Parece que hemos pasado de ver noticias sobre problemas con el precio del alquiler a noticias sobre ocupaciones de vivienda, ¿qué ha pasado?

Alarmar con la ocupación es la única política de vivienda de partidos como PP, Ciudadanos y Vox. Eso permite que no se hable de fondos buitres, de subidas de los alquileres, de control de precios, de vivienda vacía, de vivienda pública y otros asuntos importantes. Intentan construir un marco cómodo desde el que debatir sobre vivienda.

¿Es un problema tan importante?

Nos han creado ese miedo difundido por los medios de comunicación porque hay muchos intereses detrás de esto, desde el negocio de empresas de alarmas hasta lo clave, un marco legal a medida de los fondos buitre. Esto pasa en un momento concreto, cuando estamos a las puertas de una situación de impago masivo de alquileres y de hipotecas. Hay más de un millón de créditos en moratorias ahora mismo. En cuanto pasen las moratorias habrá impagos.

En España ha habido cientos de miles de desahucios y también se han ocupado muchas viviendas vacías de bancos con una legitimidad social enorme. Pero casas de bancos, no primeras ni segundas viviendas de particulares. Y no es casual que la gente que ha legitimado esa ocupación a bancos sean ahora alcaldesas y ministras. La PAH ha tenido muchísima legitimidad para recuperar vivienda vacía de los bancos en un contexto concreto. Y se puede producir un contexto parecido ahora con el alquiler y la pandemia. Que la gente exija que se les proteja. Creo que se está intentando prevenir esto.

¿Están satisfechos con las medidas de protección para inquilinos del Gobierno durante el estado de alarma?

Han sido insuficientes. Que no se hayan suspendido los alquileres puede ser una de las causas de que la crisis que viene sea mucho mayor. Hay comercios que han cerrado y más negocios que van a cerrar y muchas familias reducirán su consumo porque tienen que seguir pagando un alquiler elevado. Poco a poco se reduce la calidad de vida de las familias y todo para salvar a la economía rentista. Se ha sacrificado a la economía real y productiva para mantener a la economía rentista y parasitaria. Eso traerá problemas a largo plazo.

Por otra parte, hemos visto que, una vez más, han sido las familias más vulnerables las que no se han podido acoger a ayudas y moratorias, y se están produciendo muchísimos desahucios ahora por impagos. Solo se han paralizado los desahucios de las personas que se podían ver afectadas por la pandemia, pero no se ha hecho nada con los que ya estaban mal antes.

Ayer pidieron una reunión urgente al Gobierno para abordar la limitación del precio del alquiler, ¿ha habido respuesta?

De momento no. Pero seguiremos presionando y esperamos que haya reuniones. Vemos que es muy importante. Lo era ya antes de la Covid y, ahora, mucho más.

La referencia es la reciente ley catalana.

Sí, es una ley muy importante que se tiene que extender a todo el Estado. Ya llegamos tarde, muchos países europeos o ciudades de EEUU han aprobado este tipo de medidas, la regulación y control de precios. Es la única política que garantiza que se no se vulnere el derecho a la vivienda a corto plazo. Algunos partidos hablan de construir vivienda pública para alquiler asequible, pero es que lo necesitamos ya. Construir es para el largo plazo, necesitamos algo muy simple para lo inmediato: vincular el precio de los alquileres a la economía real, a la del país, a la de las familias. Ahora hay una distorsión, se han desvinculado los precios de los alquileres con la economía de las familias. Hay que adaptarlos y reducirlos para que sean sostenibles, tanto los pagos de la renta como que el funcionamiento de la economía productiva. El sueldo no se puede ir entero al pago del alquiler. Este modelo rentista genera una especulación que destroza la economía real del país.

¿Por qué se lo piden al Gobierno cuando las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas?

El Gobierno tiene muchas competencias. Las competencias de vivienda y urbanismo se dividen entre las tres administraciones, central, regional y local. El Gobierno aprueba la LAU, el control de precios lo tiene que aprobar el Gobierno. Luego es la comunidad autónoma la encargada de establecer precios y de declarar zonas tensionadas y ejecutar esa política. Es como la sanidad y la educación, la base se decide a nivel estatal.

Sí, pero durante la pandemia, el Gobierno ha puesto deberes en sanidad y educación que las autonomías no han cumplido.

Eso es cierto, pero esta regulación estaba incluida en los acuerdos de gobierno. Creemos que podemos conseguirlo. No va a ser fácil, la población tendrá que protestar, tendremos que organizarnos y presionar. Igual que se ha conseguido en Catalunya se puede conseguir aquí. Es pedir que se cumplan los acuerdos de Gobierno.

No parece que el modelo económico de Ayuso en Madrid vaya en esta línea.

Desde luego. Es un problema. Madrid no tiene ley de vivienda y su respuesta a la covid es reformar la ley de suelo y adoptar la propuesta de Ana Botín: avalar una nueva burbuja, esta vez siendo el sujeto la gente joven menor de 35 que comprará su primera vivienda avalada en parte por el Estado. Si no pueden pagar, lo pagará el Estado. Eliminas el riesgo para el sector bancario, promotor y constructor. El sector inmobiliario español ya es un enclave fundamental para la economía financiera internacional, para la acumulación de un capital que sigue circulando, que se revaloriza y no se devalúa en un contexto de tipos de interés cero e inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Ayuso quiere eliminar todo tipo de barreras para convertir Madrid en un territorio con la función de revalorizar todo el capital especulativo extranjero sin que le importe en absoluto la población. Madrid cada vez está mejor situada para los inversores en vivienda de lujo. Ayuso está llamando a eso mientras otras comunidades van por sendas diferentes.

¿Ven posibilidades de que el Gobierno impugne la ley catalana como piden los propietarios?

Son decisiones políticas. Por poder, puede; es el Gobierno. La presión que reciben los políticos a nivel autonómico y estatal del sector inmobiliario, de los fondos buitre y del sector bancario es enorme. Hemos visto lo que ha pasado con el fraude de Bankia, es increíble que se haya llevado a cabo con total impunidad una estafa tan grande con el conjunto del Estado implicado.

En Catalunya, Junts per Cat estuvo a punto de echarse atrás en su apoyo a la ley por estas presiones. Partidos como el PP son el brazo político de los fondos de inversión y los bancos, todas las leyes aprobadas que garantizan el derecho a la vivienda las han llevado al Tribunal Constitucional. Ellos saben para quién gobiernan. El actual Gobierno creo que intentará garantizar el derecho a la vivienda desde el Ministerio de Fomento, pero la política de vivienda real se hace desde los ministerios de Economía y Hacienda. Nuestra misión es intentar incidir en esta tendencia. Hay posibilidades.

¿Qué pasó con la huelga de alquileres que convocaron durante el estado de alarma?

Uno de los éxitos de la huelga y la campaña por la suspensión de los alquileres fue la adopción de medidas que no se hubieran adoptado antes. Había gente que con la pandemia iba a caer en impago sí o sí. Nosotros hemos estado en negociaciones en las que Nadia Calviño dijo que no se iban a aprobar medidas que tocaran el alquiler y al final se ha tocado gracias a nuestra campaña. El mensaje de "si no cobramos no pagamos" caló y los que ahora incurran en impagos por la pandemia tendrán un apoyo en los comités de huelga y una legitimidad fruto del debate público que impulsamos.

A los propietarios les ha pillado por sorpresa la ley catalana. ¿Quiénes son? ¿Son pequeños propietarios o grandes tenedores?

Es difícil de contestar porque no hay datos estatales. España es un país de propietarios. En Barcelona, según datos de su observatorio municipal, un 36% vive de alquiler y más de un tercio del mercado de alquiler está en manos de entidades jurídicas y grandes propietarios, casi un 40%. Gran propietario en Catalunya es tener más de 15 viviendas. Lo que pasa es que el que tiene dos viviendas y una alquila se apunta a este carro de subida de precios. Son el ultimo mono en entrar en una tendencia que han lanzado los fondos buitre que, a su vez, necesitan que los pequeños propietarios se suban a su carro. Ellos generan la expectativa, es como la bolsa, los grandes inversores marcan tendencias a las que se incorporan actores más pequeños. ¿Y quién no quiere sumarse a la tendencia de ganar más dinero por lo mismo?

¿Cómo se fraguó el alza de precios?

Es largo y difícil de explicar, pero al final, los inquilinos de una vivienda de Carabanchel o de Torrejón acaban con un aumento drástico del precio del alquiler porque su casa fue comprada por un fondo buitre como Blackstone gracias al dinero que le ha depositado un fondo de pensiones de EEUU y otros grandes inversores internacionales.

La pérdida de rentabilidad de otros mercados financieros, por políticas como la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, hace que inmensas cantidades de capital especulativo se refugien en el sector inmobiliario. La función de Blackstone es captar el dinero de los pensionistas para revalorizarlo a través de un alquiler abusivo en una vivienda en la periferia de Madrid.

¿Pero cómo y por qué llegan Blackstone y otros fondos de repente a España?

No es un fenómeno meteorológico, el alquiler sube de forma abusiva e, igual que los desahucios, depende de decisiones políticas. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 no llegó ninguna recuperación, sino todo lo contrario. El mercado inmobiliario español estaba hundido, nadie quería invertir él, y lo que se hizo fue una intervención absoluta e integral de todo el mercado para reflotarlo con un ciclo nuevo de especulación. El ladrillo es la primera industria nacional, el que ha sostenido la economía. Y el sistema político está muy vinculado, tanto que cuando estalla, empiezan a destaparse numerosos casos de corrupción política relacionada con lo inmobiliario.

El Gobierno de Rajoy intervino para salvar económicamente al país, pero solo al sector financiero. Fue el rescate bancario al que le siguió una reestructuración del sistema con fusión de cajas de ahorro, la creación del FROB y de la Sareb, un banco malo para absorber todos los activos tóxicos de todos los bancos. Pero fue insuficiente también. Tras la recesión se firmaron los acuerdos Basilea III, que regulan la actividad bancaria y financiera. Se establecieron nuevas ratios de solvencia para evitar otro crack y se tenían que adoptar antes de 2020. Los bancos españoles tenían que cumplir esa solvencia y esa liquidez exigida o no podrían conseguir financiación en los mercados y quedarían completamente hundidos.

Es largo, pero continúe.

Lo que se hace a continuación es un rescate del sistema inmobiliario. En seis meses se introducen las Socimi, un vehículo de activos vinculados al alquiler, un instrumento financiero con el que se capta capital especulativo hacia España. Se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para acoplarla a las Socimis y se venden 5.000 viviendas públicas a dos de los fondos más importantes del mundo, Blackstone y Goldman Sachs, por debajo del precio de mercado, algunos por debajo del coste de construcción. Fue una venta irregular, no con el objetivo de vender, sino de que Blackstone y Goldman Sachs entraran en el mercado inmobiliario español. Se mandó un mensaje a los mercados internacionales: hemos generado un vehículo de inversión muy rentable (las Socimis), y hemos reducido el derecho de los inquilinos.

Durante los siguientes años se dispara la inversión internacional en el sector inmobiliario español, lo que no se logró entre 2008 y 2013. Esto fondos entran masivamente para comprar toda la vivienda de los bancos a precio por debajo del de mercado. Solo este actor era capaz de mover tanto dinero y tan rápido. Todo ese dinero lo dirigen hacia lo inmobiliario en países que se han hundido por la crisis. Compran muy barato cuando nadie más puede comprar y presionan para generar lo ciclos de alza de precio y vender. Sé que es complicado de entender, pero es la realidad.

Además de limitar los precios, ¿qué más se puede hacer para frenar esta deriva que deja a la gente sin poder alquilar a pesar de tener trabajo?

El problema de España es que casi la totalidad del mercado del alquiler es mercado libre. Eso lo hace vulnerable ante los flujos especulativos. Si el 95% de las viviendas de alquiler de un país son de mercado libre, cuando entran actores con fuerza como los fondos buitre y generan esa tendencia alcista no hay forma de contrarrestarlo. Eso no pasa en Viena, donde un 30% es vivienda pública, otro 30% es público-privado y solo el resto es mercado libre. O en Nueva York, donde menos del 50% es mercado libre. Hay ciclos especulativos, pero el sector público puede amortiguarlo. En Madrid, el resultado han sido los desahucios invisibles, no los hemos visto, no están registrados, pero una gran cantidad de gente se ha tenido que ir del centro cada vez más lejos, ha cruzado el río para alquilar en la periferia.