Hay comunidades autónomas que han ido por delante de las propias leyes estatales en el reconocimiento de violencias machistas y derechos de las víctimas y una de ellas es Castilla-La Mancha. ¿Qué falta por hacer?

Esta es una reivindicación que hacemos de forma permanente desde Castilla-La Mancha. Es cierto que el Pacto de Estado contra las Violencias de Género que se aprobó en 2017 hizo que se introdujese el concepto, las definiciones y desde luego el enfoque para la lucha contra la violencia de género contenida en el Convenio de Estambul. Y el Pacto de Estado es una herramienta muy útil, aquí en Castilla-La Mancha y lo ejecutamos prácticamente al 100%.

Dicho esto, es verdad que, a nuestro modo de ver, el Estado se debería armar con todos los instrumentos posibles a su alcance y eso pasa por reformar la ley integral [contra la violencia de género] y adaptarla al Convenio de Estambul, porque ya hay consenso hace muchísimo tiempo de que la violencia de género no es solo aquella que se ejerce hacia una mujer en el ámbito de la pareja o expareja, sino que existen diversas formas y manifestaciones de violencias machistas que deben ser abordadas. Esta puede ser física, psicológica, económica, institucional, sexual, violencia contra los hijos y las hijas... Hay que ampliar el espectro para tener más eficacia a la hora de luchar contra estas violencias. Esto lo tiene que recoger un nuevo texto y reconocer que se trata de una violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo y que está basada en la existencia de relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres que hoy aún prevalecen lamentablemente en nuestra sociedad.

¿Y qué pasos dio Castilla-La Mancha para adaptarse a esa realidad?

Lo que hicimos primero en el año 2018 fue adaptar nuestra propia ley, que ahora se llama Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, y que se adapta completamente al Convenio de Estambul. Ya Castilla-La Mancha había sido pionera porque fue la primera comunidad de España en tener una ley para prevenir y luchar contra los malos tratos, como se llamó la legislación de 2001, tres años antes de que se aprobara la ley estatal contra la violencia de género de 2004.

Estamos convencidas de que cada administración, en el ámbito de sus competencias, debe armarse y pertrecharse con todos los medios posibles para que una mujer que es víctima de violencia de género sepa que estamos ahí, que hay una mano permanentemente tendida. Y esta ley nos ha permitido poner en marcha iniciativas nuevas para cumplir con necesidades, como por ejemplo el programa a mujeres víctimas de agresiones sexuales, los programas de atención psicológica a menores que han sufrido la violencia de género de forma indirecta o directa, ayudas de orfandad para hijos de las víctimas o para aquellos que dependieran económicamente de la víctima asesinada... Todo eso es posible gracias a que tenemos una ley adaptada al Convenio de Estambul y por supuesto también a que existe financiación proveniente del Pacto de Estado, que supone un aporte económico muy importante.

El Ministerio de Igualdad está avanzando en algunas leyes para el reconocimiento de las violencias sexuales, como la del  'solo sí es sí' y otra sobre la trata. ¿Es suficiente o ustedes proponen que debería haber una remodelación de la ley  contra la violencia de género de 2004?

Se han hecho avances, indudablemente, y todos son positivos. Pero creo que no se ha avanzado lo suficiente en el objetivo de la abolición de la prostitución, y cuyo marco de alegalidad ampara en España a una mafia que se lucra tratando como esclavas a mujeres y a niñas en nuestro país. Las trafican desde otros países para explotarlas sexualmente aquí y las tratan peor que al ganado. Un ejemplo: en la primera ola, cuando el país estaba confinado, nos encontramos con que muchos proxenetas habían abandonado a las mujeres a su suerte, muchas veces en los clubs en mitad del campo, sin luz, sin agua corriente, sin comida… sin nada. Ni siquiera al ganado se le trata así cuando deja de tener valor. Imagínese qué concepto tiene el proxeneta de una mujer. Tuvimos que poner en marcha un decreto de emergencia para que pudieran comer, vestirse, sobrevivir.

Gracias a la colaboración con el tercer sector, este decreto nos sirvió para sacar del contexto de prostitución a algunas mujeres. Fue un decreto que nos vino bien para conocer mejor esta realidad. Hay que recuperar esa agenda feminista de tender hacia la abolición de la prostitución. Ahora somos nueve comunidades autónomas que nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto integral y transversal en todo el territorio para intentar sacar de la explotación sexual y la prostitución a mujeres que en este momento no tienen otra salida porque nadie les ofrece alternativas. Hemos diseñado un proyecto muy potente que va desde el ámbito social, psicológico, jurídico, formativo y de empleo, que esperamos que el ministerio financie porque es una experiencia potente sobre cómo, con los instrumentos adecuados, se puede afrontar una violencia de género como es esta.

¿Esto es importante en Castilla-La Mancha? Es decir, ¿existe un problema serio en cuanto a trata y prostitución?

No es distinto al del resto de España. No tenemos un problema mayor ni menor. Es un problema que afecta a todo el país y que hay que afrontarlo como una política de estado. No nos preocupa porque nos afecte más. Nos preocupa porque es una vulneración evidente de los derechos humanos y una esclavitud. Ahora hay movimientos en pro de legalizar lo que llaman ‘trabajo sexual’. No compartimos esa idea porque creemos que tras esa denominación se intenta regular estas situaciones y favorecer a las mafias que se lucran de explotar a las mujeres. Lo que creemos que hay que tomar medidas que tiendan a que la prostitución sea abolida, a que se pene el consumo.

La ley de libertad sexual que se debatirá en el Congreso ¿no apunta hacia ese camino?

Falta aún mucho recorrido. Es verdad que la ley de libertad sexual asume o reincorpora la tercería locativa, que lucrarse del ejercicio de la prostitución es un elemento punible, pero no es suficiente. Creo que hay que dar pasos más decididos y más valientes. Hay muchas expertas que han puesto sobre la mesa del ministerio [de Igualdad] lo que se podría hacer y pediría más valentía en ese sentido. Es un tema transversal. Hay que involucrar no solo a Igualdad, sino a Justicia, a los Cuerpos de Seguridad del Estado… A varios elementos del Gobierno para poder luchar contra las mafias.

La pandemia del coronavirus llega tras una crisis económica que ya había afectado de forma más desproporcionada a las mujeres. ¿Cómo estamos tras esta pandemia? ¿Hemos retrocedido en derechos? ¿Hay que mirar las políticas de una forma distinta?

Creo que donde lo vamos a notar cuando tengamos cierta perspectiva temporal es en la brecha laboral de género. Aún no hay datos con la suficiente perspectiva, pero tenemos que poner ahí nuestra mirada. Al final, la brecha laboral de género se explica porque no compartimos las obligaciones del cuidado en igualdad. Somos las mujeres las que solemos abandonar la carrera laboral, la interrumpimos, renunciamos a ascensos y a puesto de más responsabilidad porque anteponemos esa obligación. Y esto no lo compartimos en igualdad. No creo que haya que renunciar al cuidado de los hijos o de las personas dependientes, pero hay que compartirlo en igualdad con la pareja para que sea justo. Esto nos hará corresponsable no solo a las mujeres y los hombres sino también a las empresas y las administraciones. Es por ahí por donde debemos hacer la reflexión. Y el ministerio [de Igualdad] nos ha puesto a disposición dinero para favorecer la conciliación en el ámbito familiar y laboral con perspectiva de género a todas las comunidades autónomas. En nuestro caso son 16 millones de euros y vamos a aprobar pronto el decreto que regula estas ayudas para favorecer la conciliación. Pero la conciliación es sólo una pata. Hay que hablar de corresponsabilidad porque la brecha laboral de género no se justifica en que haya convenios colectivos o leyes. Lo que existe es una realidad social desigual.

¿A largo plazo, qué se debería hacer para garantizar esa corresponsabilidad?

Esto es un política semilla y vamos a ver cómo funciona. La voluntad es que permanezca, pero la conciliación es transversal. Cuando llegamos al Gobierno, una de las prioridades del presidente Page fue recuperar la ley de dependencia y aplicarla bien. Cospedal destrozó todo lo que tenía que ver con la dependencia. Hicimos un esfuerzo brutal, pensando en los dependientes, pero indirectamente beneficiando a muchísimas mujeres, que son las que asumen los cuidados si no hay un colchón social que ponga la administración encima de la mesa. Las políticas sociales que inciden en el cuidado, aunque su objeto no sea específicamente la conciliación, inciden directamente en la mejora de esta. Hemos recuperado comedores escolares, aulas matinales, daremos un impulso importante en las escuelas de 0 a 3 años. Todo esto incide directa o indirectamente en la conciliación. También la equiparación a nivel estatal de los permisos de maternidad y paternidad es importante.

¿Y cómo se pasa de un concepto de conciliación a uno de corresponsabilidad?

Esto se hace a través de la educación. Si educas a los niños y niñas en igualdad, rompiendo estereotipos sexistas desde la infancia, será más fácil que, no tardando muchos años y con naturalidad, se asuman que corresponde a hombres y a mujeres por igual compartir las responsabilidades con todo lo que esto significa. Es en la educación donde hay que poner énfasis.

Esto estaba ya en la ley contra la violencia de género de 2004 y en la de Igualdad de 2007, pero no se llegó a aplicar.

En realidad sí se hacen muchas cosas. No sé en otras comunidades, pero entiendo que será lo mismo. Sí se nos permite entrar con contenidos de igualdad en las aulas. Es verdad que hay que desarrollar la asignatura de 'Igualdad, tolerancia y valores constitucionales' que han puesto en la ley de educación. Y habrá contenidos de igualdad. Está muy bien que exista una asignatura así, pero igual de importante es formar a los docentes para que puedan identificar y romper los roles sexistas y reflexionar sobre ellos. Cuando son pequeños estos roles no existen y los van adquiriendo. La educación primaria es la clave. En estos momentos, estamos diseñando una estrategia de coeducación para facilitarle a la docencia elementos materiales y curriculares que faciliten su tarea.

Tal vez una de las carencias es la falta de referentes mujeres en los libros de texto.

Esto es clave. Hasta ahora nos hemos circunscrito a que el 8 de marzo visibilizamos a mujeres importantes a lo largo de la historia en al ámbito científico, artístico, filosófico, cultural, político, etc. Pero se localizaba solo entorno a ese día. Lo que queremos con la coeducación es rescatar a las mujeres en los diferentes contenidos curriculares, que tienen impacto importante. Yo me crie sin referentes femeninas y desde pequeña reflexionaba sobre qué pasaba. Esto nos hace mella a todas. Si ves que no tienes referentes de mujeres en ningún aspecto importante de la vida, asumes inconscientemente que no valemos para ello. Por esa razón es importantísimo que desde las aulas se mire esto. Porque mujeres a lo largo de la historia, y a pesar de las dificultades y las represalias, han sido muy importantes.