El histórico acuerdo de los países del G7 para impulsar un impuesto global de, como mínimo, el 15% a las grandes empresas, incluidas las multinacionales tecnológicas, ha sido bien acogido. Estados Unidos ha celebrado el pacto "sin precedentes" y hasta Facebook ha asegurado que la medida dará más "certeza a las empresas", a la vez que reconoce que implicara que las grandes tecnológicas "paguen más impuestos" en diferentes países. El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que esta reforma "permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales".

Para muchos el anuncio del G7 supone una auténtica "revolución", aunque en realidad la medida adoptada es más bien una vieja reivindicación, sobre todo de la izquierda. En España, Podemos viene planteando esta propuesta desde 2016. Entonces la formación morada incluyo en su programa electoral un tipo impositivo mínimo del 15% para las grandes empresas.

Tal como recordaba hace unos días en un tuit, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, la propuesta de la formación morada "fue entonces muy criticada". Incluso se la  llegó a calificar de "extremista" y "comunista" por parte de la derecha.

Además, la medida que este sábado ha aprobado el G7 ya fue incluida en el acuerdo de Gobierno que suscribieron el PSOE y Podemos a principios de 2020. Entonces los dos partidos que forman el Gobierno de coalición acordaron crear un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios, que ascendería al 18% para la banca y las empresas energéticas. Aquel pacto también incluyó subir el IRPF a las rentas altas: dos puntos para rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos por encima de 300.000 euros.

La llegada de la pandemia ha retrasado la entrada en vigor de estas medidas estrellas en materia de impuestos. El pasado mes de septiembre, cuando estaban negociando los Presupuestos del Estado, Álvarez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acordaron posponer la reforma fiscal contemplada en el acuerdo de Gobierno."No hay prisa", dijo entonces Álvarez.

Pese a ello, el Gobierno no ha dejado de trabajar en dicha reforma. Una comisión de expertos está ultimando las propuestas fiscales que el Gobierno quiere presentar el año que viene y entre ellas se contempla la de la imposición del 15% a las grandes empresas.

El objetivo de imponer una tasa mínima del 15% ayudará reducir la brecha fiscal de España respecto a otros países de la Unión Europea (UE). La presión fiscal española (el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB) es de las más bajas de la UE: a duras penas alcanza el 36% del PIB, lo que implica que está siete puntos por debajo de la media europea. De hecho, de los 27 países que componen la Unión Europea, España ocupa la posición 19 por el nivel de ingresos fiscales frente al PIB.

España también está a la cola en recaudación por el Impuesto de Sociedades, así que la fijación de ese 15% a las grandes empresas le vendrá muy bien. El tipo real del Impuesto de Sociedades en España no supera el 12% a pesar de que la ley marca un 25%. Tanto es así, que la recaudación del Impuesto de Sociedades sigue estando muy por debajo de la que se obtenía en 2007, justo antes de la crisis financiera que estalló en 2008. En 2020 el Estado recaudó 15.858 millones de euros frente a los 44.823 que se obtuvieron en 2007.

Se da por sentado que España aumentará sus ingresos con esta medida. La UE ya ha calculado que gracias a este nuevo sistema fiscal, el país podrá ingresar entre 700 y 12.400 millones de euros más al año.