MADRID. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panamá en lugar de investigaciones porque con estas últimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando así que se les pueda acusar de delito fiscal. Recuerda los casos del HSBC, los Pujol o el LGT de Liechtenstein, en los que Hacienda primero abrió investigaciones, éstos presentaron declaraciones complementarias antes de que la Agencia pudiera dar otros pasos.

La diferencia entre iniciar primero una investigación, antes que una inspección es "la ventaja" que se da al contribuyente, según explica el portavoz de GESTHA, José María Mollinedo. Ya que mientras una investigación no conlleva comunicación al interesado y durante el tiempo en el que se le investiga, si éste tiene indicios de ello, puede realizar una declaración complementaria para tributar por lo que no ha declarado con anterioridad en renta o patrimonio.

De esta forma, sólo tendría que pagar la cuota que no había declarado más los intereses de demora. En el caso de que el patrimonio no declarado estuviera en el exterior o en un paraíso fiscal, desde el año 2013, con la nueva legislación tributaria, si se realiza una declaración complementaria, el contribuyente debe pagar una sanción de 5.000 euros por cada bien que no hubiera declarado con anterioridad, con un mínimo de 10.000 euros.

Sin embargo, si se inicia una "inspección", según explica Mollinedo, ésta se debe comunicar al contribuyente, interrumpe el periodo de prescripción, pueden conllevar sanción y delito fiscal, dependiendo de la cuantía de la cuota defraudada (a partir de 120.000 euros es delito fiscal) y aunque se haga una declaración complementaria, eso no exime al interesado de las responsabilidades posteriores. Lo que pagase en la complementaria se consideraría pago a cuenta.

Desde que se comenzó a aplicar la nueva normativa fiscal en 2013 para el capital y los bienes sitos en el extranjero y no declarados, la ley prevé que lo aflorado se considere como una ganancia patrimonial no justificada en el último año no prescrito, que ahora sería 2011. Esas ganancias pasan a tributar en el IRPF a la escala progresiva y por lo general, en el último tramo de ingresos, es decir que en el mejor de los casos, tributarían entre el 44 y el 47 por ciento.

El portavoz de GESTHA señala que a esa tributación se le añade una sanción por infracción tributaria "muy grave" que es del 150 por ciento de la cuota defraudada. Y además, desde 2013, este tipo de delitos fiscales no prescriben.

Los Pujol hicieron complementaria antes de la inspección

Mollinedo pone varios ejemplos en los que la apertura de una investigación previa, antes de realizar una inspección, han contribuido a que el defraudador no tuviera sanción tributaria ni fuera acusado de delito fiscal. Entre ellos, cita la regularización que realizó la familia Pujol en el año 2014 cuando se supo que iban a llegar los datos que se habían pedido a Andorra mediante una comisión rogatoria.

También recuerda la complementaria que hicieron los clientes del LGT de Liechtenstein, cuando se descubrió que el servicio de espionaje alemán había comprado un disquete a un empleado de esa entidad con los datos de los clientes que tenían sus bienes en ese paraíso fiscal. Alemania informó a España de que había 98 cuentas de 190 titulares españoles, la mayoría catalanes.

Estos datos llevaron a realizar una operación policial en agosto de 2008 denominada 'Jade-Limusina', pero se hizo unos meses después de la fuga de la información. Los clientes ya tenían conocimiento y habían realizado declaraciones complementarias en España para librarse de la acusación de delito fiscal y de las sanciones correspondientes.

Ahora, explica GESTHA, al abrir una investigación con los papeles de Panamá, lo primero que se hace es buscar la información, después comprobar uno por uno a todos los contribuyentes afectados, si han declarado en renta y patrimonio, lo que tienen domiciliado fuera y también si han cumplimentado el 750 de la amnistía fiscal y el 720 de la declaración de bienes en el extranjero y finalmente hacer un cálculo de la cuota defraudada. Eso, alega, lleva un tiempo que los defraudadores pueden utilizar para hacer sus declaraciones complementarias de bienes.

Gestha denunció a la agenda por investigar y no inspeccionar

Por estos motivos, el portavoz de Gestha, José María Mollinedo, ha asegurado que el sindicato va a estar "atento" a la actuación de la Agencia Tributaria y advierte de que si consideran que "se hace dejación de funciones" lo pondrán en conocimiento de sus abogados para tomar una decisión al respecto.

No sería la primera vez que los Técnicos de Hacienda denuncian en un juzgado la actuación de la Agencia Tributaria. Ya lo hicieron en el año 2013 a raíz del caso HSBC. También en esta ocasión los datos procedían de un antiguo empleado de la entidad, Hervé Falciani, y el Ministerio de Hacienda francés se hizo con ellos tras un registro en la casa de éste, según recuerda Mollinedo.

Pero en aquel momento, en 2011, la Agencia Tributaria envió una carta a los contribuyentes afectados dándoles un plazo para regularizar su situación antes de iniciar una inspección. "Les dieron una segunda oportunidad", expone el portavoz de GESTHA, quien afirma que la aprovecharon la mayor parte de los defraudadores, que llevaron a cabo su complementaria para aflorar la renta y patrimonio que tenían fuera.

La prueba no se había obtenido por métodos legales

La Agencia alegó entonces, según Mollinedo, que no se abría una inspección por el riesgo de que estos contribuyentes recurrieran a los tribunales "alegando la teoría del árbol contaminado", es decir, que la prueba no se había obtenido por métodos legales, ya que los datos provenían de Suiza y allí es considerado delito la revelación de secreto bancario.

Sin embargo, los contribuyentes que se agarraron a esa teoría, tan sólo unos pocos, y no hicieron su declaración complementaria, tuvieron que recurrir a los tribunales porque Hacienda les sancionó. El portavoz de los Técnicos explica que todos los tribunales rechazaron las demandas y dieron la razón a la Agencia Tributaria y añade que, incluso, en algunos casos, los jueces reprocharon a la Agencia el hecho de haber dado una segunda oportunidad a los que hicieron la complementaria, alegando que desde el primer momento debería haber inspeccionado a todos los que aparecían en esa lista.

Mollinedo recuerda que en aquella ocasión regularizaron nueve miembros de la familia Botin y pagaron un total de 200 millones por las cuotas no declaradas. No obstante el caso llegó a los tribunales, "pero se archivó la instrucción por que no se acreditó por Hacienda que las complementarias fueran incompletas".

Sin embargo, al ver esta sentencia y las de los otros tribunales, que daban la razón al planteamiento que había hecho el sindicato de Técnicos de Hacienda de que había sido necesario inspeccionar directamente, GESTHA decidió en 2013 querellarse por "prevaricación" contra el firmante de la carta de Hacienda enviada a los contribuyentes: el director de Inspección y la Directora de Gestión, quien ordenó un protocolo para que los jefes de gestión atendieran a estos contribuyentes y evitar que otros técnicos tuvieran acceso a la información, cuando, señala Mollinedo, normalmente los jefes de gestión no realizan esa función. Este asunto se está investigando en el juzgado número 37 de Madrid.