El Supremo abre la puerta a municipalizar el autobús urbano de Zaragoza por las irregularidades de la contrata

El Tribunal Supremo ha avalado con un pequeño retoque la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictaminó que el concurso que acabó con la contrata del autobús urbano de Zaragoza acabó en manos de la multinacional mexicana ADO (Avanza) para una década incluyó varias irregularidades que conllevaron la eliminación de la puja de la Cooperativa Urbana de Trabajadores, la mutualidad de los empleados de ese servicio público privatizado.

Y eso sitúa al ayuntamiento en una encrucijada en la que debe optar por rescindir el contrato y tramitar un nuevo concurso, lo que incluye liquidar el actual; por remunicipalizarlo y devolverlo a la gestión pública o, caso de que estos lo pidieran, por indemnizar a la cooperativa.

Este tercer supuesto, que según la Cámara de Cuentas acarrearía unos pagos de 33,6 millones de euros (4,8 por el lucro cesante de cada año), parece, sin embargo, descartado.

"Entendemos que esta sentencia obliga al ayuntamiento a convocar un nuevo concurso y a rescindir el contrato con Avanza", explica Julio Murillo, presidente de la cooperativa, que deja claro que "municipalizar el servicio era y es nuestra prioridad. No queremos indemnizaciones, reclamamos al consistorio que se deje de contratas y gestione directamente el servicio".

“Dijimos desde el principio que era un concurso a medida”

La contrata fue adjudicada el 19 de abril de 2013 a ADO por un periodo de diez años prorrogables por otros cinco y con un coste 801,35 millones de euros, según certificó la Cámara de Cuentas.

Eso ocurrió tras un concurso que "dijimos desde el principio que se había hecho a medida" de la concesionaria, que explota el servicio bajo la marca Auzsa (Autobuses Urbanos de Zaragoza), indica Murillo.

El TSJA no fue tan explícito, o quizás sí, cuando sentenció que "desde luego, lo que no parece justificado es que se obligue a modificar la forma societaria de cooperativa en sociedad anónima", y que ponerle trabas a los trabajadores equivale a colocarse "enfrente del deseo del poder constituyente que pretendió el fomento de las sociedades cooperativas y el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

"Es difícil que haya otras empresas que pueden presentarse a la licitación, convirtiendo la concesión en una práctica monopolística" en esas condiciones, añadía, ya que otra de las cláusulas declaradas nulas exigía probar una "experiencia exclusiva" en un contrato similar. El TSJA consideró ese requisito como "un trato discriminatorio y no proporcional" y como una "barrera infranqueable" que daba "un trato desigual a los licitadores" y creaba "una situación de ventaja y contraria a la normativa" a favor de la multinacional, cuando el mero hecho de "haber sido trabajador de la empresa de transportes (…) conlleva solvencia" para optar a la adjudicación.

“Si se comprometen a municipalizar, desaparecemos”

El Supremo ha avalado ahora el criterio del tribunal autonómico en una sentencia en la que sostiene que este último anuló "certeramente" las cláusulas referentes al tipo de empresa y a la experiencia previa, aunque admite que no explicó con claridad por qué censuró la exigencia de presentar las cuentas de los últimos tres años y una declaración sobre el volumen de negocio como uno de los criterios para probar la solvencia económica de los candidatos a la contrata municipal.

La resolución del Supremo, que critica la "falta de seriedad" de algunos puntos del recurso de Avanza frente al "acierto" de la sentencia inicial, abre un plazo de dos meses para que el ayuntamiento zaragozano tome una decisión sobre la contrata del bus.

"Teníamos todo el derecho a presentarnos", señala Murillo, pero ahora, una vez confirmadas las ilegalidades del proceso de adjudicación,  "si se comprometen a municipalizar el servicio, nosotros desaparecemos".

La sentencia del TSJA que declaraba ilegales las cláusulas llegó poco antes de que otra decisión judicial, en este caso de la Audiencia de Zaragoza, descartara que algún miembro del equipo de gobierno de Juan Alberto Belloch hubiera delinquido en el proceso de adjudicación de la contrata.