ZARAGOZA .- Nuevo rescate a una empresa pública del sector inmobiliario en Aragón, donde van cinco en unos meses, para evitar su liquidación y tratar de reflotarla. Tres lustros después, los grandes proyectos inmobiliarios residenciales e industriales impulsados por los gobiernos PSOE-Par y PP-Par –y apoyados por el que de ellos estaba en la oposición– han generado una descomunal deuda de más de 600 millones de euros que asfixia al sector público y que obliga a la comunidad y al ayuntamiento de la capital a realizar maniobras y equilibrios financieros para evitar su quiebra. Nunca hubo un plan B por si la burbuja se deshinchaba, y mucho menos ante una eventual explosión como la que llegó.

El de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) es el quinto rescate de empresas públicas del sector inmobiliario en Aragón en apenas un año. Los anteriores afectaron a Expo Empresarial, la sociedad creada para colocar los edificios de la muestra del agua de 2008, y a las plataformas logísticas de Zaragoza (Plaza), Huesca y Teruel, en las que están asociadas la comunidad y los ayuntamientos de esas ciudades –también en la primera-. Supusieron una inyección de 214 millones de euros de las arcas autonómicas -109 para la Expo, 58 para Plaza, 39 en el polígono oscense y 10 en el turolense- mediante créditos participativos, lo que convertirá a la comunidad en el único dueño de las dos primeras si no devuelven los créditos.

ZAV, creada hace casi tres lustros bajo el control del Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos y con la participación de la comunidad y el ayuntamiento con la expectativa de ingresar cientos de millones con los suelos que rodean la estación de Delicias y la antigua de El Portillo, soporta una deuda de 260 millones, acumula pérdidas por más de 20 y tiene cuentas pendientes de saldar por otros 150.

La causa de la situación crítica de las empresas públicas del sector inmobiliario se encuentra en la dificultad, más bien imposibilidad, de colocar sus suelos. “Tienen dificultades para hacer líquidos sus activos y atender así con recursos propios las obligaciones de financiaciones en vigor”, reconocía hace ya un año el Gobierno autonómico. No obstante, en el caso de Plaza, los problemas financieros se unen a una serie de investigaciones judiciales sobre su presunto saqueo, una de ellas con condena en primera instancia por un desfalco de 8,7 millones y en las que la propia comunidad ejerce la acusación.

Un agujero de 400 millones donde se esperaban beneficios

Los socios de ZAV –comunidad (25%), ayuntamiento de la capital (25%), Renfe (12,5%) y Adif (37,5%)- han decidido esta semana reducir a cero su capital social y emitir una nueva serie de acciones valoradas en 13 millones, mientras negocian con la banca la posibilidad de refinanciar cien de los más de 260 millones de deuda que arrastra la sociedad.

Así, la operación acordeón aparecía como la única alternativa posible a la disolución ante la imposibilidad de uno de sus socios, el ayuntamiento, de acudir a una ampliación de capital al estar sujeto a un plan de ajuste. Mientras tanto, Renfe sale del accionariado tras comprometerse a entregar 22 millones de su parte de la deuda.

El cuadro de asfixia es generalizado en el sector público inmobiliario en Aragón, donde los responsables de los tres escalones de la Administración vieron una fuente extraordinaria de ingresos que, años después, ha acabado generando excepcionales problemas financieros.

Un patrimonio multimillonario… sobre el papel

Así, la situación patrimonial de ZAV apenas difiere de la que presenta el ramo inmobiliario del sector público aragonés: tiene anotados como activos suelos por valor de 210 millones que se devalúan progresivamente tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que, en este caso, los auditores consideran “sobrevalorados” (pdf). La memoria de 2014 ya cifraba el patrimonio negativo en 226 millones, además de recoger una devaluación de casi 250 –de 639 a 390- en esos activos, cuyas subastas quedan desiertas.

No obstante, algunas fuentes apuntan a que ese escaso interés formal del sector de la construcción por sus terrenos, situados entre la estación intermodal y el complejo de la Expo, puede ser estratégico, a la espera de que una eventual liquidación de la sociedad los convierta en saldos.

“Relanzar la venta del suelo disponible” es la clave “para garantizar la viabilidad económica de las empresas vinculadas al sector logístico”, señala la consejera de Economía, Marta Gastón, cuyo departamento ha impulsado, a través de la Corporación Empresarial Pública, un plan de comercialización de las plataformas “cuyos frutos se revelaron ya a finales de 2015, casi desde el principio, aunque estos se reflejarán en mucha mayor medida en 2016”.

Hay margen de maniobra, ya que solo Plaza, la Expo y la plataforma oscense suman activos inmobiliarios por más de 300 millones -103, 164 y 42-, aunque tras acumular unas devaluaciones por casi 93 y más de 38 en los dos primeros casos.

La mitad de los activos del sector público autonómico son suelo

Los terrenos y edificios pendientes de venta suponen la mitad de los activos de la corporación empresarial de la comunidad, de la que también forma parte Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), una empresa autonómica que impulsa actuaciones urbanísticas residenciales e industriales a pequeña escala, que mantiene suelos valorados en 131 millones –su deterioro alcanza los 68- y que es, de hecho, la única sociedad pública aragonesa vinculada con el ladrillo que no se halla al borde de la quiebra tras el estallido de la burbuja.

Por el contrario, otra de las firmas emblemáticas de la comunidad no directamente dedicada a asuntos inmobiliarios como Aramón, el holding del esquí, en el que la comunidad está asociada al 50% con el banco local Ibercaja, mantiene una situación angustiosa tras haber tumbado el Supremo sus planes urbanísticos para abrir una nueva estación en Castanesa, donde proyectaba 3.500 viviendas. Poco antes quedaba en el aire por motivos ambientales la creación en Huesca del mayor dominio esquiable de Europa. Ambas operaciones iban a ser financiadas con cargo a desarrollos urbanísticos que, sobre el papel, iban a generar unos beneficios millonarios que, en la práctica, no llegarán.

Pese a sus dispendios, que llegaron a incluir el pago de señales de 36.000 euros para adquirir a 240.000 la hectárea unas tierras que hoy siguen siendo pastos y eriales, Aramón genera en las cinco estaciones que gestiona unos beneficios de explotación con los que sus responsables esperan poder hacer frente a largo plazo a la deuda de 60 que arrastra y a la devaluación de esos suelos, anotados como activos por 28 millones.

Paralelamente, otro de los proyectos emblemáticos de la comunidad en aquellos maravillosos años, el circuito de motociclismo Motorland de Alcañiz (Teruel) pierde 13 millones al año cuando los papeles decían que ganaría 16 y acumula una deuda de 77: lleva 14 años quemando recursos públicos a una velocidad de 2.000 euros por hora.