Crisis en Navantia Vender armas para la guerra o perder los empleos: los partidos en Cádiz eligen trabajo
En el complejo debate que plantea la fabricación y exportación de armamento desde el sector público, en la provincia con mayor paro del país lo tienen claro: cogen el trabajo
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SEVILLA, Actualizado:
Hablar de empleo en Cádiz es hablar del PROBLEMA. Así, con mayúsculas. Es la provincia española (sin contar Ceuta y Melilla) con la tasa de paro más alta, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Jugar con el empleo en Cádiz es un asunto arriesgado.
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Ahí va un ejemplo: “La responsabilidad de que la Bahía de Cádiz se haya convertido en un pozo negro de desempleo y de emigración durante los últimos 40 años tiene nombres y apellidos: PP y PSOE”. Así, tal cual, con estas palabras, “pozo negro de desempleo y de emigración”, describía la situación el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, el pasado viernes en una tribuna abierta enviada a los medios.
Kichi terciaba así, con una misiva, en medio del embrollo que se abrió la semana pasada después de que el ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, decidiese poner en cuarentena el envío de una remesa de 400 bombas a Arabia Saudí, lo que, según diversas informaciones a las que desde luego los sindicatos dieron toda la credibilidad, puso en riesgo, en un efecto dominó, el encargo a Navantia de cinco corbetas por régimen de Riad, cuestionado desde diversos ámbitos por su desprecio a los derechos humanos. Se calcula que durante cinco años se generarían anualmente cerca de 6.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos (1.100 serían empleo directos, otros 1.800 empleos serían en la industria auxiliar del astillero gaditano y otros 3.000 serían empleos indirectos generados por otros suministradores), una cifra muy importante en una provincia con más de 150.000 parados.
Desde que saltó la noticia, que causó honda preocupación en trabajadores y sindicatos de la provincia (creían tener solventado el trabajo hasta el año 2022), solo representantes de ONG han levantado la voz de manera clara contra la venta de armas y la fabricación de buques de guerra. Es este, el de los contratos militares, el de la fabricación y exportación de armamento desde el sector público, un asunto muy complejo, que afecta a las relaciones internacionales, y que mueve también a reflexiones que tienen que ver con temas como el pragmatismo, la coherencia política y la propia hipocresía de la, así llamada, razón de Estado. La elección, por usar palabras de Kichi, entre paz o pan, o entre muerte y precariedad, si se eligen las palabras de la ONG, provoca contradicciones irresolubles en el plano local.
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Si el Gobierno, y, por tanto, España, decide participar del negocio internacional de la venta de armas, como en efecto así lo hace, poco se puede hacer desde Cádiz, salvo opinar. En la provincia (además de los Astilleros que fabrican los buques) está la base estadounidense de Rota, que genera también por supuesto intensos debates, polémicas, reflexiones y aceptaciones y rechazos de diverso tenor.
En este caso concreto, el de las bombas y las corbetas, las formaciones políticas y los dirigentes políticos de toda la provincia y de todos los colores lo han tenido claro. Al calor de las movilizaciones sindicales, con cortes de carreteras incluidos, el mensaje es nítido: con el empleo en Cádiz no se juega.
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, habló el pasado viernes con el presidente Pedro Sánchez y acordaron que la decisión era garantizar sin fisuras el contrato de las corbetas con Arabia Saudí y, por tanto, los puestos de trabajo en Navantia y la carga de trabajo. El PP, que, estando en el Gobierno cerró el contrato de venta de las bombas a Arabia Saudí, arremetió contra el actual Ejecutivo con el empleo por bandera: “Todo esto demuestra el poco respeto a los gaditanos que nos tiene el gobierno de Sánchez porque ha puesto en peligro un contrato como este, demostrando que cada vez que gobierna el PSOE la lían y generan problemas en los astilleros. Antes eran reconversiones industriales que significaban destrucciones de empleo y ahora, impidiendo la creación de empleo”, dijo Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz.
Kichi expresó con estas palabras la complejidad que presenta el tema para una persona comprometida con los derechos humanos: “Mi posición personal es sobradamente conocida y clara, aunque en su momento me costase desencuentros con personas de mi ámbito político. Pero me reitero una vez más en ella si hace falta: ¡que vengan los pedidos!, los firmados y los que estén por firmar, pero que, para intentar eludir responsabilidades que son de su más estricta competencia, porque son ellos [el Gobierno] los que dirigen y controlan Navantia, no vuelvan a atreverse a intentar ponerme en la misma situación de hace unos meses, en la que parecía que quien tenía que firmar los contratos era yo personalmente”.
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Plan estratégico para Navantia
En plena crisis, Navantia ha convocado una reunión para retomar con los agentes sociales el Plan Estratégico 2018-2022, como le pedía la oposición y el propio PSOE andaluz. Las últimas reuniones entre la empresa y sindicatos habían tenido lugar antes del verano, según recoge Europa Press, cuando el contrato para la fabricación de las cinco corbetas se acababa de firmar y suponía un verdadero balón de oxígeno para el saneamiento de la empresa pública naval.
La estabilidad del empleo en los astilleros es una cuestión vital, estratégica, en Cádiz y en Andalucía. “Hace años que podía haberse puesto en marcha una política de diversificación de la producción, equilibrando los pedidos de la industria militar con la civil, la comercial, la eólica de off shore… pero no. Nuestros gobernantes prefirieron condenar a Navantia a los vaivenes antojadizos de economías ajenas a nosotros mismos. Y así nos va”, opinaba Kichi en su tribuna.
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“Carga de trabajo, plan industrial, diversificación de la producción, rejuvenecimiento de las plantillas, capítulos presupuestarios suficientes y claros, esto es lo que hace falta. Ya lo hemos dicho, -agregaba el alcalde de Cádiz- hemos presentado propuestas, como partido, con los colectivos y sindicatos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más les hace falta para comenzar a pensar y a actuar de manera diferente para lograr objetivos distintos? Déjense de la constante zozobra de sus excusas. Ahora les toca dar la cara y demostrar que en esta ocasión estarán con nuestros astilleros y con todas esas familias a las que una vez nos dejaron en la estacada. ¡No escurran más el bulto y garanticen la carga de trabajo para nuestros astilleros!”.
Antonio Sanz también reclamó al gobierno socialista que afrontase la negociación del Plan Estratégico para Navantia. “Ya va siendo hora porque lo ha dejado congelado cuando el anterior gobierno del PP ya lo tenía muy avanzado. En el plan se hablaba de rejuvenecimiento de plantilla, de nuevos trabajadores para la empresa, de Navantia 4.0 y de 11.500 millones de euros en inversiones, por lo que está mucho en juego”.
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“Entonces -escribió Kichi- y ahora mi sitio está con los trabajadores y trabajadoras del metal, desde donde les exijo tanto al PP en aquel momento, como al PSOE ahora, que no sean cobardes, que no engañen, que no escurran el bulto y que, de una vez por todas, se pongan a trabajar para asegurar el sostenimiento de la carga de trabajo, para generar empleo de calidad y la soberanía suficiente como para garantizar también el respeto a los Derechos Humanos, para que nadie nos obligue a decidir entre defender el pan o la paz. ¡Devuélvannos nuestro futuro! el futuro de nuestros astilleros y el de las familias de toda la Bahía. Ese mismo futuro que un día nos robaron”.
“Hemos trabajado muchos y durante mucho tiempo por ese contrato. Y queremos, y así se lo hemos pedido al Gobierno, que tiene que garantizar el empleo, el contrato y ese horizonte de esperanza que la bahía merece”, dijo la presidenta Susana Díaz.