La culpa es de los funcionarios. Si los dependientes madrileños tienen que esperar meses para beneficiarse de las ayudas de la Ley de Dependencia es porque en la Comunidad de Madrid no hay suficientes trabajadores públicos para tramitar sus expedientes. Al menos así justificó ayer la presidenta de la región, Esperanza Aguirre, el 'probable' retraso en la implantación de la norma en su territorio.

La presidenta fue más allá y no titubeó al apuntar que los retrasos se solucionarían si la evaluación del grado de dependencia de quienes solicitan las ayudas pudieran hacerla 'las personas que están en compañías de seguros y agencias especializadas en esto'.

Aguirre cuestionó así uno de los puntos básicos de la norma, que establece que todas las tareas del trámite 'se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas'.

Los sindicatos tacharon de 'intolerables' las palabras de Aguirre, que atribuyeron a su 'afán privatizador'. La responsable de CCOO de política social en Madrid, Ana González, recordó que otras dos autonomías gobernadas por el PP la Comunidad Valenciana y Murcia han desafiado la norma, externalizando la gestión de los expedientes.

Tras las críticas, el Gobierno valenciano reconvirtió en pública la sociedad anónima (Avapsa) que creó en 2007 para gestionar los expedientes. En Murcia, el trámite de evaluación de los dependientes continúa en manos del Colegio de Fisioterapeutas.

Por otra parte, la responsable de política social de UGT en Madrid, Ana Sánchez, afirmó ayer que Aguirre ha encontrado un filón para su 'talante privatizador' en la Ley de Dependencia. 'La mayoría de nuevas plazas en residencias y centros de día son privadas', denunció.

En Madrid, Murcia y Valencia, junto a Canarias, es donde peor se aplica esta ley, según el último dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 'Los datos, bochornosos, justificarían la dimisión de cualquier cargo', critica el presidente del colectivo, José Manuel Ramírez.

Según los últimos datos de implantación de la norma, con fecha 1 de enero, un 46% de los dependientes madrileños a quienes se ha reconocido el derecho a recibir una ayuda aún esperan la subvención. La lista es aún mayor en Balears y Canarias.

Ramírez también denunció que, en diciembre, Madrid incorporó casi 14.000 nuevos dependientes al sistema, una cuarta parte del total cuantificado desde que entró en vigor la ley. Todos estos expedientes constan en el fichero central del Imserso como tramitados, con su correspondiente dictamen.

Para Ramírez esto prueba que Madrid sólo informa del número de solicitudes que ya ha tramitado y demuestra que maquilla así su gestión. En la Consejería de Asuntos Sociales defienden que estos datos demuestran la agilidad del Gobierno de Madrid al agilizar los trámites.