María del Mar Moreno, consejera andaluza de Presidencia, anunció ayer que los funcionarios de Empleo, tras rastrear 30 expedientes de regulación financiados por la Junta, han encontrado falsos prejubilados en doce de ellos, el 40%. Existen otros quince expedientes bajo sospecha, en total 45, que aún tienen que pasar el filtro de la comisión interna que puso en marcha el consejero Manuel Recio, después de que la investigación del caso Mercasevilla de corrupción destapase la inclusión en sus ERE de personas que jamás habían trabajado allí. Hasta ahora, según Moreno, son 39 los “hombres de paja”, como los llama la Policía, incluidos de manera irregular en los expedientes investigados. La consejera garantizó que toda la documentación se remitiría a la Cámara de Cuentas y a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, que había ordenado el rastreo de todos los expedientes desde 2001.

La investigación policial reveló la semana pasada la existencia de una presunta trama de colocación de falsos prejubilados en ERE pagados por Empleo. Los agentes apuntaron al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, que declaró en un interrogatorio que disponía de un “fondo de reptiles” para empresas en crisis, y al ex delegado en Sevilla, Antonio Rivas, como “actores” principales del entramado. Moreno aseguró ayer desconocer la cantidad de dinero que ha podido ir a parar a las cuentas de los 39 falsos prejubilados. Empleo ha dispuesto de 641 millones desde 2001 para ERE y ayudas a empresas en crisis, según los presupuestos de la Junta. “[Los falsos prejubilados] aparecen en una póliza y no aparecen en el ERE –dijo la consejera–, igual ni siquiera se ha materializado el pago. Eso corresponde a la justicia”. Por el momento, en sólo dos casos, la Policía ya tiene comprobado el desvío de cientos de miles de euros. En Andalucía, cobran prejubilaciones avaladas por esos 45 ERE ahora investigados 6.096 personas. Desde 2005 se ha invertido en ellos 132 millones.

Tres miembros del PSOE

Entre los hombres de paja están, hasta ahora, tres miembros del PSOE. Antonio Garrido Santoyo, del PSOE de Baeza (Jaén), Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso, municipio sevillano del que también fue regidor Javier Guerrero entre 1995 y 1999, justo antes de acceder a la dirección general de Trabajo, cargo que abandonó en 2008, y Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla. El PSOE anunció ayer que expulsará a todos los implicados. Moreno no quiso aportar el nombre de todos los presuntos falsos prejubilados para darles el derecho a defenderse.

Además del presunto desvío de fondos a hombres de paja, la Policía cuestiona también el sistema de reparto de subvenciones, creado en 2001, con Guerrero en Trabajo. Lo considera “flagrantemente” ilegal al incumplir dos artículos de la ley de Hacienda Pública. Ayer, Moreno defendió que el sistema era discutible jurídicamente, pero no ilegal y reveló que Hacienda lo cuestionó en varias ocasiones desde 2005. Incluso, se ordenó una auditoría específica sobre 20 ERE escogidos aleatoriamente, que “no despertó alertas sobre la gestión de los recursos”, según Moreno. Aún así, Hacienda insistió en que se mejorase el modelo de distribución de las subvenciones.

¿Quién en Empleo hizo entonces caso omiso a las recomendaciones, el ex consejero Antonio Fernández o el ex director general Guerrero? Moreno señaló a este último. “La decisión tuvo un carácter técnico-político, que son las que toman las direcciones generales”.