvarez-Cascos tendrá que explicar ante la Justicia su recuperación de la teoría de la conspiración, esta vez en relación a la trama Gürtel. En lugar de condenar la trama corrupta que salpica a cargos del PP, el entonces militante conservador aseguró que existía 'una camarilla policial' que falsificaba papeles y pruebas del caso Güertel.

Dichas declaraciones no solo fueron reprobadas por la cúpula del Partido Popular, sino que su propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, las apoyó explícitamente. 

Con motivo de esas acusaciones, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de la Fiscalía y la Asociación Preminencia del Derecho y ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que el pasado 6 de julio archivó la causa por entender que las palabras de Álvarez-Cascos en un medio de comunicación fueron 'vagas y ambiguas' y no constituían un delito de calumnias o injurias.

Así pues, la Audiencia ha decidido continuar con la investigación en contra del ahora líder del nuevo partido Foro de Asturias y acuerda llamarle a declarar.

En contra de la opinión del juez instructor Santiago Torres, la Audiencia sostiene que las declaraciones que el exministro de Fomento dirigió a un grupo de policías que estaban llevando a cabo una investigación 'sin duda indiciariamente pudieran ser consideradas como constitutivas injuriosas', tal como acreditaba el Ministerio Fiscal.

Añade además que decir que los policías 'están falsificando papeles', o que 'esa camarilla de la policía judicial instalada en Canillas' está dedicada a intentar preconstituir una prueba falsa, 'afecta al crédito que merecen los agentes a los que se refiere'.

El auto también indica que Álvarez-Cascos podrá explicar ante el tribunal la supuesta vinculación de sus declaraciones con la publicación de algunas informaciones, que señalaron que la Fiscalía estaba investigando si la Agencia Viajes Pasadena del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, pagó al ex dirigente del PP un viaje a Lanzarote.

La Audiencia Provincial señala, en cambio, que precisamente la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía concluyó que no existía tal vinculación entre el viaje de Cascos y la financiación del mismo a través de las empresas de Correa.

Con estos argumentos el tribunal admite los recursos interpuestos por el Ministerio Público y por el abogado José Luis Mazón en nombre de la asociación Preminencia del Derecho, que presentó la querella, y ordena al juez reabrir el caso y citar a declarar a Álvarez Cascos.

Una vez que la Audiencia ha acordado que continúe la investigación, Preminencia del Derecho ha comunicado al juzgado que se aparta de la acusación que ejercía hasta ahora al entender que su seguimiento corresponde a los perjudicados, que son los policías afectados por las presuntas injurias.