Luisa Izuzquiza, investigadora y activista: "Las extremas derechas y Frontex defienden las mismas premisas"
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Luisa Izuzquiza (30 años) es la primera persona que llevó ante los tribunales a Frontex por su falta de transparencia acerca de sus operaciones en el Mediterráneo central. Tras una larga batalla judicial que empezó en 2019, la Justicia europea se puso del lado de Frontex y condenó a Izuzquiza y al también investigador y activista Arne Semsrott a pagar las costas del juicio. "Lo hicimos por nuestra cuenta, ninguna organización podía amparar este trabajo", explica. En total, 23.700 euros como castigo por la osadía de pedir transparencia por vía judicial a Frontex, la poderosa agencia europea de fronteras. Poco después se demostró que Frontex incrementó artificialmente su gasto en abogados y la cuantía se redujo a 10.520 euros, una cantidad desorbitada para estos dos investigadores.
A día de hoy está probado y documentado que de forma sistemática Frontex, con conocimiento de su director y otros altos cargos, devuelve a Libia a personas migrantes interceptadas en el mar, una práctica más conocida como pushbacks y contraria a la legislación europea y el derecho del mar. También está probado y documentado que las autoridades libias encarcelan, torturan y asesinan a las personas migrantes.
¿En qué quedó el pago de las costas judiciales a Frontex?
Lo cerramos en enero de este año. Hicimos mucha campaña. El Parlamento Europeo llegó a pedir a Frontex que desistiera en su demanda. Por causalidad o casualidad, Frontex desistió de hacernos pagar las costas mientras estaba siendo investigado por los pushbacks, pero cuando concluyó la investigación, volvió a pedirnos el dinero, esta vez amenazando con activar el mecanismo de recuperación forzosa, que básicamente consiste en que si no pagas, te embargan tus bienes y salario. Hicimos acto de resistencia hasta ese momento. Viendo que Frontex ponía en peligro nuestra situación personal, pagamos las costas con el apoyo de SeaWatch.
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Tuvisteis dificultades para hacer el pago. ¿Por qué?
Frontex no quiso recibirnos. Frontex quería hacernos pagar para intimidarnos por nuestro trabajo y sentar un precedente público, así que pensamos que lo más justo era que lo hicieran viéndonos la cara, mirándonos a los ojos. Estamos en Bruselas y Frontex tiene una oficina aquí. La mantienen oculta porque su ubicación no es información pública. Vimos que podíamos llevar el dinero en efectivo, avisamos a Frontex de antemano y nos dijeron que sí. Después cambiaron de opinión. Prohibieron a su personal recibir el dinero en efectivo en cualquier oficina de Frontex en Europa. Vaciaron su oficina en Bruselas el día que fuimos. Nos presentamos con el dinero que nos habían exigido, en el plazo que nos habían impuesto bajo amenaza de recuperación forzosa, y nadie nos quiso abrir la puerta.
¿Qué se siente durante un proceso judicial como este?
Fue un proceso muy largo. Hubo muchas emociones. Siempre supimos que esto podía pasar, pero luego no te lo acabas de creer. En casos así, la mayoría de las instituciones entienden el desnivel entre el poder adquisitivo y el valor democrático de tener una sociedad civil activa, por eso nunca piden dinero. Pero sabíamos que si Frontex tenía la posibilidad de abusar de su poder, iba a hacerlo. Cuando te llega una carta reclamando las costas procesales, entiendes que es un gesto de intimidación. Sentí enfado y preocupación, porque no sabía hasta qué punto podíamos resistirlo. También sentí orgullo, francamente. Hay un poco de satisfacción cuando generas tanta resistencia y te atacan de forma tan frontal.
Lo más importante fue notar el peso del precedente. Cuando llevamos a Frontex a juicio, mucha gente que siguió con interés nuestro caso para hacer algo parecido. Un primer caso siempre sienta precedente, para bien o para mal. Sentimos el peso de la responsabilidad, de ponérselo lo más fácil posible a todo el que venga detrás. Hagas lo que hagas, haz camino. Frontex quería dar una lección: "Esto es lo que le va a pasar a quien nos lleve a juicio". Peleamos hasta el final. Agachar la cabeza no era una opción. Ahora Frontex actúa de la misma forma contra un solicitante de asilo de Siria que llegó a Grecia y fue devuelto a Turquía [con la colaboración de Frontex]. Frontex ya ha dicho que le exigirá las costas del juicio.
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El guardián descontrolado
La batalla contra Frontex sigue adelante, más allá de los tribunales. La organización alemana FragDenStaat ('Pregúntale al Estado'), para la que trabaja Izuzquiza, va a publicar una investigación que recopila todas las contribuciones de los Estados europeos a Frontex. Objetivo: dejar claro que son los Estados los que construyen Frontex. Con ayuda de organizaciones de rescate, Izuzquiza sigue investigando los pushbacks de Frontex. También la relación "cada vez más estrecha" de esta agencia con los lobbies y la industria del control migratorio.
Izuzquiza forma parte de la campaña 'Abolish Frontex', que pide la disolución total de esta agencia. "Frontex es la punta del iceberg, la parte más visible (...) Defendemos su abolición, y no una reforma, porque la idea de reformar Frontex implica asumir que Frontex y el control fronterizo son ideas positivas e inofensivas, aceptar que simplemente falló algo e hizo que Frontex fuera problemático. Nuestra lectura es que Frontex, con todos sus fallos, funciona tal y como se diseñó desde el principio", aclara.
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El concepto de frontera y el de violencia van de la mano, sostiene esta experta y activista. "Para acabar con tantas muertes en el Mediterráneo y construir un sistema justo y reparador no puede haber fronteras y, por tanto, tampoco policía de fronteras", señala. Otro concepto clave a ojos de Izuzquiza es el de 'seguridad'. "Es lo que vende Frontex: seguridad. ¿Seguridad para quién? Frontex tiene 5.600 millones de euros de presupuesto. En plena pandemia, ¿no sería mejor usar ese dinero para mejorar el sistema de salud y por tanto la seguridad de todos? Frontex tiene una flota para atacar a personas y vulnerar sus derechos, sobre todo en el mar Egeo. Preferiríamos que esa flota trabajase para garantizar el cumplimiento de la legislación internacional y para dar seguridad en el mar con un servicio de salvamento civil y público. En España tenemos el ejemplo perfecto: Salvamento Marítimo. ¿Qué pasaría si hiciésemos más Salvamento Marítimo y menos Frontex?"
Frontex empezó a operar en 2005 con apenas 50 empleados. Ahora es una de las agencias con más poder en Europa: está reclutando a 10.000 agentes, el primer cuerpo armado y uniformado de la Unión Europea. A ojos de esta investigadora, la política migratoria y Frontex no han cambiado tanto. "Lo que vemos es una cristalización de una política migratoria cimentada sobre racismo puro y duro, tenemos mecanismos para una acogida digna y humana pero no hemos querido activarlos cuando los que vienen son de un país y no de otro", denuncia.
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Aprovechando la guerra en Ucrania, en las últimas semanas Frontex ha intentado presentarse como un actor humanitario, explica la activista. "Frontex ha utilizado la guerra de Ucrania para lavar su imagen (...) Hiela la sangre que Frontex anuncie vuelos de deportación 'voluntaria' –que de ‘voluntaria’ tiene poco– como si fueran los primeros vuelos humanitarios de Frontex. Eso refleja su total desconexión de la realidad y el sufrimiento de la gente", señala.
Izuzquiza ha participado junto al exdirector adjunto de Frontex, Gil Arias, en un evento de la Fundación porCausa en Madrid. Esta activista que evita usar el avión por conciencia climática, ha viajado a España porque está preocupada por las sinergias entre Frontex y las extremas derechas europeas. "Defienden las mismas premisas: perciben la migración y a las personas migrantes como un peligro, piden más frontera a cualquier precio, aunque el coste sean vidas humanas, comparten su visión racista y de supremacía blanca", señala.
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Izuzquiza ha pasado por Access Info Europe, el Corporate Europe Observatory y otras organizaciones de transparencia. Nació en Madrid, vivió en París y ahora trabaja desde Bruselas, una burbuja de lobbies y políticos en la que no resulta fácil mantenerse firme e independiente. Izuzquiza procura guardar una "distancia de seguridad" con las instituciones porque, según explica, "nuestro rol es la rendición de cuentas y acercarte demasiado a quien está haciendo la política puede cambiar tu perspectiva sobre cuáles deben serlas consecuencias de lo que sucede, sobre todo en algo tan sensible como la política de fronteras".
El eco de su trabajo se siente en los principales puntos calientes de las rutas migratorias con destino a Europa, desde las islas griegas hasta Calais y el Estrecho de Gibraltar. Su día a día está marcado por casos de abuso de poder contra personas inocentes, historias que duelen y pesan. ¿A qué se aferra para no derrumbarse? Izuzquiza ya no tiene demasiada fe en las instituciones. "Hacen falta soluciones a medio y largo plazo, pero debido a los ciclos electorales, el tema migratorio se aborda con cortoplacismo", explica. Sin embargo, mantiene la esperanza. "Me da esperanza la resistencia organizada a pequeña escala, que haya gente organizada para componer un barco e irse al mar a salvar vidas. También me da mucha esperanza la campaña en España a favor de una regularización. No solo hay que pensar en lo que hay que desmontar, sino también en lo que hay que construir. La regularización es una propuesta constructiva, esencial, tangible y que cambiará de forma inmediata la vida de cientos de miles de personas. Me parece positivo que nos pongamos a imaginar y pensar cómo construir una sociedad. Es un proceso lento, somos pocos y vamos contra un sistema grande y poderoso, pero estamos aquí, dando la batalla, haciendo camino".