Hasta ayer, Mariano Rajoy tenía claro que la guerra desatada en sus filas por la batalla del agua enfrentaba a dos bloques: los conservadores castellanomanchegos, liderados por su número dos, María Dolores de Cospedal, frente a los murcianos y valencianos. Ayer, la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, se incorporó a este último bloque defendiendo que 'nadie puede apropiarse del agua que es patrimonio de todos los españoles', tal y como figura 'en algunos estatutos de autonomía'.

Con estas declaraciones, la presidenta madrileña se sumaba a las tesis de sus compañeros en Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Ambos presionan para que el Estatuto de Castilla-La Mancha, que tiene que llegar al Congreso de los Diputados, no incluya ninguna alusión ni a la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida inicialmente para 2015, ni a la posibilidad de que el texto incluya una reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos para los castellanomanchegos. Esta última es la opción que están barajando socialistas y conservadores de Castilla-La Mancha para desbloquear la reforma del Estatuto autonómico en el Congreso.

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En la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de Madrid, Aguirre hizo un llamamiento a que en el tema del agua 'todas las decisiones se tomen por principios'. ¿Cuáles son, a su juicio, estos principios? 'La legislación vigente'. A saber: 'Nadie puede apropiarse del agua que es patrimonio de todos los españoles. Ni un territorio, ni una comunidad autónoma, ni un municipio'.

Aguirre fue más allá cuando sostuvo que 'se han aprobado apropiaciones de agua en estatutos de autonomía', algo que, a su entender, se ha hecho 'equivocadamente'. 'Como siempre que se actúa contra los principios, lo lamentaremos', vaticinó.

Pese a que se cuidó mucho de referirse a alguna comunidad en concreto, sus palabras fueron interpretadas como un dardo contra la secretaria general de su partido, que trabajó como consejera de Transportes en su etapa en la Comunidad. La presidenta rechazó precisar a qué estatutos se refería en concreto cuando realizó estas acusaciones. Pero sobraban las referencias.

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Reivindicando los derechos de los madrileños, dijo que su Comunidad está enormemente afectada por esta cuestión: 'Madrid está en la cuenca del Tajo. Castilla-La Mancha tiene dos millones y pico de habitantes y Madrid, 6.400.000 en la misma cuenca hidrográfica. No puede haber apropiaciones', volvió a insistir.

Balones fuera

Mientras, la estrategia del PP nacional está siendo la de echar balones fuera. Sin querer ahondar en las divisiones internas del partido prefieren culpar al presidente del Gobierno de los problemas derivados de este trasvase. La propia De Cospedal aseguró ayer que el problema se resolvería 'si tuviéramos una planificación hidrológica nacional'.

Además, avanzó que 'en los próximos días' celebrarán una reunión los grupos parlamentarios socialista y popular en el Congreso para intentar desbloquear el Estatuto.

También desde Murcia y Valencia, pese a que no han modificado su postura en contra del fin del trasvase, prefirieron ayer cargar contra el Gobierno. Todo, dos días después de manifestar, conjuntamente, que defenderán el trasvase de modo 'inquebrantable'. En el PP mantienen que el presidente murciano está dispuesto a llegar hasta el final en su defensa del Tajo-Segura .

Al respecto, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, dijo que Camps y Valcárcel 'están sobrepasando la raya de lo políticamente correcto'.