Los sindicatos denuncian el uso fraudulento de la figura de las empleadas del hogar en la economía informal

Un reciente informe del Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d'Empresa i Treball situaba en el 30% la cifra de mujeres ocupadas en Catalunya en el ámbito del trabajo del hogar y los cuidados que lo hacen sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Para intentar revertir esta situación, la ley establece que a partir del 1 de enero de este año, debe ser necesariamente la persona quien contrate el servicio la que le inscriba en el registro.

El sector, que supone el 0,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) de Catalunya y emplea a unas 80.000 personas, abusa de la informalidad, es decir, ocupa mayoritariamente trabajadoras que no constan en la Seguridad Social. Más allá de ese fenómeno que se arrastra desde hace décadas y que se ha intentado corregir con un cambio normativo en 2012, fijando la obligatoriedad de cotizar por todo el personal del hogar independientemente de las horas trabajadas, los sindicatos UGT Catalunya y CCOO Catalunya alertan de una práctica que sirve para perpetuar la precariedad del colectivo.

Se trata de utilizar la figura de empleada del hogar en tareas que van más allá y requieren una formación especializada como son los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD), normalmente gestionados por los servicios sociales de los ayuntamientos.

Las administraciones se han visto forzadas a mejorar las condiciones del colectivo de las empleadas del hogar a partir de la reforma legislativa de 2022, aprobada después de la ratificación por parte del Estado español del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta en el artículo 14 a que todas las trabajadoras del hogar tengan unas condiciones en materia de protección social igual de favorables que el resto de personas trabajadoras.

El propio Departament d'Empresa i Treball admite que "a pesar de los cambios normativos, los datos muestran como el cuidado del hogar es todavía una actividad con elevadas tasas de trabajo informal (del 30%), por lo que una parte importante de las relaciones laborales que se establecen quedan al margen de la regulación vigente". Este hecho tiene consecuencias en la regulación de las condiciones de trabajo del colectivo y su exclusión de los mecanismos de protección social.

Desde el sindicato UGT Catalunya, su secretaria de Políticas Sociales, Enriqueta Duran, pone el foco en una doble realidad: la de las mujeres, normalmente autóctonas, que realizan el trabajo del servicio doméstico, y las migradas, que se centran en la atención a las personas sin disponer de la formación adecuada. Según los cálculos del sindicato, en Catalunya, un 30% de las trabajadoras del ámbito doméstico no solo no cotizan en la Seguridad Social, sino que no disponen ni siquiera de permiso de residencia.

"Es un colectivo desfavorecido de unas 30.000 mujeres, que son víctimas de la perversión del concepto de atención y servicio doméstico", denuncia Duran. Son mujeres que no constan en los registros oficiales de Inmigración y que están ocupadas sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Un agujero negro

Aunque el Estado ha suscrito recientemente el convenio 189 de la OIT, que concluye que el colectivo debe estar incluido en un régimen específico dentro de la Seguridad Social, Duran recuerda que se trata de mujeres "sin derecho a el paro ni a indemnización alguna y no se ha definido su protección en ámbitos como los riesgos laborales o en el desistimiento de un contrato". Estas trabajadoras del hogar que realizan tareas de atención a las personas forman parte de lo que se conoce como economía informal.

La responsable de UGT incide en que "son mujeres que hemos decidido que deben cuidar a nuestros mayores, sustituyendo las tareas habituales de los servicios sociales y la atención domiciliaria con una nueva versión del trabajo low cost".

De hecho, Duran advierte que, aunque algunas trabajadoras del hogar estén contratadas por sus empleadores, se da la situación que prestan labores de Servicios de Atención Domiciliaria (SAD), cuando deberían hacerlo únicamente como empleadas domésticas. En una línea similar la responsable de Nuevas Realidades del Trabajo, Territorio y Migraciones de CCOO Catalunya, Aurora Huerga, reafirma "la dificultad para distinguir entre una trabajadora del hogar, que solo debería limpiar, y las personas cuidadoras, que deberían especializarse y acumular una formación". Además, señala que las tareas forman parte de convenios laborales distintos, aunque el de las primeras se encuentra sin definir legalmente.

Las estadísticas, en duda

Huerga rebate la fórmula como se ha elaborado el informe del Observatori del Treball i Model Productiu, ya que "contabiliza a cualquier tipo de persona que entre en el hogar a realizar una tarea, sin discriminar si realiza la limpieza o cuidadora". Por este motivo, la sindicalista se pregunta qué datos se ha utilizado para obtener las estadísticas del estudio Situación del trabajo del hogar y los cuidados en Catalunya, insistiendo en la necesidad de que determinados colectivos requieren una formación específica para ejercer, además de denunciar la asignación automática de roles de género, "dando por supuesto que si es una mujer es la que debe realizar la limpieza y los cuidados".

Fruto de esta carencia de representación y reconocimiento, las trabajadoras afectadas se han constituido en asociaciones, autogestionadas. Una de ellas es Mujeres Unidas entre Tierras, formada por un millar de mujeres que se comunican a través de Whatsapp. Su propósito, según explica su presidenta, Isabel Valle, es "vigilar que se cumpla y ejecute el convenio 189 de la OIT, dignificar nuestras condiciones laborales, alcanzar un salario justo y que las cotizaciones reflejen las horas reales de trabajo, puesto que incluso con contrato de trabajo, los registros no corresponden con la realidad". La asociación tiene la autorización de la Generalitat de Catalunya para llevar a cabo acciones como el empadronamiento de las recién llegadas, manchas de soporte legal o psicológico o la realización de cursos de idiomas.

El surgimiento de estas asociaciones es la constatación de la situación de limbo jurídico en el que se encuentra el colectivo: sin un desarrollo legal, una normativa clara sobre las prestaciones de desempleo que les corresponden o la imposibilidad de cuantificar el volumen de ayudas que recibieron durante el confinamiento las trabajadoras del hogar por la imposibilidad de acceder a los domicilios particulares. El reconocimiento y la definición de su figura, tanto si ejercen como empleadas del hogar u ofreciendo servicios sociales, es uno de los retos que aún deben afrontar las distintas administraciones.