La Audiencia Nacional ha citado al expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato el próximo jueves para comunicarle su ingreso en prisión en el plazo de diez días, a fin de que cumpla su condena de cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black.

Según han informado fuentes jurídicas, el plazo comenzará a contabilizarse el próximo lunes 15 de octubre, ya que únicamente se cuentan los días hábiles; de este modo, el último día para el ingreso voluntario en prisión sería el viernes 26.

La sección cuarta de la sala de lo Penal, en el decreto de ejecutoria conocido hoy, también emplaza a los otros catorce exconsejeros y exdirectivos con penas superiores a los dos años de cárcel, que al igual que Rato deberán acudir personalmente, y entre los que se encuentra el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, sobre quien pesan cuatro años de cárcel.

El pasado miércoles, el alto tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional al considerar que Rato "mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen" que facultó a los titulares a utilizar las tarjetas en su beneficio sin necesidad de justificar los gastos, como si fueran "los dueños del dinero".

Además de a ambos altos cargos, la ejecutoria afecta a los exconsejeros de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga (en representación del PP), Antonio Romero Lázaro (PSOE), Francisco Baquero (CCOO) y Jorge Gómez (PSOE), a los que la sala de lo Penal del Supremo confirmó su condena a tres años y dos meses de prisión por contribuir a mermar el patrimonio de la entidad, con cargos que oscilaban entre los 98.000 y los 266.000 euros.

Junto a ellos, otros nueve usuarios de las tarjetas fueron condenados a penas lo suficientemente elevadas como para ser privados de libertad: tres años de cárcel para José María de la Riva (PSOE), Rodolfo Benito (CCOO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT), y dos años y medio para Francisco José Pérez (PSOE), Miguel Ángel Abejón (UGT), Rubén Cruz (IU), Antonio Rey de Viñas (CCOO), Javier de Miguel (PP) y Ángel Gómez del Pulgar (PSOE).

En total, los quince desembolsaron en distintos tipos de gastos personales -viajes, comidas, ropa, compras en supermercados, retiradas de dinero en efectivo- casi 2,9 millones de euros, de los más de 12 millones que, según ambos tribunales, fueron sustraídos del caudal de Caja Madrid y, más tarde, de la Bankia primigenia.

El Supremo resolvía así los recursos interpuestos por 60 de los 64 condenados en primera instancia por la Audiencia Nacional, y confirmaba la responsabilidad de Rato, quien por su preparación y experiencia no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas.

Pese a ello, apuntaba la sentencia de la que fue ponente el juez Miguel Colmenero, "mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas", primero a su favor -hizo un gasto de 99.055 euros posteriormente reintegrado-, y ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores.

En este sentido, subrayaba que el exvicepresidente del Gobierno "no puede ampararse en ilegalidades anteriores", en alusión a la conducta por la que fue condenado a seis años de prisión su predecesor, Miguel Blesa, fallecido en verano de 2017 y cuya responsabilidad civil fue confirmada hace un año.

Aunque Rato aún puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, expertos consultados por Efe descartan que el trámite paralice el cumplimiento de la condena, ya que al tratarse de una pena de cuatro años y medio por un único delito, no hay opción de suspenderla.

Respecto a los otros 49, sobre los que pesan dos años de prisión o menos, las fuentes apuntan que quedarán en libertad siempre que no cuenten con antecedentes penales y en base a si han reparado el daño; se les suspende así el castigo, aunque se fija un período de seguridad por el mismo tiempo a fin de constatar que no reincidan.