Francisco Álvarez-Cascos tendrá que rendir cuentas ante al juez por haber asegurado, en abril de 2010 y en relación con el caso Gürtel, que existía 'una camarilla policial' 'falsificando papeles' y 'preconstituyendo pruebas'. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Madrid estimando el recurso que interpuso tanto la Fiscalía como la Asociación Preeminencia del Derecho en contra de la decisión inicial del juez instructor de archivar la denuncia.

El exministro de Fomento de José María Aznar perteneció al PP hasta que el pasado 1 de enero se dio de baja de la formación después de haber sido rechazado por Mariano Rajoy como cabeza de lista al Principado de Asturias para las autonómicas de mayo. Ahora se presentará con partido propio, Foro Asturias.

La dirección nacional de los conservadores avaló sus palabras

En un auto hecho público ayer, la Audiencia señala que las manifestaciones realizadas por Cascos contra los agentes encargados de la investigación 'sin duda indiciariamente pudieran ser constitutivas injuriosas'.

Además, considera que declaraciones como 'esa camarilla de la policía judicial instalada en Canillas [servicios centrales de la Policía]' están destinadas a 'preconstituir una prueba falsa'. Y por tanto, en principio 'afecta al crédito que merecen los agentes de la Policía a los que se refiere'. Contra el auto no cabe recurso .

Las palabras por las que Cascos tendrá que dar explicaciones fueron realizadas el 9 de abril de 2010 en una entrevista que concedió a Onda Cero. En un momento en el que los rumores sobre su regreso a la política activa eran cada vez más fuertes, el ex ministro de Fomento de los conservadores se metió de lleno en la estrategia del PP, al que a día de hoy ya no pertenece, de reducir el caso Gürtel a una conspiración contra el partido.

La Audiencia cree que sus acusaciones afectan al 'crédito' de los agentes

En los meses previos se habían publicado informaciones que aseguraban que Anticorrupción estaba investigando si él y su mujer, María Porto, habían realizado un viaje a Lanzarote a cuenta de los cabecillas de la trama en diciembre de 2003.

Además de cargar contra la Policía, Cascos aseguró que la instrucción del caso estaba 'viciada' en su origen, al entender que el juez Baltasar Garzón tenía una 'animadversión pública y proclamada' hacia el PP que hacía que fuera imposible confiar en su 'imparcialidad y ecuanimidad'.

Sobre la 'camarilla' policial señaló también que 'algunos se hicieron famosos falsificando los papeles de Laos y que ahora [por entonces] son los mismos que están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas'. Con esta acusación, el exministro hacía una alusión velada al comisario Juan Antonio González, responsable de la investigación policial de este escándalo de corrupción que ha hecho tambalear los cimientos del PP.

El auto de la Audiencia de Madrid cuyo contenido se conoció ayer señala que en su futura comparecencia ante el juez, Cascos podrá explicar la supuesta relación de sus palabras con las informaciones sobre el viaje a Lanzarote. No obstante, recuerda que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía había concluido que no podía establecerse relación alguna entre el traslado a la isla y 'la financiación del mismo por Francisco Correa a través de sus empresas'.

Las declaraciones del exministro no pasaron inadvertidas. El mismo día que las realizó María Teresa Fernández de la Vega, por aquellas fechas vicepresidenta primera del Gobierno, exigió a Cascos que rectificara 'de inmediato' o que acudiera a los tribunales. Por su parte, el PP tardó pocos días en secundar las declaraciones del que fuera su número dos en la etapa de José María Aznar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, respaldaron sus palabras.

Y un mes después, en mayo, la asociación Preeminencia del Derecho, decidió llevar el caso a los tribunales al entender que las declaraciones de Cascos podrían constituir un 'hecho gravísimo que, de no ser cierto y resultar probado, es calumnia'. Es en este momento en el que se inicia el proceso que ayer fue reactivado con el auto emitido por la Audiencia provincial de Madrid al admitir los recursos de la Fiscalía y la citada asociación contra el archivo de la causa.

En 6 de julio de 2010, el juez Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, decidió archivar la querella de Preeminencia del Derecho al entender que las palabras de Cascos fueron 'vagas y ambiguas'. Decisión que fue recurrida por la citada asociación, presidida por el abogado murciano José LuisMazón y por la Fiscalía.

En su escrito, el fiscal sostenía que las palabras del exministro de Fomento podrían constituir un delito de injurias y calumnias puesto que 'lesionan la dignidad de otra persona', informa Efe.

Además, explicaba que la Fiscalía de Madrid había realizado una investigación en la que había concluido que las expresiones denunciadas 'se concretan en imputar a una camarilla de policía judicial, no sólo la constitución de pruebas en modo genérico, sino la preconstitución de pruebas falsas en perjuicio del denunciado'.

Por su parte, Preeminencia del Derecho anunció ayer su retirada del caso. La Asociación de Mazón solicitó ayer al juzgado de instrucción 32 de Madrid que sea apartada 'de la acusación ejercitada' al entender 'que su seguimiento debe de corresponder a los policías afectados por las presuntas injurias, los perjudicados'.

En este sentido, el escrito de Preeminencia del Derecho sostiene que 'el papel de la asociación en la apertura del camino ya se hacumplido'.