"Cuando la administración educativa de León decretó la expulsión de nuestro hijo Rubén del sistema ordinario, nos negamos a llevarle al centro de educación especial que le habían asignado, porque pensábamos que no es el modelo adecuado. Su derecho era seguir en el colegio público donde llevaba ocho años escolarizado sin ningún problema de integración, ni de participación o desarrollo, hasta que surgió el problema de malos tratos de un tutor, un funcionario público. A partir de ahí todo se torció. Rubén fue expulsado del colegio en lugar de ver defendidos sus derechos".

Alejandro Calleja arranca así el relato del calvario que vivió su hijo y toda su familia por defender un derecho que está recogido en la legislación de nuestro país desde el año 2008. Rubén, un menor con síndrome de Down, tenía entonces (2009) diez años y cursaba cuarto de educación primaria. Hoy tiene 21 y un dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidad le acaba de dar la razón por primera vez.

Entre medias transcurrieron más de diez años que su padre describe de absoluta "violencia institucional", en los que la petición de que su hijo tuviera una educación inclusiva y la denuncia de los malos tratos que había sufrido el menor fueron sistemáticamente rechazados por la administración educativa y por todas las instancias judiciales nacionales (incluido un recurso de amparo ante el Constitucional). En el proceso, una denuncia del fiscal de menores de León contra los padres, estuvo a punto de quitarles la patria potestad de su hijo.

España violó los derechos del menor

El pasado 18 de septiembre, un demoledor dictamen del organismo de Naciones Unidas resalta que el Estado español violó diversos derechos humanos de Rubén y de su familia, e insta a nuestro país a reparar el daño y a hacer profundas reformas en su sistema educativo. No es la primera vez. Ya en 2018 una inspección de este Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitió un informe contundente sobre las deficiencias de nuestro país a la hora de aplicar el tratado y la legislación y acusó a España de discriminar y segregar a estos menores en base a "evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad". Exigió a nuestro país "eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización", cosa en la que no se ha avanzado.

"La administración, tanto la educativa como sobre todo la judicial, técnicamente dejan mucho que desear en esta cuestión. Los poderes públicos tienen la obligación de conocer y aplicar la ley, porque al haber ratificado España el tratado [sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] éste se convierte en ordenamiento jurídico interno. Pero en nuestro caso, en lugar de tener en cuenta el derecho fundamental de nuestro hijo a una educación inclusiva, se han tendido en consideración otras cuestiones que han mantenido la segregación y la discriminación de nuestro hijo, y la persecución a nuestra familia, que lo único que pedíamos era que se nos reconocieran un derecho".

Entre estas "otras" consideraciones, este padre relata el hecho de que el fiscal de menores de León nunca investigó los malos tratos hacia su hijo en el centro escolar, a pesar de haber presentado varias denuncias, sino que las archivó. "En lugar de defender y escuchar al menor, protegió a la administración y al maltatador. El mundo al revés", relata en conversación telefónica con Público. "Pero mientras archivaba estas denuncias fue raudo en tramitar un recurso de la administración educativa por un delito de abandono de familia por absentismo al no llevar a nuestro hijo al centro de educación especial asignado", explica. "Nos hizo la vida imposible, porque el delito al que nos enfrentábamos era de multa, de cárcel y de pérdida de la patria potestad de nuestro hijo".

"El trato hacia las familias es en muchísimas ocasiones terrible. A veces parece que somos el enemigo número uno a batir, en lugar de personas con derechos que tienen necesidad de ayuda por parte del Estado. Cuando tienes un hijo con diversidad no lo sabes previamente. Te llega, te cae la bomba y te encuentras con una realidad que es muy dura a nivel personal, social, familiar, cultural. Y te vas dando cuenta de todas las dificultades que hay. Cuando llegamos a la etapa educativa nosotros no tuvimos ningún problema durante ocho años. Pero sabemos que hay casos en que a los niños con tres años, e incluso menores, ya los estás segregando y discriminando. Cómo puede ser posible que una persona no pueda disfrutar de la inclusión con tres años?", se pregunta.

"Durante todos estos años nosotros tuvimos que asumir un coste emocional, económico y psicológico muy alto, que incluyó todo el proceso judicial con sus costas, darle una alternativa educacional y social a Rubén adecuada y digna dentro de nuestras posibilidades, porque somos una familia normal y corriente, pero con una convicción grandísima".

El suyo no es un caso aislado, un fallo del sistema. Sino más bien el sistema en sí, puesto que se trata de una práctica extendida y habitual en la administración del Estado, tanto en la educativa, como en la judicial. El Comité de Naciones Unidas estimó que en España se segrega a un 20% de los alumnos con necesidades educativas especiales, y en muchos casos se los separa en clases especiales que no cumplen con el derecho a la educación inclusiva.

"En los diez años de proceso, no hubo una semana en la que no nos contactaran familias pidiendo consejo, ayuda o información. Por suerte o por desgracia nos ha tocado ser un poco la avanzadilla y pioneros en este tema y sin quererlo somos referentes en este asunto". 

"Necesitamos divulgar lo aprendido para ayudar a otros"

A lo largo de este duro camino, afirma este padre, han aprendido mucho. Ellos agotaron la vía legal, es decir, denunciaron ante los distintos estamentos judiciales de nuestro país hasta llegar al Constitucional. También presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inadmitió el escrito. Entonces y sólo entonces, iniciaron la denuncia ante la Comisión específica de las Naciones Unidas. Este trámite se inició hace tres años y recién la semana pasada esta institución emitió un escrito de condena a España.

Hoy saben que existe otra vía. Que no es necesario pasar por el largo calvario del periplo por los tribunales para realizar una denuncia a un Estado que incumpla el tratado. "Hoy sabemos que con un dictamen de escolarización segregador por parte de la administración educativa se puede denunciar ente el comité de Naciones Unidas a través de una demanda urgente. ¿Por qué es urgente? Por la gravedad de la violación del derecho, porque si se ejecuta el dictamen, el daño en el menor es irreparable y porque la acción de la justicia es tremendamente lenta para esa supuesta reparación. Esto no lo sabíamos en 2010. Ni nosotros, ni nadie". De hecho, reconoce que sólo supieron que se podía denunciar a un Estado ante un comité de Naciones Unidas en 2017, cuando se interesó por su caso el relator de esta institución vino a evaluar a nuestro país.

"Por eso es importante que se sepa. Son herramientas que si no las conoces quedas desprotegido y a la administración no el interesa que se conozcan. Por eso es la falta de pedagogía sobre los derechos que asisten a las personas con discapacidad. Por eso divulgar esto es tan importante. Tanto, que el propio dictamen emitido por el caso de nuestro hijo Rubén obliga al Estado a dar la máxima difusión a su resolución. España está obligada a publicitarla".

La ilegalidad de los informes psicopedagógicos

Recientemente un centenar de familias y organizaciones denunciaron la ilegalidad de los informes psicopedagógicos que realizan tanto los equipos pedagógicos en los centros escolares como las consejerías de educación para determinar el tipo de enseñanza que deben recibir los menores con necesidades especiales. Para Calleja, uno de los firmantes de dicho escrito, estos informes son la puerta de entrada para las injusticias y la violación de derechos.

"Son la caja de Pandora y no tienen nada de educativos. Se trata de informes médicos que no tienen ninguna perspectiva inclusiva y que tiran por tierra la dignidad del menor. Para respetar los derechos humanos de estos menores sólo existe un único sistema de educación: el inclusivo. El dictamen segregado es una condena de muerte educativa y social. Por eso se tiene que eliminar y así lo constata el comité en el informe hacia España del 2018 y así lo vuelve a reiterar en el dictamen que acaba de elaborar el comité de la ONU en el caso de mi hijo. Y las familias tienen que saberlo y conocerlo. Un informe de escolarización que segregue a un niño con necesidades especiales es una vulneración de los derechos humanos".

España obligada a reparar e indemnizar a Rubén

El dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es tajante. Nuestro país no sólo incumplió el artículo 24 sobre el derecho a la educación inclusiva en el caso de Rubén y su familia, sino un total de cinco artículos, incluido el que prohibe a los Estados perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a un educación inclusiva. El escrito del órgano de la ONU contiene obligaciones y recomendaciones que nuestro país debe cumplir y comunicar por escrito a dicho organismo en el plazo de seis meses para explicar las medidas que ha adoptado en relación al dictamen.

Entre otras cosas, la ONU obliga a España a reparar e indemnizar de forma efectiva los daños ocasionados a Rubén Calleja, incluidos los daños psicológicos y emocionales sufridos como consecuencia del trato que le dispensó el Estado. España debe, también, investigar las alegaciones de malos tratos hacia Rubén, así como acelerar las reformas legislativas para eliminar la discriminación y la segregación del sistema educativo.

"Lo que queremos es que el Estado cumpla con las obligaciones que le impone el Comité. Si no lo hace, no nos quedará más remedio que denunciarlo ante la Audiencia Nacional para que se haga efectivo. Ya ha ocurrido en otros casos, no sobre educación, pero sí sobre violencia de género".

El caso al que se refiere esta padre, es el de Ángeles González Carreño. En 2018 el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija de siete años por su expareja. En 2014 el el comité antidiscriminacion de la ONU había condenó a España por esta caso y decretad que el Estado español debía reparar e indemnizar a la madre. El Gobierno de Rajoy se negó y afirmó que los dictámenes de Naciones unidas no son vinculantes. En su sentencia, el Supremo desmontó este argumento y afirmó que las recomendaciones y obligaciones de los comités de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país son de obligado cumplimiento. 

"Este caso es similar", afirma Calleja. "España está obligada a cumplir el tratado de educación inclusiva porque una vez ratificado se convierte en ley interna. Y también está obligada a cumplir con los dictámenes de los comités que velan por los tratados. Sino que anule la ratificación en el Parlamento y se salgan de él. Nadie nos ha obligado como país a estar allí. España se unió de forma voluntaria, pero tiene que cumplir con los compromisos. Si estamos, estamos bien. Si no ¿para qué estamos?. ¿Para recibir palos nada más? Si el Estado no está dispuesto a cumplir con este tratado, que alguien se atreva a ir al Parlamento a anular la ratificación de un tratado internacional de derechos humanos sobre las personas con discapacidad. Mientras esto no ocurra, el Estado tiene el deber de asegurar que se respetan los derechos humanos de estos menores y de sus familias", concluye Alejandro Calleja.