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La reforma fiscal nace aplazada por la guerra: "Hay que consolidar la recuperación antes de acometerla"

La comisión de expertos que ha estudiado el sistema tributario para sentar las bases del nuevo entrega sus conclusiones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que coincide con el coordinador del grupo en aplacar las expectativas de cambios de calado en los impuestos a corto plazo.

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El presidente del comité de personas expertas para la reforma fiscal, Jesús Ruiz-Huerta (2d), presenta las conclusiones de este grupo de trabajo este jueves 3 de marzo de 2022. — Mariscal / EFE

ZARAGOZA, Actualizado:

"Nos planteamos la conveniencia y la necesidad de consolidar primero la recuperación económica antes de acometer las reformas", aseguró este jueves Jesús Ruiz-Huerta, coordinador del grupo de expertos en derecho y economía que ha elaborado el 'libro blanco' en el que debía basarse la revisión del sistema tributario español que tiene intención de impulsar el Gobierno.

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"Debía", parece, más que "debe", según se desprende de las palabras tanto del coordinador de los expertos como de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que han coincidido en enfriar las expectativas sobre la posibilidad de que esa reforma fiscal pueda acometerse de manera inminente.

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"La pandemia y la guerra de Ucrania afectan a este proceso de recuperación económica, y este elemento es sin duda un hándicap", destacó Ruiz-Huerta, que anotó que esos factores tiene efectos "en el plano tributario porque es más difícil poder aplicar reformas en un contexto como el que estamos viviendo en estos momentos".

El libro, avanzó, recoge "expresamente" la recomendación de no acometer las modificaciones antes de que hayan cesado los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania, previsiblemente intensas en sectores como la industria, la agroindustria y el turismo, sobre el sistema económico español.

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"Nos tomaremos el tiempo necesario"

Montero se pronunció en un tono similar dos horas antes de la comparecencia de Ruiz-Huerta, tras la entrega formal del libro en el ministerio, lo que parece apuntar a un nuevo aplazamiento de una iniciativa recogida en el décimo punto del acuerdo de coalición entre PSOE y UP.

"El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa gracias a un mejor uso de los recursos públicos, a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales", señala ese punto, cuya falta de materialización convivía ya antes con claras diferencias de planteamiento entre los dos socios.

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"Ahora, a partir de este momento, nos toca a nosotros, al Gobierno", señaló Montero, que al mismo tiempo negó explícitamente que vaya a haber "ninguna subida fiscal" a corto plazo mientras, cuando apenas falta año y medio para el final de la legislatura, apelaba al reto de alcanzar "el máximo consenso posible con los grupos parlamentarios" para la "necesaria reforma del sistema fiscal".

"Se trata de pensar en ese medio plazo que requiere nuestro sistema tributario, para que esa reforma estructural se pueda acompasar en cada momento", dijo. "Nos tomaremos el tiempo necesario para leer" el libro blanco y "cuando estemos en condiciones anunciaremos las propuestas fiscales que el Gobierno va a impulsar", añadió.

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"Una reforma estructural exige plazos largos"

La tarea de la comisión de expertos que ha elaborado el 'Libro Blanco del Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario' consistía en analizar cuatro grandes bloques temáticos para que sus conclusiones sirvieran de base a la reforma fiscal que se plantea impulsar el Gobierno de coalición PSOE-UP: por una parte, la fiscalidad de carácter ambiental y la relacionada con los negocios tecnológicos, la primera de las cuales aparece como eventual fuente de nuevos ingresos mientras los segundos se están convirtiendo en una vía de elusión, y, por otra, la regulación del Impuesto de Sociedades, en línea con el debate abierto a nivel global sobre esta figura, y las posibilidades de armonización de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, caso de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, cuya aplicación varía por territorios con casos extremos con la bonificación al 100% de la tarifa del primero de ellos en Madrid.

La intención declarada consiste en darle la vuelta, en mayor o menor medida en función de los apoyos políticos, a un sistema que, en su configuración actual, carga el peso de la aportación tributaria sobre los hogares, que llegan a asumir un 75% del total entre impuestos directos e indirectos, y cuya presión en el ámbito productivo decrece conforme aumenta el tamaño de las empresas.

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Otra cosa son los tiempos y los horizontes, que este jueves volvieron a quedar postergados. "Una reforma fiscal de carácter estructural como la que proponemos a medio y largo plazo exige plazos largos", indicó Ruiz-Huerta, que insistió en que "hay que hacer un buen diseño".

En este sentido, sugirió que el desarrollo de los cambios sea objeto de una planificación previa. "La programación razonada es importante. Ojalá se pudiera hacer una programación a los largo del tiempo de las medidas que ahora tenemos", dijo, al tiempo que recordaba dos de los escollos que el desarrollo de los cientos de propuestas de los expertos puede encontrar en "el marco territorial", tanto por los condicionantes que conlleva formar parte de la UE como los derivados de la estructura interna descentralizada del Estado.

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