BARCELONA.- Ciutat Morta ha pasado de ser un documental de una incidencia limitada, básicamente conocido en círculos activistas y cinematográficos —fue premiado en el Festival de Málaga— a provocar una auténtica sacudida ciudadana, política y mediática en Catalunya. El trabajo relata el caso 4-F, los hechos que se produjeron en Barcelona el 4 de febrero de 2006, cuando un agente de la Guardia Urbana quedó gravemente herido al recibir un impacto en la cabeza. Varias personas fueron detenidas y cuatro fueron condenadas a prisión, a pesar de que permanentemente proclamaron su inocencia. Una de ellas, Patricia Heras, que ni tan siquiera estaba en el lugar de los hechos según defendió siempre, se suicidó el 26 de abril de 2011, durante un permiso penitenciario.

El documental fue emitido el pasado sábado 17 por el Canal 33 y fue visto por 569.000 personas, un auténtico récord de audiencia para el segundo canal de TVC. Las resistencias previas de la televisión pública a emitir Ciutat Morta y el intento de censura ordenado por un juez —se pasó una versión recortada en varios minutos a petición de un alto cargo de la Guardia Urbana durante los hechos— espolearon la expectativa ante un documental que muestra con crudeza un caso de abusos policiales, políticos y judiciales.

La tormenta generada tras la emisión ha provocado que el Ayuntamiento de Barcelona decidiera enviar un escrito a la Fiscalía incluyendo el documental para que lo revise y reabra el caso si ve en él nuevas pruebas. Además, el Parlamento catalán aprobó el jueves por unanimidad una declaración institucional instando también a la Fiscalía a reabrir el caso. El Síndic de Greuges —el equivalente catalán al Defensor del Pueblo— ha abierto una actuación de oficio para conseguir todos los informes de las administraciones implicadas en el caso del 4-F. Con todo, la Fiscalía ha dejado claro que no tiene intención de reabrir la investigación.

El documental fue visto por 569.000 personas, un auténtico récord de audiencia para el segundo canal de TVC

Más allá de las trágicas consecuencias de los hechos —el suicidio de Patricia Heras y la lesión del agente de la Guardia Urbana, postrado en un silla de ruedas de por vida—, los abusos y torturas relatadas en Ciutat Morta han abierto también el foco del debate alrededor de la actuación de los cuerpos policiales en Catalunya, la credibilidad de las versiones policiales y el papel de los medios. Y es que no es ni mucho menos la primera vez en los últimos años que una determinada actuación policial con consecuencias trágicas se pone en entredicho —o queda desmontada, directamente— con la aparición de nuevas pruebas.

El caso Esther Quintana, que perdió un ojo a raíz del impacto de una bala de goma disparada por un agente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, y el caso Juan Andrés Benítez, que murió el 5 de octubre de 2013 después de ser reducido por ocho agentes de la policía autonómica, son ejemplos claros de desmontaje —en base a pruebas y testimonios— de la versión oficial. Los Mossos, en su corta historia, ya acumulan distintos escándalos, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo de Europa han denunciado abusos cometidos por la policía autonómica.

Hechos no aislados
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A pesar de pedir la reapertura del caso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha querido separar los hechos del 4-F, y los posibles abusos policiales, de la actuación de la Guardia Urbana en su conjunto. Tanto el alcalde, Xavier Trias, como el primer teniente de alcalde y responsable del área de seguridad, Joaquim Forn, han elogiado al cuerpo policial, hasta el punto de que Trias se declaró el lunes “fan incondicional” de la Guardia Urbana.

El gerente del cuerpo, Joan Delort, como el intendente mayor, Evelio Vázquez, han ido más lejos y mantienen la versión policial —que la lesión del agente fue provocada por una piedra y no por una maceta lanzada desde lo alto del edificio—. Vázquez, además, ha negado las torturas denunciadas por los detenidos. En las últimas actuaciones polémicas de los Mossos d'Esquadra, el gobierno catalán actuó de manera similar, con un apoyo total a la policía autonómica por parte tanto de los dos últimos consellers de Interior, Felip Puig y Ramon Espadaler —el actual responsable—, como de Manel Prat, hasta mayo director del cuerpo.

"No puede ser que la mayoría de la ciudadanía vea a los Mossos como un ente básicamente represor”, advierte David Companyon, diputado de ICV-EUiA

Con todo, parece evidente que las actuaciones violentas y las denuncias por supuestos abusos y torturas han lastrado la imagen de la policía en Catalunya. Y no se trata de un fenómeno aislado, según las fuentes entrevistadas por Publico. David Companyon, diputado de ICV-EUiA y miembro de la Comisión de Interior del Parlament de Catalunya, lo sintetiza así: “No puede ser que la mayoría de la ciudadanía vea a los Mossos como un ente básicamente represor”. El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona (UB), Iñaki Rivera, sentencia que “se debe decir sin miedo que a la privación de libertad y detención policial les acompaña, en muchos casos, un maltrato de la persona”.

El abogado Andrés García Berrio, miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), opina que en Catalunya “tenemos un problema grave con los casos de maltrato y tortura” y expone que “la mayoría de denúncias de estos hechos no se investigan adecuadamente”.

Jesús Rodríguez, periodista de la Directa y protagonista involuntario de la tormenta desatada por Ciutat Morta a raíz de la demanda de Víctor Gibanel —jefe de información de la Guardia Urbana de Barcelona el 4 de febrero de 2006 y solicitante de la emisión de la versión censurada del documental—, que le pide una indemnización de 45.000 euros por una supuesta violación de su derecho al honor, considera que se trata de un “problema estructural”.

Rodríguez, especializado en destapar escándalos policiales, asegura que la Guardia Urbana cuenta “con unidades específicas que tienen una verdadera guerra contra las personas que ellos estigmatizan”, como “migrantes, trabajadores sexuales o persones de estética alternativa”. El “problema son todos los 4-F que no se han podido investigar”, añade el periodista.

El testimonio de un exsargento de la Guardia Urbana
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No sólo organizaciones de derechos humanos y periodistas denuncian abusos policiales. Después de la emisión de Ciutat Morta ha aparecido el testimonio de José Martínez, sargento jubilado de la Guardia Urbana de Barcelona. En dos vídeos relata el maltrato sufrido por tres jóvenes del barrio de Gràcia detenidos en 2005 por agentes de la UNOC, la unidad antidisturbios de la policía municipal de la capital catalana, y las torturas a los detenidos el 4 de febrero de 2006. Martínez menciona a los agentes de la UNOC [Víctor] Bayona y Bakari [Samyang] como protagonistas de las supuestas torturas.

“Hay cuerpos policiales tanto en la Guardia Urbana como en los Mossos que están especializados en la utilización expresa y contundente en interrogatorios", dice Iñaki Rivera, director del OSPDH

El testimonio de estos dos agentes fue clave para sentenciar a prisión a los jóvenes inculpados por el 4-F. Actualmente, ambos están entre rejas después de ser condenados por un caso de torturas probadas. El intendente de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, ha anunciado que se actuará contra el exsargento por “injurias y calumnias”.

Iñaki Rivera afirma que “hay cuerpos policiales tanto en la Guardia Urbana de Barcelona como en los Mossos que están absolutamente especializados en la utilización expresa y contundente de interrogatorios en profundidad. Son casos de violencia institucional extrema”. El director del OSPDH añade que “no podemos decir que se haga siempre y de manera sistemática, pero sí que podemos afirmar que no son casos aislados”.

En este sentido, la CPDT ha recogido más de 2.700 casos de tortura o malos tratos en el Estado español desde el 2004, que afectan a más de 6.600 personas. Sólo en 2013, se denunciaron más 252 casos, 45 en Catalunya, que afectaron a 527 personas, 83 en Catalunya. Pero, según Rivera, esto sólo “es la punta del iceberg, porque hay muchos casos en la sombra, que no salen a la luz” ni llegan a la CPDT.

Causas profundas y alternativas posibles

¿Pero cuáles son las causas que explican la continuada denuncia de torturas sin que se pueda hablar de casos aislados? Para el abogado Andrés García Berrio, ha habido una “relajación por parte de los responsables del control de las actuaciones policiales, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo”. El letrado también añade el “fuerte corporativismo de los cuerpos policiales, con sindicatos que defienden a ultranza a los agentes en casos en que hay pruebas claras contra ellos”, y la “política del Estado de dar indultos a agentes policiales condenados”. Todo ello ha generado “un manto de impunidad”. El periodista Jesús Rodríguez subraya que en las policías “hay unas dinámicas de funcionamiento absolutamente fuera de control y supervisión política”.

Un abogado denuncia “relajación por parte de los responsables del control de las actuaciones policiales, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo”

Por su parte, el diputado autonómico David Companyon pone el acento en que “desde la dirección de los Mossos en los últimos años [en referencia al gobierno de CiU] ha habido la voluntad de tratar el conflicto social con mano dura, no desde la mediación y en la inexistencia de una “auténtica cultura democrática” en parte de los cuerpos policiales. Andrés García concluye que tampoco ha existido una voluntad política de establecer una “tolerancia cero contra los abusos del poder, los maltratos y las torturas”.

¿Cómo erradicar esta lacra? Iñaki Rivera defiende la creación de un banco de datos oficial sobre la tortura, una recomendación de varios organismos internacionales que existe en algunos países latinoamericanos pero no en el Estado español. “Como no hay un banco oficial, esto comporta la negación institucional de la tortura”, opina. Andrés García Berrio, miembro de la CPDT, apuesta por la prevención, con medidas como la derogación de la “detención incomunicada”, la “identificación correcta de los agentes” y también por la creación de una unidad “independiente de los cuerpos policiales que se encargue de investigar los abusos y maltratos”, lo que sería un “mecanismo de control que reduciría la impunidad”.

David Companyon, por su parte, quiere separar la “inmensa mayoría del cuerpo de los Mossos d’Esquadra de las unidades antidisturbios” y defiende, precisamente, “disolver las actuales unidades de BRIMO y ARRO [los antidisturbios de la policía catalana]”.

El diputado aboga por unos cuerpos “verdaderamente democráticos, transparentes y cercanos a la ciudadanía”. Casualmente, el exsargento de la Guardia Urbana José Martínez también recomienda la disolución de la unidad antidisturbios, en este caso las UPAS de Barcelona. Medidas que van mucho más lejos de las que, de momento, se han tomado con el estallido de indignación ciudadana, política y mediática generada por la emisión de Ciutat Morta.