Entrevista al exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà: "La Ley de Memoria Democrática del Gobierno perpetúa la impunidad del franquismo"

La ley de Memoria Democrática del Gobierno, que ha recibido críticas de la izquierda y la derecha, ha pasado este jueves su primer examen en el Congreso. ¿Cómo de lejos está ERC de apoyarla?

Lo veo muy difícil. Cuando tuvimos los primeros encuentros con el secretario de Estado, ya le dijimos que habíamos previsto dos fases: la primera era intentar saltar una primera valla, es decir, las cuestiones troncales con las cuales estamos en desacuerdo. En caso de conseguirlo, podríamos entrar en el escenario siguiente, es decir, ir a por los temas que, en principio, no eran tan troncales.

Las cuestiones troncales son las que hacían referencia a la declaración de ilegalidad del régimen franquista, lo cual conllevaba el reconocimiento de que todos los tribunales de carácter político franquista eran ilegales y, por supuesto, también lo eran las sentencias. Todo ello lleva al reconocimiento jurídico de la víctima como víctima de una ilegalidad.

También le expusimos la necesidad de derogar o modificar la Ley de Amnistía porque había sido la coartada que durante decenios se utilizó para frenar los procesos judiciales hasta llegar a la paradoja de que las propias víctimas tuvieron que recurrir a Argentina para buscar una solución de carácter reparatorio al juzgar a los verdugos, algo que es imposible hacerlo en el Estado español. 

Otra tema troncal era la necesidad de reconocer por parte del Estado que, ni mucho menos, el Estado había finalizado con todo aquello que compete a las reparaciones y responsabilidades patrimoniales. Y, por otro lado, señalamos la modificación de los déficits que incluía la ley del 2007 [Ley de Memoria Histórica] por la cual se hacía una diferenciación entre las víctimas anteriores al año 1968 y posteriores a esta fecha. Esta estupidez se acrecentó más con el Real Decreto del 1803/2008, que excluía de la reparación, por ejemplo, a antifranquistas como Salvador Puig Antich.

Había unos temas troncales que, en caso de que el Gobierno hubiera estado dispuesto a debatir y corregir, hubiera dado lugar a una segunda fase de diálogo sobre todo aquello que compete a otras cuestiones. Como no se incluyó en la ley, no solamente nos ha obligado a presentar una enmienda a la totalidad, sino que estamos ahora muy, muy, pero muy alejados de poder legitimar este proyecto de ley.

La derogación o modificación de la Ley de Amnistía sigue siendo una piedra en el camino hacia la reparación...

Curiosamente, el secretario de Estado, en las dos o tres reuniones que tuvimos, insistió (aunque no lo compartimos) en que la modificación de la ley era baladí. Incluso, decía que tenía opiniones de académicos consagrados que le daban la razón al Gobierno atribuyendo a la Ley de Amnistía una inutilidad, que no es un escollo para las víctimas. Esto no nos lo creemos, ya que ha sido el argumento que se ha utilizado durante años. Y, por supuesto, si esta regulación se mantiene, no garantiza que la Fiscalía de Sala que pretende incorporar la norma sea eficaz. Y, aunque tuviera razón en que la Ley de Amnistía ha dejado de ser eficaz, más razón para derogarla.

Aunque el asunto es complejo, ¿cuál sería el escollo más urgente para que ERC se abriera a contemplar un cambio de postura a la hora de apoyar la Ley de Memoria Democrática?

Estamos diciendo lo mismo que decíamos en el 2004. De hecho, presentamos una proposición de ley antes de que se aprobara la Ley de Memoria Histórica en 2007. La propuesta fue rechazada. Y, con la ley del 2007, votamos en contra porque entendíamos que no era una ley que se pudiera homologar a otras que se habían hecho en otros países. 

Desde el 2007 hasta el 2019, en cada una de las legislaturas, hemos ido presentando nuestra proposición de ley del 2004, cosa que tanto PSOE como el PP han rechazado. Es más, afirmaron durante todos estos años que no había lugar a modificar la norma del 2007 puesto que era una ley buena. Incluso, fuimos un tanto frivolizados en debates muy duros en los que el PSOE nos decía que estábamos inspirados por la voluntad de revancha y fanatizados por nuestro nacionalismo.

Estamos en la misma posición que en 2004, razón por la cual, de igual manera que votamos en contra de aquella ley, si el Gobierno no modifica su posición con esta ley, votaremos en contra porque para nosotros es más importante dejar la herida abierta que perpetuar un fraude. No tiene ningún sentido que en 2021 un Gobierno socialista y de Unidas Podemos intente con esta ley blindar el modelo español de impunidad. Ya no tenía sentido en 2007, puesto que qué razón puede haber hoy día para no reparar totalmente las víctimas. ¿A caso el Estado español no es una democracia plenamente consolidada?

Por lo tanto, ¿aprobar la nueva ley en los términos actuales supondría otro cierre en falso de la impunidad del franquismo?

Sí, claro. Es evidente que hay un sinfín de víctimas que todavía no han visto culminar sus aspiraciones de ver cómo triunfa la verdad, justicia y reparación. No estamos situados en la radicalidad y en los extremismos, sino que reclamamos lo que siempre se ha reclamado desde todas las posiciones que defienden la metabolización del pasado. La Iglesia no ha pedido perdón, el Estado no ha reparado el trabajo esclavo ni las empresas han pagado por la acumulación de capital que hicieron gracias a este trabajo.

No se ha hecho nada. De manera que querer cerrar la cuestión ante una ley que ni tan solo encara las responsabilidades ni repara a las víctimas de la transición (personas que fueron asesinadas por funcionarios) nos parece que es una verdadera farsa y un verdadero fraude. Provoca un cierto sonrojo ver que en pleno 2021 seguimos igual.

La situación de 2021 es diferente a la de 2007 porque, aritméticamente hablando, en esta legislatura sois imprescindibles para la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, ante el rechazo de las derechas a la norma, el Gobierno no podría sacar adelante la ley sin el apoyo de ERC. Hay muchas más posibilidades de que vuestras reivindicaciones sean atendidas, ¿no?

Lo que más me entristece es que Unidas Podemos hubiera permitido que esta ley saliera del Consejo de Ministros. No lo entendemos y, no solamente no nos intranquiliza, sino que nos ha despistado mucho. No sé si Unidas Podemos intentará dar un golpe de mano en la tramitación parlamentaria, pero apelamos a nuestros compañeros porque cuesta entender cómo pueden avalar esta ley. Mi única esperanza es que Unidas Podemos se plante.

¿De qué víctimas o colectivos se olvida la norma del Gobierno?

De todas porque la ley solo hace un reconocimiento simbólico. ¿Por qué los abogados de Atocha, que fueron asesinados por fascistas, tienen derecho a una reparación económica y no Salvador Puig Antich o las últimas cinco ejecuciones firmadas por el dictador antes de que muriera?

Si todos los tribunales son ilegales, si todas las sentencias son ilegales, ¿qué sentido tiene que las personas que fueron víctimas de estos tribunales no sean reparadas? Aquí radica su necesidad de no reconocer esta ilegalidad. Y todo ello a pesar de que el franquismo fue catalogado por la ONU de régimen fascista.

Aunque la ley saliera adelante en los términos que planteáis o, al menos, en la mayoría de ellos, ¿se logrará alcanzar la verdad, justicia y reparación de las víctimas teniendo en cuenta los deseos de la derecha y ultraderecha de tumbarla en el Constitucional?

Me provoca una profunda tristeza que, cuando la izquierda gobierna, no sea capaz de hacer una ley que finalmente fulmine aquello que ya han dicho otras sociedades con muchas dificultades. Es decir, ir avanzando para permanezca la verdad, justicia y reparación. Por esto, tiene menos sentido que cuando la izquierda gobierna actúe de manera cobarde.

Hoy por hoy, por desgracia, votaremos que no. Se lo debemos a las víctimas y a todas las generaciones para que no puedan construir desde el poder un relato fraudulento de decir que la sociedad ya ha metabolizado el pasado. El Estado español tiene que pedir perdón en su nombre a las víctimas, como se ha hecho en Italia, Alemania o, incluso, en Francia. 

Y más aún cuando Juan Carlos I fue designado sucesor de Franco...

Lo que no puede ser es que el actual rey no sea capaz de asumir todo que asume por herencia. No solo asume la jefatura del Estado, sino todo lo que conlleva. Es decir, asumir que la monarquía borbónica fue cómplice de la dictadura, ya que Juan Carlos I juró los principios fundamentales del movimiento y solamente hace falta recordar la imagen de septiembre de 1975, cuando en respuesta a las grandes movilizaciones que hubo en toda Europa en protesta por las cinco penas de muerte firmadas por Franco, el franquismo congregó a centenares de personas para hacer un acto de desagravio al dictador. En ese balcón del Palacio Real estaba el dictador junto a Juan Carlos I. Es evidente que el Estado español tiene que romper con el modelo de impunidad, sin embargo, esta ley lo que hace es perpetuarla. 

Juan Carlos I junto al dictador Francisco Franco. EFE.

Entonces, ¿las víctimas seguirán sin poder llevar a los responsables del régimen ante la Justicia?

Durante los últimos años, miles de víctimas se han muerto viendo cómo no era posible sentar en el banquillo al franquismo, a los pocos responsables que quedan de la dictadura, entre ellos Rodolfo Martín Villa [también fue ministro del Interior con el PP].

Recuerdo que durante el trámite parlamentario de la Ley de Memoria Histórica de 2007, un diputado me dijo: 'Claro, es que tiene que entender que si aprobásemos la ilegalidad del franquismo es posible que se intentara abrir un proceso judicial contra Manuel Fraga', que entonces estaba en vida y que, por supuesto, tenía las manos manchadas de sangre. Esto mismo ocurriría con el resto de responsables, algo que se ha intentado evitar por todos los medios.