La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Madrid y en Huelva en una operación en la que ha desmantelado una red de proxenetas que, además de explotar sexualmente a sus víctimas, las obligaba a avalar con sus bienes la deuda contraída con la organización.

Las mujeres que captaba el grupo provenían de Sudamérica y las obligaba a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne de Huelva, un piso de citas de Madrid y también 'a domicilio', donde las trasladaban para realizar los servicios, que eran anunciados en Internet.

Antes de esto, se les obligaba a firmar un contrato privado mediante el que perderían sus propiedades -generalmente una vivienda en su país- si no hacían frente a los pagos a la organización en un año. En el caso de que las mujeres explotadas no consiguieran devolver la deuda a tiempo la banda se apropiaba de los inmuebles.

Según la Policía, las mujeres recibían constantes amenazas y eran víctimas de lesiones e incluso agresiones sexuales para obligarlas a ejercer la prostitución.

Además, este grupo facilitaba a las chicas una guía con las indicaciones a seguir para cruzar con éxito los puestos fronterizos del espacio Schengen, y responder de forma apropiada a los agentes del aeropuerto de Milán, utilizado normalmente como primer paso para entrar en España.

La Policía ha intervenido los documentos que la organización entregaba a sus víctimas con indicaciones para pasar la frontera, varios cuadernos con anotaciones del control sobre la explotación de las mujeres, 6.370 euros en efectivo, material informático y documentación relacionada con los delitos investigados.

La investigación, según ha informado la Dirección General de la Policía, se inició en Huelva, después de que una de las mujeres explotadas por la organización, de origen sudamericano, denunciara los hechos tras sufrir una agresión sexual por parte de uno de los proxenetas del local donde era obligada a ejercer la prostitución.

La mujer desveló que contactó desde su país de origen con una compatriota suya que ya estaba en España, y que ésta le puso en contacto con uno de los miembros de la red, quien se encargó personalmente de realizar todos los trámites necesarios para que pudiera viajar a territorio español, con lo que la joven contrajo una deuda con el grupo por los gastos de desplazamiento.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central contra las Redes de Inmigración, perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Madrid y Huelva.