Absueltos los cinco sindicalistas de La Rioja para los que la Fiscalía pedía prisión por coacciones

El juzgado de lo penal número 2 de Logroño ha declarado la libre absolución de los delitos de daños y coacciones y la extinción de la responsabilidad penal para Juan José (Koldo) Sánchez - secretario general de CCOO de La Rioja-, Ana María Romero, Sebastián Sánchez, Luis María González y Juan Carlos Bermúdez; los cinco sindicalistas de CCOO para los que la Fiscalía solicitaba penas de prisión por los incidentes ocurridos en una fábrica riojana durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

El juez deja patente la "inexistencia de prueba alguna incriminatoria" que sirviese de base a la Fiscalía, ni documental ni testifical. El proceso comenzó cuando la empresa Talleres Lispar, donde se produjeron los hechos, interpuso una denuncia en la que acusaba a un piquete informativo de coaccionar a los trabajadores y de actos violentos en el interior de las instalaciones durante la noche de la huelga general. La Fiscalía solicitó diez años de cárcel (dos para cada acusado), si bien, rebajó la solicitud a la mitad durante la vista oral y ofreció un acuerdo a los sindicalistas para que aceptaran la pena.

Éstos, que negaban las acusaciones desde el primer momento, rechazaron el acuerdo, convencidos de que el juez fallaría a su favor ante las "contradicciones" en las versiones de los testigos, explicó en su momento a este diario Koldo Sánchez, quien aseguró desde el principio que no se trataba de una acusación arbitraria, sino que había "órdenes de instancias superiores para criminalizar el sindicalismo y el derecho de huelga" y deslegitimar la protesta de los trabajadores.

La sentencia deja claro que "la mera presencia en un piquete informativo no constituye delito de coacción", reconociéndose la "actividad protegida del derecho a la huelga" y la "publicidad de sus motivos", estando los piquetes plenamente legitimados para intentar convencer en los centros de trabajo a los trabajadores para que la secunden.

El sindicato ha expresado en nota de prensa su conformidad con la sentencia, que decreta de oficio las costas procesales, pero recuerda que aún existen más de 50 causas penales abiertas, en las que hay implicados más de 200 trabajadores y trabajadoras, para quienes la Fiscalía pide penas de prisión y varias de ellas con sentencias firmes. CCOO critica una "persecución judicial que no tiene precedentes en la Democracia española" por la que decenas de "personas inocentes" pueden ir a la cárcel, y una "campaña intimidatoria para devaluar y criminalizar el ejercicio del derecho de huelga".