Aunque es australiano, Philip Alston (1950) ha venido desde Estados Unidos para recorrer España durante dos semans y acabar diciendo algo que ya sabíamos: la pobreza en España es un drama muy palpable (26% de la población y 30% en el caso de los niños), que es así por una "opción política", porque el PIB español da de sobra para paliar esta desigualdad, pero las políticas económicas de la última década "han beneficiado a las empresas y a los ricos" mientras las clases medias y desfavorecidas han padecido serios recortes sociales durante la crisis económica que "nunca se restauraron".

La única diferencia es que su impresiones quedarán por escrito el próximo verano en un informe de la ONU plagado de recomendaciones al Gobierno, ya que Alston es el Relator Especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos. Recibe a Público después de una dura rueda de prensa en la que ha afeado la falta de ayudas sociales públicas, el maltrato a los gitanos, las miserables condiciones de los trabajadores migrantes que recogen la fresa, la segregación educativa y alto fracaso escolar, la precariedad laboral y "una crisis de vivienda de proporciones inquietantes". Tiene poco tiempo, así que hablamos de lo más básico: la dificultad de acceder un techo.

Ha destacado que existen dos Españas muy diferentes, ¿se esperaba la imagen que ha visto de la segunda cuando fue invitado a visitar el país?

Nunca lo imaginé. Al principio no me parecía un país con tantos y tan profundos problemas como el que he visto. Todos los países tienen gente pobre pero, en España, la protección, asistencia y respaldo que reciben de los diferentes gobiernos es sorprendente bajo.

Ha alertado sobre la situación de la vivienda,  ¿puede ser el problema más grave del país?

Absolutamente. La situación de la vivienda y el precio del alquiler, al menos en las principales ciudades, está en crisis. Todo el mundo lo admite. En lo que la gente no logra ponerse de acuerdo es en las respuestas que hay que dar a esta crisis. Y me temo que todavía no estoy viendo respuestas adecuadas.

¿Qué respuestas ha podido ver?

Me reuní con el Ministerio de Vivienda y me hablaron de una inversión más alta y a largo plazo en vivienda social. De colaboración público-privada para edificar en suelo público con constructores particulares. Todo eso suena muy bien, pero no va proporcionar una respuesta al grave problema actual. En España apenas hay vivienda pública y los alquileres han disparado su precio. El Gobierno no parece tomarse en serio la opción de controlar los precios del alquiler y me temo que es la única opción real que puede cambiar las cosas.

Ha habido mucha polémica con la propuesta del Gobierno de limtar los precios, ¿le parece que es para tanto?

El sector del negocio de la vivienda solo mira por sus propios intereses, es lógica su oposición, pero lo que hay que mirar son los hechos. Las experiencias recientes en otras ciudades del mundo como París, Berlín y ciudades de EEUU han demostrado que estabilizar los alquileres a nivel local y de forma flexible puede funcionar. Tanto poniendo más vivienda a disposición de la gente como a la hora de garantizar unas ganancias justas a los propietarios.

¿Qué opina de la falta de vivienda pública y de la gran cantidad de vivienda pública y privada que acaparan los grandes fondos de inversión extranjeros en España?

Funcionarios del Gobierno me han dicho alto y claro que la venta masiva de vivienda pública de Madrid fue un grave error. Creo que fue un auténtico desastre vender a estos fondos tantas viviendas sociales, además, sin ninguna restricción. Es un abandono gravísimo de las personas que vivían en esas casas.

También compraron mucha vivienda de los bancos procedente de los desahucios. ¿No habría sido mejor destinar esas viviendas a alquiler asequible?

Creo que hay timidez por parte del Gobierno a la hora de tomar medidas contundentes en cuanto a la vivienda. Entiendo por qué este asunto les genera tanto nerviosismo, pero no hay otra alternativa, hay que tomar medidas muy firmes.

¿Firmes, en qué sentido?

En el sentido de ver qué papel desempeñan estos grandes inversores extranjeros en materia de vivienda, en las condiciones para que puedan subir los precios del alquiler en periodos tan breves. Y también en las consecuencias que pueden acarrear estas transacciones a gran escala, que no debería estar permitido que destruyan de la noche a la mañana la vida de las personas.