El Supremo condena a dos bancos por cargar una deuda al Gobierno de Aragón

No solo los consumidores han sufrido los abusos de la banca en España: el banco Ibercaja y la caja rural Bantierra deberán resarcir al Gobierno de Aragón por los casi tres millones de euros que le ejecutaron de más, tras un acuerdo con un constructor, por su aval para un créditos que el Real Zaragoza SAD dejó de devolver poco después de declararse insolvente en 2011.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por las dos entidades financieras y ha ratificado las sentencias condenatorias que previamente habían emitido el Juzgado de Primera Instancia número 14 y la Audiencia Provincial de Zaragoza, que dictaminaron que los bancos provocaron a la comunidad autónoma un “perjuicio que no se puede negar” de 2,88 millones de euros.

Y lo ha hecho con pocas dudas sobre la consistencia de las resoluciones de los tribunales zaragozanos: rechaza tres de los argumentos de las entidades financieras por “carencia manifiesta de fundamento” y otros dos por defectos formales como no aclarar qué presuntas infracciones estaban denunciando.
El auto, que pone fin a un pleito iniciado hace cinco años, obliga a Ibercaja y Bantierra a devolver al Gobierno de Aragón 1,4 de los 2,88 millones de euros que le ejecutaron de más en el aval y a asumir el resto o reclamárselo a la compañía deportiva, lo que, según explicaron fuentes jurídicas, complicaría un poco más la asfixiante situación económica de esta última, cuya deuda todavía ronda los 80 millones de euros. También las condena a pagar las costas del pleito, como ya hizo la Audiencia de Zaragoza, lo que añade a la factura final algo más de medio millón.

Dos choques entre el Gobierno y la banca

La ejecución del aval del Gobierno de Aragón, una polémica operación incluida en los presupuestos de 2004 que tenía como finalidad sanear económicamente la entidad, que dos años después cambiaría de propietario, ya ha provocado dos choques entre la comunidad autónoma y sus dos principales entidades financieras: una, cuando el Gobierno PP-Par de Luisa Fernanda Rudi decidió demandarlas en marzo de 2014 por este asunto; y otra, cuando el ejecutivo PSOE-Cha de Javier Lambán ordenó en agosto de 2015, antes incluso de la primera sentencia, dejar de pagar las cuotas.

Esta última decisión impidió que el agujero para las arcas autonómicas hubiera alcanzado en marzo de 2016 los 5,1 millones de tope que marcaban los contratos. Cuando se suspendieron los pagos, la comunidad llevaba desembolsados 3,88 millones de euros en plazos trimestrales de 340.740 euros.

La historia se remonta a marzo de 2004, cuando el Real Zaragoza, controlado entonces por Alfonso Soláns, dueño de la marca de colchones Pikolín y promotor del polémico hipermercado Torre Village, contrató, para sanear su situación económica, tres créditos que sumaban 24 millones de euros con Bantierra, Ibercaja y CAI, esta última absorbida en 2014 por la anterior.

La compañía deportiva avaló uno de los créditos con las instalaciones de su ciudad deportiva, mientras Soláns se hacía cargo personalmente de otro y la comunidad autónoma aparecía como fiadora del tercero en “unidad de operación con una finalidad de interés público” con las entidades financieras.

“Un perjuicio que no se puede negar”

En 2011, poco antes de que el Real Zaragoza se declarara insolvente, los bancos y el constructor Agapito Iglesias, que llevaba cinco años como principal accionista de la entidad, alcanzaron un acuerdo por el que, dentro de una operación inmobiliaria tasada en 13,5 millones, el crédito inicialmente asumido por Soláns, que había pasado a manos de dos empresas del nuevo propietario, quedaba saldado.

Ese pacto, sin embargo, no afectaba al préstamo avalado por el Gobierno de Aragón, cuyas cuotas dejaría poco después de atender la empresa deportiva. Y las entidades financieras optaron por comenzar a ejecutar los impagos al fiador.
La comunidad autónoma siempre mantuvo que, al tratarse de una operación financiera en la que prestamistas y avaladores actuaban de manera coordinada para sanear el Real Zaragoza, el dinero de la operación inmobiliaria debería haberse aplicado de manera proporcional a amortizar los tres créditos y no solo a uno de ellos, ya que eso quebrantaba la unidad de actuación. Y los tres tribunales que han visto el caso le han dado la razón.

“Las entidades [financieras] tuvieron a su disposición una cantidad de dinero que procedía de un fiador solidario”, señala el Supremo, que destaca que esos fondos no fueron aplicados “de forma proporcional a los tres préstamos, sino a uno solo, lo cual es una actuación en contra de la equidad pactada” que provocó al Gobierno de Aragón un “perjuicio que no se puede negar en cuanto el importe del préstamo pudo ser reducido y con ello la responsabilidad derivada del aval”.