Los más entusiastas con el Movimiento 15-M están seguros de que se ha activado un resorte capaz de cambiar el curso de la historia, pase lo que pase en la Puerta del Sol. O al menos de condicionarla.

Los más escépticos creen en cambio que el 15-M ya está languideciendo ante la falta de resultados concretos y que entramos en una nueva fase: la de las peleas internas que tan bien conoce la izquierda.

Pero lleven las gafas que lleven, entusiastas y escépticos acaban viendo necesariamente lo mismo: a miles de jóvenes y a gente de todas las edades participando en asambleas en plazas abarrotadas haciendo trizas los clichés de borregos o de ni-nis. Y con un hambre voraz de nuevas propuestas para mejorar la democracia y de participar.

Muchas de estas propuestas o esbozos de ellas en realidad ya existen. Público ha hablado con una docena de politólogos, sociólogos y expertos, ha buceado por centros de investigación y ha seleccionado 21 propuestas concretas que entroncan con las líneas prioritarias de Democracia Real Ya (DRY) y de las asambleas.

'No existen fórmulas milagro o recetas llave en mano', advierte Joan Subirats, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pero sí hay ya intuiciones y realidades. Lo que sigue es un catálogo que no pretende ser exhaustivo ni 'milagroso', sino recoger ideas que ya se aplican en otros lugares o que ya están muy maduras tras años debatiéndose en la universidad o incluso en el Congreso. Son sólo ideas. Y llevarlas a la práctica sale casi gratis.

Propuesta: sistema más proporcional que no anule la voz de los territorios.

Dificultad: exige la reforma de una ley orgánica y de la Constitución de 1978.

De las propuestas de DRY y de Sol sobresale una exigencia: reformar la Ley Electoral para que sea más proporcional y dé más oportunidades a los partidos pequeños.

Los expertos coinciden en que esta reforma por sí sola no arregla los problemas de la democracia, pero desde hace años manejan modelos alternativos que supondrían una mejora en el sistema actual, que sobrerrepresenta el voto rural y a las fuerzas mayoritarias: en 2008, IU necesitó casi 485.000 para conseguir escaño, cuando al PP y al PSOE le costaron 66.000. En total, dos millones de ciudadanos votaron listas que no obtuvieron representación (ver gráfico en la página 4).

Pese a que la responsabilidad suele atribuirse a la ley D'Hondt el sistema empleado para el reparto de escaños el culpable es en realidad el tamaño de una treintena de circunscripciones, que según la Constitución debe ser la provincia y que son demasiado pequeñas para que el reparto llegue a los minoritarios.

Muchas de las fórmulas alternativas se inspiran en el modelo alemán, que combina la proporcionalidad y el voto territorial: se vota una lista de partido con circunscripción única y también a un diputado territorial. Para entrar en el reparto nacional se necesita superar el 5%, pero nada impediría bajar el umbral.

Propuesta: permitir que el elector pueda elegir a quién vota de una lista.

Dificultad: exige la reforma de una ley orgánica, que requiere mayoría absoluta.

Con independencia de cómo se asigna el número de escaños, otro debate es el margen que se da al elector para elegir o vetar a los diputados que integran una lista. España tiene la opción más restrictiva: lista cerrada y bloqueada. La elabora el partido y el elector la tiene que aceptar entera.

Ello implica, por ejemplo, que un ciudadano de Valencia que deseara apoyar al PP en las últimas autonómicas tenía que votar también a todos los imputados de la papeleta. Si las lista se desbloqueara, tendría la opción de votar al PP y tachar a los imputados.

Las fórmulas son variadas y se aplican en muchísimos países. Dan Kselman, del Instituto Juan March, ha demostrado que la corrupción es más fácil donde las listas son cerradas y bloqueadas.

FOTO: DANI POZO

Propuesta: elegir a los candidatos mediante primarias abiertas a toda la sociedad.

Dificultad: debe ser asumido por los aparatos que controlan los partidos.

Los partidos eligen a sus líderes y candidatos como quieren: sólo están obligados a respetar una apariencia democrática. Pero según los expertos, ello explica en parte el bajo nivel de afiliación en España y sus problemas para conectar con la sociedad.

Expertos como Braulio Gómez, de la Universidad de Edimburgo, subrayan que incluso las primarias que el PSOE tiene en sus estatutos se han quedado cortas y el CIS le da la razón: la mayoría cree que toda la sociedad debería poder participar en la elección de candidatos (ver gráfico en la página 4).

Ello ya es posible en países como EEUU, donde cualquiera puede registrarse para participar en las primarias de los partidos. En España lo intentó Pasqual Maragall en 1999.

Propuesta: dar a los electores la posibilidad de destituir a un cargo electo.

Dificultad: exige la reforma de la Constitución y tiene mejor encaje en un régimen presidencialista.

En algunos países, los cargos electos se arriesgan a tener que pasar una reválida a mitad del mandato. Y si suspenden, pierden el puesto.

Así llegó al Gobierno de California Arnold Schwarzenegger, en 2003: los ciudadanos críticos con el entonces gobernador, Gray Davis, lograron juntar las firmas necesarias para convocar un referéndum de destitución pese a que Davis había sido reelegido en 2002 y lo ganaron.

Esta posibilidad (recall, en inglés) está prevista en 18 estados de EEUU y en países como Venezuela y Bolivia. Y puede aplicarse también contra diputados.

En California, para forzar un referéndum revocatorio se necesita reunir firmas equivalentes al 12% de los votantes que participaron en las anteriores elecciones. En España, además de las reticencias que provoca en muchos expertos, que temen que los lobbies lo utilicen en beneficio propio, resulta más difícil de aplicar al tratarse de un régimen parlamentario. Además, los diputos tienen garantizado el escaño durante cuatro años en la Constitución.

Propuesta: disminuir las restricciones para que los ciudadanos puedan promover referendos vinculantes o iniciativas legislativas.

Dificultad: exige la reforma de la Constitución.

Sobre el papel, los ciudadanos pueden participar en la construcción de la agenda política a través de los referendos y de la iniciativa legislativa popular (ILP), que permite llevar propuestas a las cámaras.

Pero en la práctica, las limitaciones son muy superiores a las que existen en otros países: la iniciativa para convocar referendos corresponde al Gobierno y no son vinculantes. Y las ILP exigen muchas firmas (500.000) y también tienen vetados muchos temas, como todos aquellos regulados por ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía...). El objetivo de DRY de forzar la reforma de la Ley Electoral mediante una ILP es imposible precisamente porque afecta a una ley orgánica.

En países como EEUU o Suiza, entre otros, la iniciativa de referendos no está en manos de las autoridades, sino de los ciudadanos. Y continuamente hay consultas vinculantes. Sin embargo, algunos expertos advierten de que este modelo tiene también inconvenientes porque, en la práctica, la gente con más dinero suele tener también más capacidad de recoger firmas y de financiar campañas.

Propuesta: facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones entre elección y elección.

Dificultad: algunos de los proyectos más avanzados en España han quedado en suspenso tras el 22-M.

Frente a la opción de ir a votar cada cuatro años y nada más, los presupuestos participativos hace años que vienen ensayándose como fórmula complementaria que fomente la participación democrática. Empezaron en Porto Alegre (Brasil) en la década de 1990 y se han extendido mucho, sobre todo a nivel municipal.

La idea es que las autoridades sometan a debate público en qué se gastan determinadas partidas de inversión. Los críticos advierten de que los grupos organizados acaban dirigiendo las asambleas en beneficio propio. Sevilla era la mayor ciudad de toda Europa que ensayaba fórmulas de presupuestos participativos, pero la derrota de la izquierda las deja ahora en suspenso.

FOTO: FERNANDO SÁNCHEZ

Propuesta: incluir en las políticas públicas memorias de participación y de rendición de cuentas.

Dificultad: ninguna.

Cualquier proyecto urbanístico o de infraestructuras importante debe contar con una memoria de impacto ambiental. Los expertos en nuevas fórmulas de participación aspiran a replicar el modelo para la participación y la rendición de cuentas, de forma que cualquier política pública deba plantearse desde su origen qué canales de participación abre y cómo va a rendir cuentas de lo hecho una vez terminado.

Barcelona era una referencia en memorias participativas, pero sus promotores perdieron los comicios. En memorias de rendición de cuentas, está aquí todo por hacer. Tanto, que ni siquiera la expresión rendición de cuentas parece una buena traducción de accountability.

Propuesta: implicación de ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

Dificultad: ninguna.

En Francia se llama Comisión Nacional del Debate Público y afronta asuntos de ámbito nacional y en Reino Unido se conoce como jurado ciudadano y depende de los ayuntamientos. La filosofía es la misma: ceder a un consejo de ciudadanos la toma de decisión ante un asunto concreto.

Los expertos lo llaman democracia deliberativa y suele seleccionarse a los miembros por sorteo, con criterios de pluralidad como los que aplica TVE en Tengo una pregunta para usted.

En Ontario (Canadá) se encargó a un consejo nada menos que la reforma electoral. En España ha habido ensayos en Córdoba, pero sin ser vinculantes.

Propuesta: aprobar una ley que obligue a las administraciones a divulgar toda la información que tengan.

Dificultad: ninguna.

Access Info es una ONG internacional que defiende el derecho ciudadano a acceder a la información de interés público en manos de los gobiernos y en 2006 eligió Madrid como sede mundial. ¿El motivo? España es el país más grande de la UE sin Ley de Transparencia (ver gráfico).

Este tipo de leyes ya existen en EEUU desde la década de 1960 y obligan a las autoridades a contestar a cualquier ciudadano preguntas como esta: ¿a qué empresa ha contratado el Departamento de Salud para la limpieza de sus hospitales y por cuánto dinero?

Los expertos ven este tipo de norma como un elemento anticorrupción clave. En España, esta información se canaliza con preguntas parlamentarias, pero los gobiernos disponen de un sinfín de artimañas para ignorarlas.

El Ejecutivo prometió acabar con la anomalía española, pero el proyecto está paralizado. Algunos países, como India, colocan en internet toda la información por iniciativa propia. De esta corriente se nutren los defensores de la llamada cultura libre, cuya prioridad es derogar la ley Sinde.

Propuesta: hacer públicas las cuentas de la Corona.

Dificultad: la obstrucción de los partidos mayoritarios.

Existen en España ocho instituciones públicas como el Consejo de Estado con autonomía financiera y sin control externo. Pero ninguna llega tan lejos como la Casa Real, que recibe una asignación anual sin tener que explicar cómo la gasta.

En 2010, esta asignación ascendió a 8,9 millones de euros y cubre sólo una mínima parte del dinero público que se dedica a la institución, cuyo monto global se desconoce. ERC ha denunciado al Tribunal de Estrasburgo la opacidad de las cuentas de la monarquía.

Nada impide en la Constitución que las cuentas de la Corona fueran tan transparentes como las de la monarquía británica: 'El rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma', reza el artículo 65. 1.

FOTO: FERNANDO SÁNCHEZ

Propuesta: fiscalización real de las cuentas de los partidos y acceso público.

Dificultad: exige la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Siempre que estalla un escándalo que afecta a las cuentas de los partidos políticos, la respuesta es idéntica: 'Nuestros presupuestos han pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas'.

Es cierto. Pero también es una trampa: la fiscalización del Tribunal de Cuentas se limita a trabajar con el material que le proporcionan los partidos, sin capacidad auditora real y sin posibilidades de acceder a las tripas ni a las fundaciones de los partidos.

Todos estos déficits son subrayados regularmente por el Consejo de Europa. La información que recibe el Tribunal de Cuentas es, además, reservada: nadie puede acceder ni siquiera al listado de proveedores de los partidos. El único órgano fiscalizador que lo permite es el de Galicia.

Propuesta: publicación del patrimonio completo de todos los cargos electos.

Dificultad: ninguna. Ya existe en Castilla-La Mancha.

Los expertos en corrupción consideran clave el acceso al patrimonio completo de los cargos públicos. Varias instituciones han dado pasos, pero de forma parcial.

La única excepción es Castilla-La Mancha, que ha optado por la máxima transparencia al respecto: publica en el Boletín Oficial el patrimonio completo todas las rentas, todas las inversiones, todos los bienes, todas las actividades de diputados y altos cargos, incluida la Presidencia.

Propuesta: impedir que los parlamentarios puedan tener un bufete privado.

Dificultad: ninguna. Una mayoría de partidos apoya la idea, pero no avanza.

Cualquier parlamentario puede compatibilizar hoy su actividad parlamentaria con un bufete privado y otras actividades remuneradas. Sólo tiene que decir que no supone conflicto de intereses. Más de 40 parlamentarios simultanean su actividad con negocios privados.

Que hay profundas lagunas lo ha puesto de manifiesto el caso Gürtel, que ha desvelado las actividades paralelas del exdiputado del PP e imputado Jesús Merino: según la Agencia Tributaria, entre 2002 y 2008 ingresó como parlamentario menos de 500.000 euros. En el mismo periodo, sus consultorías y las de su esposa sumaron 8,4 millones asesorando a empresas.

Propuesta: eliminar privilegios en las pensiones de los diputados y fijar criterios claros para coches oficiales.

Dificultad: ninguna. La mayoría de partidos admite que hay que 'racionalizar'.

Cuando se recuperó la democracia, se acordó que los parlamentarios tenían derecho a percibir la pensión máxima con sólo ocho años cotizados. Y el argumento le pareció bien a todo el mundo: la represión franquista había impedido a muchos cotizar.

Pero han pasado más de 30 años y los parlamentarios que han votado ampliar de 15 a 25 años del cómputo para calcular las pensiones siguen disfrutando de aquella decisión.

Los expresidentes del Gobierno y, con variantes, de varias comunidades disfrutan de otro privilegio: una pensión vitalicia de 80.000 euros al año. La izquierda minoritaria la quiere eliminar cuando se perciben otras ganancias privadas importantes. José María Aznar percibió en 2010 ingresos superiores al millón de euros y Felipe González recibe, sólo de Gas Natural, 126.000 euros al año.

La decisión de UPyD de renunciar al coche oficial para sus concejales ha forzado el debate al respecto. Todos los partidos admiten que deberán 'racionalizarse'. Los expertos apuestan por fijar criterios objetivos.

Propuesta: eliminar la prescripción en los delitos de corrupción.

Dificultad: exige la reforma del Código Penal y de otras leyes orgánicas.

La mayoría de delitos de corrupción se han ido castigando cada vez con más dureza en el Código Penal. Y pese a ello muchos delitos acaban sin juicio porque ya han prescrito. Expertos como Víctor Lapuente, de la Universidad de Go-temburgo, sostienen que España lidera probablemente un ranking informal de delitos de corrupción que no se juzgan por haber prescrito.

Entre las causas, destaca la saturación de la Justicia y que aquí suele empezarse a investigar más tarde. Por ello, entre las medidas que sugieren algunos expertos en línea con DRY es que los delitos de corrupción no prescriban.

FOTO: FERNANDO SÁNCHEZ

Propuesta: establecer que cualquier regalo superior a 50 euros no declarado sea considerado cohecho.

Dificultad: exige reformar el Código Penal.

Algunos de los mayores casos de corrupción que han estallado en España en los últimos años como Gürtel y Brugal tienen en su origen regalos a cargos electos. La clave para que sean considerados cohecho no depende de su valor, sino de que se regale en razón del cargo o a cambio de algo. Lapuente propone cortar por lo sano cualquier ambigüedad interpretativa e incluir en el Código Penal que todo regalo valorado en más de 50 euros no declarado en un hipotético registro que incluya la identidad del obsequiante sea considerado cohecho. Ahora no existe registro alguno, ni siquiera para los regalos a la Casa Real.

Propuesta: las empresas con beneficios que inicien un ERE deberán pagar el paro de los despedidos.

Dificultad: exige una reforma legal ya encarrilada.

Ya estaba en las propuestas de DRY y la izquierda minoritaria llevaba tiempo peleándolo, pero el ERE anunciado por Telefónica con las plazas llenas ha acabado de inflamar a los indignados: la exigencia de que las empresas con beneficios que abran un expediente de regulación de empleo (ERE) tengan que costear el paro de los despedidos se ha convertido en emblema del 15-M y probablemente será su primera victoria tangible.

La demanda cuenta con un apoyo social tan alto que Telefónica ha replanteado el ERE, pese a tener la ley a favor: asumirá el paro de los despedidos que el Estado no abonará. El PSOE ha presentado una enmienda para que esta decisión ahora voluntaria sea obligatoria.

Propuesta: que la entrega del piso cancele la hipoteca y la deuda con el banco.

Dificultad: exige la reforma de la Ley Hipotecaria, que se debatirá en una subcomisión del Congreso.

Otra de las demandas emblemáticas del 15-M es la dación en pago: que la entrega del piso cancele la deuda con el banco, como sucede en varios estados de EEUU.

En España, cuando hay desa-hucio, el banco se queda con el piso y el cliente tiene que seguir pagando. En este intercambio desigual, por el que se fija a cuánto asciende la deuda pendiente, el banco contabiliza el piso devuelto a un precio baratísimo: el 50% de la tasación. Y luego lo puede vender al precio que quiera.

La patronal ha advertido por carta al Gobierno de que la dación en pago supondría un gran perjuicio para el sistema financiero. Pero la presión social se están recogiendo 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular ha forzado la creación de una subcomisión parlamentaria.

Entre las propuestas de los expertos está asumir la dación en pago sin retroactividad, establecer ayudas para los afectados y elevar del 50% al 75% el porcentaje sobre el precio de la tasación cuando el banco se queda con el piso.

Propuesta: establecer un registro de mínimos que ayude a seguir el hilo del dinero hacia paraísos fiscales.

Dificultad: cualquier iniciativa efectiva debe tener escala internacional.

Muchos expertos coinciden en que la salida de la crisis, el futuro del Estado del bienestar, la lucha contra la corrupción y la esencia misma de la democracia dependen en buena medida de hacer más difícil que el dinero llegue a los paraísos fiscales. Y pese a que ha habido avances por el empuje del G-20, queda mucho terreno por recorrer.

Los expertos insisten también en que las medidas, para ser efectivas, deben ser globales o al menos a escala europea. Y en este sentido van casi todas las propuestas de un reciente documento de la Fundación Alternativas elaborado por José Luis Escario: creación de una agencia mundial específica, establecer sanciones multilaterales contra los estados que no cooperen con unos mínimos que habría que redefinir al alza, etc. Pero el documento incluye una sugerencia que podría implantarse sin esperar a los demás: crear un registro de compañías mucho más exhaustivo que los existentes, que incluya información relevante para seguir la pista del dinero y haga menos opacas estas estructuras.

Propuesta: establecer una tasa para las transacciones financieras especulativas.

Dificultad: para que sea eficaz, debe adoptarse a escala internacional.

Hace ya 40 años que el premio Nobel de Economía James Tobin propuso una tasa mínima de apenas el 0,1% para las transacciones financieras especulativas. Y a finales de los noventa se creó una organización internacional, Attac muy presente en el Movimiento 15-M, que se fijó como prioridad impulsar una propuesta que desde hace años tiene resuelta ya cualquier dificultad técnica.

El G-20 ha amagado con impulsar tasas inspiradas en la propuesta de Tobin. Pero nada se ha llevado a la práctica.

Propuesta: recuperar los impuestos de patrimonio y de sucesiones y gravar más las sicav y los dividendos.

Dificultad: que, ante la libre circulación de capitales, baje la recaudación.

Todos los hijos del15-M han lanzado un grito para conseguir una fiscalidad más justa, que se desande el camino de los últimos años y vuelva a establecerse el objetivo de que paguen más los que más tienen. Hay varias posibilidades: recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio (eliminado en 2008) y el de sucesiones (casi finiquitado en las comunidades donde gobierna la derecha), gravar más a las sicavel instrumento de inversión de los más ricos, que sólo tributa al 1% o tasar todos los dividendos: hoy están exentos de tributar 1.500 euros por contribuyente y año.

Muchos expertos creen que de una fiscalidad más justa va a depender la sostenibilidad del Estado del bienestar. E investigadores como Armin Schäfer han demostrado incluso que la desigualdad es el mayor factor de erosión de la democracia.

Quizá los acampados no lo han estudiado. Pero no hay duda de que lo saben.