La resaca del ladrillo asfixia al sector público empresarial aragonés

ZARAGOZA .- Nuevo rescate a una empresa pública del sector inmobiliario en Aragón, donde van cinco en unos meses, para evitar su liquidación y tratar de reflotarla. Tres lustros después, los grandes proyectos inmobiliarios residenciales e industriales impulsados por los gobiernos PSOE-Par y PP-Par –y apoyados por el que de ellos estaba en la oposición– han generado una descomunal deuda de más de 600 millones de euros que asfixia al sector público y que obliga a la comunidad y al ayuntamiento de la capital a realizar maniobras y equilibrios financieros para evitar su quiebra. Nunca hubo un plan B por si la burbuja se deshinchaba, y mucho menos ante una eventual explosión como la que llegó.

Un agujero de 400 millones donde se esperaban beneficios

Los socios de ZAV –comunidad (25%), ayuntamiento de la capital (25%), Renfe (12,5%) y Adif (37,5%)- han decidido esta semana reducir a cero su capital social y emitir una nueva serie de acciones valoradas en 13 millones, mientras negocian con la banca la posibilidad de refinanciar cien de los más de 260 millones de deuda que arrastra la sociedad.

Un patrimonio multimillonario… sobre el papel

Así, la situación patrimonial de ZAV apenas difiere de la que presenta el ramo inmobiliario del sector público aragonés: tiene anotados como activos suelos por valor de 210 millones que se devalúan progresivamente tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que, en este caso, los auditores consideran “sobrevalorados” (pdf). La memoria de 2014 ya cifraba el patrimonio negativo en 226 millones, además de recoger una devaluación de casi 250 –de 639 a 390- en esos activos, cuyas subastas quedan desiertas.

La mitad de los activos del sector público autonómico son suelo

Los terrenos y edificios pendientes de venta suponen la mitad de los activos de la corporación empresarial de la comunidad, de la que también forma parte Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), una empresa autonómica que impulsa actuaciones urbanísticas residenciales e industriales a pequeña escala, que mantiene suelos valorados en 131 millones –su deterioro alcanza los 68- y que es, de hecho, la única sociedad pública aragonesa vinculada con el ladrillo que no se halla al borde de la quiebra tras el estallido de la burbuja.