Anticorrupción acusa a Camps de un delito de cohecho continuado

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano recibieron entre 2005 y 2008 regalos "para su uso personal" de los responsables de la trama Gürtel. Y, por eso, cada uno de ellos debe ser castigado con una multa de 41.250 euros, salvo José Víctor Campos, vicepresidente y secretario del Consell, para el que la sanción que se solicita se limita a 35.000 euros, al ser inferior la cuantía de los cohechos que recibió.

El escrito de acusación fiscal considera a Francisco Camps, José Víctor Campos, el ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa y el exjefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo Rafael Betoret autores de un delito de cohecho continuado, porque durante tres años recibieron regalos del presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, del considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, y del hombre del entramado en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

Los regalos que hicieron llegar a los cuatro dirigentes del PP valenciano "de forma continuada y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos" consistieron en trajes, americanas, zapatos y corbatas. Y, como nada se da gratis, el objetivo de la trama era "ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de algunos funcionarios y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos" del País Valencià.

El fiscal insiste en que debería juzgarse a Camps junto a Correa

La Fiscalía considera que los cuatro acusados "aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados" porque desde el cargo que ejercían "podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias con las cuales Correa, Crespo" y el Bigotes "mantenían importantes intereses económicos".

La ropa se adquiría en Milano Difusión y Forever Young, cuyos empleados contactaban con los acusados y les realizaban las mediciones necesarias para calcular sus tallas.

Hasta aquí, lo normal a la hora de adquirir prendas de vestir. El problema surge porque los trajes comprados se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, Diseño Asimétrico, Good & Better, Servimadrid Integral y Orange Market, todas ellas vinculadas a Correa y gestionadas por Crespo.

Estas entidades pagaban las facturas en efectivo, mediante transferencia o con cheques, y las prendas se entregaban a sus destinatarios en sus propios domicilios o en la sede de la filial valenciana del grupo, Orange Market.

Los cabecillas de la trama corrupta declararán como testigos en el juicio

Pese a la falta de pruebas esgrimida por la defensa, especialmente de Camps, y por el PP en general, Anticorrupción tiene previsto presentar en el juicio hasta 75 documentos mercantiles, bancarios, tributarios y judiciales que a su juicio acreditan cómo y quién se encargó de los pagos.

Y había bastante que pagar. Los regalos recibidos por el president de la Generalitat ascienden, según el cómputo de la Fiscalía, a 14.021,5 euros. Es el precio de los 12 trajes, cuatro americanas, otras tantas corbatas e idéntica cantidad de pares de zapatos que recibió entre finales de 2005 y el 8 de octubre de 2008.

Los cohechos recibidos por Camps son los más altos, seguidos por los que, según Anticorrupción, se entregaron a Rafael Betoret -el valor de las prendas de ropa que recibió asciende a 123.499 euros-. Los cuatro trajes y seis pantalones adquiridos por Ricardo Costa costaron 7.325, mientras que los dos trajes, los dos pantalones, una americana y un chaqué que recibió José Víctor Campos supusieron un desembolso de 5.529 euros.

Además de los 75 documentos que las fiscales adscritas al caso, Myriam Segura y Concha Sabadell, aportarán en el juicio contra Camps también se escucharán durante el mismo grabaciones de conversaciones que mantuvieron los imputados y el testimonio de 22 testigos. Entre ellos, y aunque sea paradójico, estarán los que también habrían cometido cohecho al entregar los regalos.

La acusación reúne 75 documentos que acreditan el cohecho continuado

Es decir, Correa, Crespo y el Bigotes están imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por, entre otros delitos, cohecho, al entregar dádivas a funcionarios y autoridades para que beneficiaran sus intereses, pero ante el jurado que juzgará a Camps declararán como testigos.

La situación supone un problema jurídico, porque como testigos están obligados a decir la verdad y como imputados tienen derecho a no declararse culpables, a contestar lo que consideren oportuno y hasta a mentir.

Por eso, la Fiscalía insiste ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en su petición de que los dirigentes del PP sean juzgados junto a los que están acusados de pagarles los trajes. "El cohecho es un delito de doble sentido, por el que deben responder tanto los que dan como los que reciben", señalan fuentes fiscales, que ven ilógico que Correa, Crespo y el Bigotes sean juzgados en Madrid por los regalos que hicieron en Valencia.

Para dar tiempo al tribunal presidido por Pilar de la Oliva a pronunciarse sobre la inhibición de las actuaciones que afectaban a aforados valencianos y apuntaban a la financiación irregular del PP de esa comunidad que hizo el instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, las fiscales pedirán la suspensión del procedimiento en la audiencia preliminar que antecede a los juicios con jurado.