"Queremos un impuesto sobre las transacciones financieras común y eficaz y estamos en total predisposición a continuar negociando, pero el planteamiento oficial [auspiciado por el gabinete alemán] va en dirección opuesta a lo que habíamos concebido originalmente". Así de rotundo se muestra el nuevo ministro de Finanzas austriaco, Gernot Bluemel, procedente de las filas del primer ministro conservador, Sebastián Kurz, y que, en el anterior gabinete austriaco, en el que tuvo presencia la extrema derecha del país, ocupó la cartera de Asuntos Europeos.

Bluemel fue aún más contundente a la conclusión de la última reunión del Ecofin. Avanzó que Austria deja el grupo de los diez socios europeos partidarios de instaurar esta tasa, conocida en el argot como Tobin, el apellido del catedrático de la Universidad de Princeton que aconsejó su implantación en todo el mundo en 1971 para acabar con los movimientos especulativos de capital y que, diez años después recibió el Premio Nobel de Economía. Y que con posterioridad sirvió de estandarte reivindicativo de los grupos antiglobalización que surgieron tras el cambio del milenio.

El desmarque de Bluemel contra la "propuesta final" entregada en diciembre pasado a los diez socios por su homólogo germano, Olaf Scholz, y que focaliza la presión fiscal en las compras de activos bursátiles, tiene su origen en la escasa ambición de la norma. A juicio de Bluemel, el plan, tal y como está concebido, "dañaría la actividad económica" y ofrecería margen de maniobra a "los movimientos especulativos", que quedarían fuera de su radio de acción, tal y como recoge Associated Press. La Comisión Europea fue la institución que planteó la creación de este tributo, al que se opone tajantemente la banca, en 2011, tras precisar que la industria financiera había realizado una "contribución perjudicial" a la salida de la crisis de 2008, pese a que tuvieron que recibir milmillonarios programas de rescates a cuenta de los contribuyentes europeos.

El plan de Bruselas, sin embargo, sólo recabó el compromiso de diez socios. Austria, que ahora podría desmarcarse, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez. La tasa Scholz establece un recargo del 0,2% que se aplicaría en la adquisición de acciones sobre compañías que operen, al menos, en uno de los países que participarían en esta iniciativa y cuyo valor de capitalización en los mercados exceda de 1.000 millones de euros. Según un estudio del Ejecutivo comunitario, un gravamen del 0,01% incrementaría entre 16.400 y 43.400 millones de euros los ingresos tributarios; el equivalente al 0,13% ó 0,35% del PIB de la Unión. En otro cálculo con una imposición del 0,1%, la recaudación se dispararía hasta 73.300 o 433.900 millones, tanto como el 0,6% o el 3,54% del PIB.

Sólo a las compras de acciones

La pretensión del ministro socialdemócrata alemán es que los fondos procedentes del 0,2% del gravamen a las transacciones bursátiles sirvan para elevar las pensiones más bajas del país. Pero la oposición austriaca parece firme. Entre otras razones, porque el propio canciller Kurz ha sido tajante en la defensa de la posición austriaca. A su juicio, el plan Scholz no afectaría al amplio y suculento instrumental de operaciones de alto riesgo en los mercados, en alusión a productos derivados -instrumentos cuyo valor deriva de la evolución del precio de otro activo subyacente, como acciones o cesta de valores, divisas, materias primas u otros-; swaps, su expresión de mayor riesgo porque dos partes -inversoras- acuerdan el intercambio de beneficios futuros de dos carteras, cuyo valor depende de la evolución del crudo, de los tipos de interés o del oro, preferentemente, y los llamados estructurados, vinculados al precio del dinero además de a uno o más derivados financieros. La industria de los hegde funds, en definitiva. Catalizadora de los activos tóxicos que propiciaron el tsunami en la banca de inversión y comercial en 2008. Y de la que ha advertido recientemente el Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés).

La institución de la que emanan las líneas maestras de la regulación bancaria global, que alberga en su seno al G-10, el foro de los principales bancos centrales y gendarme, teóricamente, de la estabilidad monetaria. En uno de informes trimestrales, alerta del preocupante incremento del volumen diario de contratación de estos instrumentos de alto riesgo. En concreto, entre abril y junio del pasado año, crecieron en un 29%, impulsadas por la efervescencia de los derivados, especialmente swaps, lo que catapultó las operaciones en este mercado hasta cotas nunca antes registradas en un periodo de tres meses: más de 6,6 billones de dólares. Un tamaño similar a la suma de los PIB de Japón y de España. Y una cantidad muy alejada de los 5,1 billones del segundo trimestre del año precedente, cuando ya se había iniciado el baile de divisas que ha devuelto al dólar a un papel hegemónico entre las divisas mundiales.

La canciller Angela Merkel no parece que vaya a dar su brazo a torcer. Entiende que se pueda seguir negociando, pero asegura que cualquier cambio substancial reportaría la salida de otros cinco socios partidarios de aplicar la tasa financiera. "Es un asunto extremadamente difícil de consensuar", replicó a Viena.

Propuesta diluida de su concepción original

Desde el despacho Cadwalader Wickersham & Taft LLP consideran que el bloque de los diez está mostrando demasiadas distorsiones sobre el alcance y el mecanismo de tasación del impuesto, lo que diluye cualquier intento de poner fecha y números al impuesto a la banca. En opinión de esta firma de asesoramiento jurídico y bursátil hay otro componente que repercute de manera negativa: "Las alegaciones a la responsabilidad de la banca por la crisis de 2008-2010 han pasado a mejor vida; en 2020, este asunto se ha tornado en ingobernable". Es una política que, sin haber muerto, no tiene demasiada vida, explican, que se ha alejado de la sugerencia inicial de Bruselas de gravar el 0,1% de las operaciones de compra de acciones y del 0,01% en la de productos de alto riesgo, con componentes especulativos. Países bálticos como Estonia, donde han arraigado casos de blanqueo de capitales en sucursales de bancos europeos de procedencia rusa, fueron los primeros en desmarcarse de la propuesta de la Comisión. A la que se sumaron otros socios del Este en búsqueda activa y permanente de inversiones hacia sus mercados. Pero, sobre todo, alertan en este bufete, se ha perdido la piedra filosofal del asunto: "Aplicar esta tributación no sólo sobre los mercados regulados, las facilidades crediticias o las inversiones transnacionales, sino también sobre los instrumentos financieros de riesgo elevado".

Además, la ausencia de socios como Holanda, Luxemburgo o Irlanda, economías con ventajas al capital exterior, bien por la benevolencia de su impuesto de Sociedades, en el caso irlandés, o por los beneficios a las entidades de tenencia de valores, que protagonizan fugas tributarias por el cuestionable principio de la sede social corporativa como fuente del gravamen de impuestos -Holanda y Luxemburgo son los ejemplos más nítidos dentro de la UE- tampoco induce a pensar que la tasa financiera vaya a consumarse en el mercado interior europeo. A estas suspicacias se unen las reticencias de los países nórdicos. Alentados por el caso sueco, que la instauró en 1983, bajo el Gobierno del socialdemócrata Olof Palme, a un tipo del 0,5%, pero que dejó un rastro poco alentador porque su recaudación fue inferior a los 100 millones de coronas, lejos de los cálculos previstos de 1.500 millones, y mermas notables en los ingresos sobre plusvalías. En 1990, el 60% de las transacciones de las once principales empresas suecas se realizaban en el Reino Unido. Fue suprimida en 1991, cuando el volumen de negociación bursátil de Estocolmo cayó a niveles cercanos al 98%, desviando sus flujos hacia Oslo y Londres. El no reconocimiento mutuo de una regulación específica dificulta la efectividad de cualquier impuesto. Y el de la tasa Tobin no es una excepción.

La negociación de la tasa Google

Las secuelas sobre la tasa financiera europea se mueven en paralelo al diálogo iniciado con EEUU para la implantación de otro impuesto, el digital, hacia las multinacionales tecnológicas, que han encontrado en la falta de armonización impositiva global un cauce sin límites para optimizar sus obligaciones tributarias. Hasta el punto de protagonizar las más significativas elusiones fiscales. De miles de millones de dólares. En la práctica totalidad de las potencias industrializadas y de los mayores mercados emergentes. A pesar de ello, y paradójicamente, Francia insiste en haber alcanzado un principio de acuerdo con la Casa Blanca en la dirección correcta. Según su titular de Finanzas, Bruno Le Maire, al término de la cumbre de Davos, acordó con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, las bases para una imposición global a las big-techs, que deja atrás la gran línea roja de la Administración Trump de que este gravamen fuera opcional; es decir, que lo pusieran en marcha cada nación de manera expresa. Frente a la tesis gala -y europea- de que se estableciera un bloque regulatorio internacional en esta materia. "Yo no conozco ninguna compañía que se decante voluntariamente por el pago de impuestos", recordó Le Maire, quien incidió en la creación de un "puerto seguro" de normas que eviten los impagos tributarios de estas grandes corporaciones. En este sentido, el ministro francés contó con el apoyo de la OCDE. Su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, animó a que se concrete un pacto global en la sede de su organización. Antes de final de año. Algo que requiere "un firme compromiso y un enorme espíritu político" y evitar la "cacofonía" de las proclamas nacionales. Una propuesta que guarda sintonía con la intención de la UE de poner en marcha esta imposición digital antes de que expire este ejercicio, impulsada por Francia, Italia y España. También Reino Unido se declara partidaria de este avance en 2020, informa Bloomberg.

La OCDE, en paralelo, se ha destacado dentro del mundo multilateral, como un firme impulsor de nuevas reglas comerciales y fiscales contra el proteccionismo. Aunque el FMI se ha sumado a este cambio de paradigma. El club de las naciones industrializadas reclama un nuevo orden económico-comercial que incluya normas tributarias idóneas para generar un adecuado clima empresarial. Algo que, en definitiva, demanda un nuevo mapa impositivo, con nuevas reglas de juego. En un tono poco habitual, la OCDE ha responsabilizado a las hostilidades comerciales del brusco aterrizaje de la economía y lleva desde finales de 2019 solicitando acciones concertadas y contundentes para superar los altos niveles de incertidumbre empresarial y, en un comunicado oficial, solicitan a  "los gobiernos que emprendan pasos decididos y conjuntos para catapultar las inversiones y establecer reglas de fair-play fiscal y comercial", en beneficio de la libre circulación de mercancías, bienes y servicios. "Sería un error de bulto considerar estos cambios tarifarios como factores de orden temporal que pueden ser corregidos en cualquier instante por políticas monetarias o fiscales; son virajes estructurales", aclara la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone. "Sin una coordinación sobre las reglas del juego comercial y sobre la imposición mundial se generará mayor incertidumbre en cuestiones como la transición energética o los daños que una ralentización económica -con riesgos de contracción en alguna de las grandes economías- puede ocasionar sobre el ciclo de negocios y el clima empresarial".

La OCDE, que ha asumido el papel ideológico en materia de tributación internacional, admite que la lista de multinacionales que controlan la empresa desde un país, tiene registrada su actividad en otro, y elude el pago de sus tributos en ambos, es cada vez más amplia. Y que los negocios, en la actualidad, operan con elevados componentes digitales, por lo que su prestación de servicios está vinculada a activos intangibles; entre otros, los derechos de explotación y los de propiedad intelectual, desde patentes a logos. Escenarios que propician pérdidas masivas de ingresos en la práctica totalidad de las arcas de los Tesoros nacionales. Y fugas que supera cada año, según la OCDE, los 240.000 millones de dólares. El 10% de lo que se recauda por los impuestos de sociedades. Estimación conservadora, advierten en esta institución multilateral, porque estos datos no tienen en cuenta el recurso de dirigir declaraciones impositivas de empresas a paraísos fiscales o centros off-shore. Las 500 mayores corporaciones de EEUU tienen más de 2 billones de dólares (equivalente al PIB italiano) de sus beneficios en jurisdicciones de baja tributación, el doble que en la década de los ochenta.
Francia dice haber alcanzado un principio de acuerdo para imponer un impuesto digital global con EEUU, en medio de peticiones de la OCDE para transformar el mapa tributario internacional en la lucha contra la evasión fiscal y el proteccionismo comercial