¿Dónde están, tres años después, los 34 millones del Castor?

El fallido proyecto del almacén de gas Castor, en la costa mediterránea, sigue teniendo pendiente un peliagudo fleco tres años después de que el Constitucional desarmara el tinglado financiero que iba a sostenerlo y cuando ya lleva más de seis fuera de servicio por los terremotos que provocaba: ¿recuperarán los consumidores de gas los más de 34 millones de euros (32,4 más 2,1 en intereses de demora) que comenzaron a pagar a través del recibo precisamente cuando se concretó el fiasco?

La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, a cuya Sala de lo Contencioso ha pedido la patronal multisectorial catalana Cecot (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa) que ejecute las sentencias en las que ha ido condenando al Gobierno a devolver ese dinero, una medida que el ejecutivo pretende eludir pese a esas resoluciones judiciales.

Así consta en la respuesta del ejecutivo a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, en la que asegura que ese dinero "se destinará al sostenimiento de otras instalaciones del sistema gasista, disminuyendo el coste soportado por los consumidores". "Cabe concluir que con el reintegro de esta cantidad al mecanismo de liquidaciones se puede considerar que la devolución de estas cantidades a los consumidores ya ha sido ejecutada", añade.
Es decir, que salvo que el Supremo le enmiende la plana, el Gobierno ha decidido no devolver ese dinero a los consumidores de gas, tanto particulares como empresas, a los que se lo cobró de manera indebida para financiar el Castor, una situación que quedó interrumpida en 2017 pero que se habría mantenido hasta el año 2044 de no haber sido por la demanda de Cecot.

"Ese dinero no se ha evaporado"

"Es injusto, y lo peor es que volvemos a un modelo de impunidad y de no transparencia ante el que es positivo enviar señales de que hay control, de que somos ciudadanos y no súbditos", señala David Garrofé, presidente de Cecot, que se refiere al Castor como "un desastre de infraestructura que no se utiliza ni se mantiene y que va a costarnos dinero a todos".

"Ese dinero no se ha evaporado, y es injusto que los consumidores no lo recuperen. Por eso hemos pedido la ejecución de las sentencias, en las que los jueces dicen que ese dinero debe ser devuelto a quienes lo pagaron", añade. Las sentencias obligan a la Administración a "adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la Orden que se declara nula".

Mulet rechaza también el posicionamiento del ejecutivo. "No compartimos el trato que se está teniendo hacia esta empresa, a la que se le ha permitido todo sobre el territorio" y a la que "se le pagaron cantidades millonarias por su ineptitud", señala en relación con Enagás, para acabar tomando sobre los reintegros una decisión que "altera la situación de los mercados y perjudica los derechos e intereses de los consumidores de forma clara".

El senador de Compromís calificó de "extraña" la decisión de "no devolver un dinero cobrado ilegalmente, cuando su procedencia es tan clara y existen facturas que facilitan la devolución o compensación".

La empresa cobra en 35 días, los usuarios pagan 30 años

El Castor, cuya plataforma sigue en el horizonte del mar frente a la confluencia de las provincias de Castelló y de Tarragona, era sobre el papel un innovador proyecto que iba a servir para almacenar bajo tierra una reserva estratégica de gas en un proyecto que, impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y rematado por el de Mariano Rajoy, se reveló un fiasco cuando, nada más entrar en servicio a mediados de 2013, comenzó a provocar movimientos sísmicos que se dejaban sentir hasta en Teruel.

Esa situación llevó al ejecutivo a ordenar su ‘hibernación’ en 2014, una decisión que acompañó de una polémica medida: indemnizar a la empresa que construyó el depósito y había comenzado a gestionarlo (Escal, liderada por la ACS de Florentino Pérez) con 1.350 millones de euros que recibiría de la pública Enagás y que esta financiaría con un crédito por esa cuantía contratado con Santander (700 millones), Caixabank (450) y Bankia (200) y cuya amortización, con un interés del 4,26%, sería asumida por los usuarios del sistema de gas a través del recibo.

Escal cobró en 35 días y los usuarios iban a pagar durante treinta años lo que los autores intelectuales del sistema bautizaron como "derechos de cobro", que no dejaban de ser en la práctica las cuotas de un crédito cuyos intereses iban a subir a 500, 350 y 150 millones para los bancos al final de la operación.
¿Por qué tumbó ese tinglado el Constitucional? Básicamente, porque la mezcla de desidia y de creatividad presente en el proceso había llevado a los gobiernos a otorgar una concesión sin determinar previamente las condiciones de un eventual rescate, ni en lo referente a la cuantía ni a la propiedad de las instalaciones, para, después, establecerlas de manera urgente por la vía del decreto.

Condenado a pagar 1.400 millones por algo carente de utilidad

La respuesta a Mulet recuerda cómo los recargos del recibo del gas ascendieron a 1,59 millones de euros en diciembre de 2014 y a 15,71 en los cuatro años siguientes, aunque los dos últimos ya no fueron ejecutados. "La cantidad total reconocida en el periodo 2014-2016 es de 32.930.177 euros, si bien la cantidad efectivamente pagada a Enagás fue inferior, concretamente de 32.484.731,88 euros", señala.

Paralelamente, los bancos recibieron entre 2016 y 2018 un total de 141,16 millones de euros mientras quedaban suspendidas remesas por valor de 100,8, una decisión que llevó a los bancos a demandar al Estado para cobrar el total del dinero. Y hace dos meses el Supremo les dio la razón, lo que abre la vía a que cobren los 1.350 millones.

El cruce de sentencias y pleitos, que obliga al Gobierno a pagar casi 1.400 millones por algo carente de utilidad, ni termina ahí, ya que paralelamente, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) reclama 368 millones a las entidades financieras mientras en la vía penal el juez sienta en el banquillo a la propia Escal y a dos de sus directivos como presuntos autores de un delito ambiental.

En el ámbito político, la Mesa del Senado mantiene en un cajón la petición de 25 senadores encabezados por Mulet para activar una comisión de investigación sobre el polémico almacén de gas unos años después de que la mayoría del PP rechazara el primer intento.