Camps deja a los jueces del 'caso Fabra' sin medios

La Generalitat valenciana no dotará a los juzgados de Nules de los funcionarios necesarios para agilizar el llamado caso Fabra hasta el primer semestre del próximo año, según ha comunicado la propia Consellería de Justicia. La instrucción de las causas en las que está implicado el presidente de la Diputación de Castellón se alarga ya cuatro años debido a los sucesivos cambios de jueces y de fiscales que han sufrido los citados juzgados.

Para aliviar el exceso de trabajo en Nules, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pidió en el mes de julio “la creación de dos juzgados bis compuestos cada uno de ellos por un juez, un secretario judicial, un gestor y dos tramitadores”.

El Consejo General del Poder Judicial atendió estos requerimientos y creó dos plazas de juez. El paso siguiente corresponde al Gobierno, que en menos de un mes habrá dado el visto bueno al refuerzo, según fuentes del Ministerio de Justicia.

A partir de ahí, corresponde a la Consellería de Justicia valenciana dotar de medios humanos y materiales suficientes a los juzgados, una actuación imprescindible para que los nuevos jueces comiencen a trabajar y se reactive la investigación sobre el presidente de la Diputación y líder del PP en la provincia de Castellón.

No obstante, esta administración ya ha advertido de que no será hasta 2009 cuando atienda a los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial y envíe los funcionarios necesarios. Desde la consellería, afirman que el reparto de medios para los diferentes juzgados de la comunidad se hace sólo cada seis meses; es por ello que sólo en enero del próximo año escucharán los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia y el CGPJ.

No hay previsto hacer excepción alguna con el caso Fabra. El dirigente conservador está imputado por nueve delitos, entre los que se cuentan el fraude fiscal, la malversación de fondos, el cohecho o el tráfico de influencias.

Según fuentes de la acusación, en el transcurso de la investigación el acusado se ha acogido a su derecho a guardar silencio para evitar explicar la procedencia de miles de euros que llegaron a sus cuentas bancarias a través de cheques al portador o de dinero en efectivo.