La UE deja sin compensación a los accionistas y acreedores del Popular

Los accionistas y acreedores del desaparecido Banco Popular no tienen derecho a compensación, dictaminó el miércoles el regulador de la Unión Europea a cargo del asunto. "La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido que no se debe pagar ninguna compensación a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular Español", dijo el regulador en un comunicado.

Según añadió, la decisión se justifica por el hecho de que los acreedores del banco, que fue cerrado por la JUR (o SRB, por las siglas en inglés de Single Resolution Board) en junio de 2017 con un procedimiento de resolución (y que fue adquirido por el Banco Santander por un euro), no habrían acabado en una situación mejor en un procedimiento de insolvencia normal, que habría tenido mayores costes.

Esta decisión está basada en una evaluación posterior a la resolución que ha elaborado una consultora independiente y en el análisis de los comentarios que las partes involucradas remitieron anteriormente, ha explicado el organismo europeo en un comunicado.

"Esta decisión cierra el proceso para analizar si una insolvencia habría supuesto un mejor resultado para los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados. Está claro que no es así", ha resumido la presidenta de la JUR, Elke König. "Entiendo que sea decepcionante para aquellos que han perdido, pero demuestra que el marco de resolución es efectivo y protege a los contribuyentes y a la estabilidad financiera", ha añadido la alemana.

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso sobre el rescate bancario. EFE/J.P. Gandul

La JUR ya había anunciado en agosto de 2018 su decisión preliminar de no dar compensación, tras lo cual abrió un proceso de "derecho de audiencia" para que acreedores y accionistas pudiesen presentar sus argumentos.

La JUR ha evaluado desde entonces 2.856 de estas opiniones, que también han sido analizadas por Deloitte, al que se considera valorador independiente, y ha confirmado su conclusión preliminar.

La JUR ordenó la resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017 después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarase que era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera a ser al considerar que era necesario para salvaguardar el interés público y la estabilidad financiera. La resolución, la primera ordenada por la agencia comunitaria creada al calor de la crisis financiera, fue ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español.

Tras la misma, se encargó a Deloitte (que había elaborado los informes que sirvieron de base para ordenar la resolución) una valoración a posteriori de la operación para determinar si, como exigen las reglas comunitarias, fue más ventajosa para inversores y depositantes que una liquidación al uso.

Este informe final, publicado parcialmente en 2018, señala que la liquidación de la entidad habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, por encima de los 11.400 millones que costó la resolución, y que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada.

Además, el informe señala que una liquidación habría afectado a los depósitos garantizados de la filial del Popular Banco Pastor obligando a intervenir al Fondo de Garantía de Depósitos.

La decisión de la JUR en 2017 provocó un aluvión de demandas ante la justicia española y europea que aún deben dirimirse. EFE

Los mexicanos afectados califican la decisión de "lamentable"

Por su parte, el grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle y autodenominados MIG han calificado de "lamentable" la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a ningún afectado por la resolución y posterior venta de Banco Popular.

Los inversores mexicanos explican que resulta "lamentable" que dos años y medio después de que se produjera la resolución siga existiendo "falta de transparencia" sobre el proceso, tanto por parte de las autoridades europeas como de las españolas.

Además, el MIG señala que no se trata del hecho de que un procedimiento de insolvencia hubiera sido mejor para los inversores que la decisión que finalmente se tomó, sino que el problema deriva de las irregularidades cometidas que llevaron a una resolución "injustificada de un banco solvente".

En opinión del grupo de accionistas, Banco Popular se mantuvo como una institución financiera solvente y valiosa hasta el final, a pesar de los desafíos financieros que tuvo que afrontar en el periodo previo a la resolución en 2017.