El experto en financiación autonómica designado por la Comunidad de Madrid, Jorge Onrubia, calcula que equilibrar el actual sistema de financiación autonómica supondría al Estado una factura entre 10.000 y 12.000 millones si el Gobierno opta, finalmente, por "no tocar" a las forales, País Vasco y Navarra.

En una entrevista, este profesor titular de Economía de la Complutense y uno de los autores del informe de expertos para la reforma de la financiación considera que estos recursos deberán salir de los Presupuestos Generales de Estado y del esfuerzo fiscal de las comunidades de régimen común.

Onrubia se refiere así al hecho de que la mayoría de las autonomías de régimen común reclaman de manera casi unánime a Hacienda acabar con los "privilegios" del País Vasco y Navarra y piden que el nuevo modelo obligue a éstas a aportar recursos de solidaridad interregional.

El experto e investigador de Fedea explica que para costear estos recursos adicionales, entre 4.300 y 5.500 millones podrían venir de un incremento en los tipos de IVA e impuestos especiales propuestos de forma colegiada por las comunidades.

Los aproximadamente 5.000 o 6.000 millones restantes (dependiendo de la cifra que se tome de la horquilla) "los tendría que sacar el Estado de algún sitio. No hay otra", dice el experto.

Y para recabar ese dinero, Onrubia sostiene que el Estado debería, por ejemplo, comenzar por reducir los gastos fiscales especialmente en Sociedades y el IRPF y reordenar las categorías de bienes y servicios en el IVA, además de aumentar los recursos en la lucha contra el fraude.

Pero, finalmente, si las forales (País Vasco y Navarra) no aportan nada a la financiación del régimen común en el nuevo modelo, la factura de 5.000 o 6.000 millones la tendrá que abonar el Estado "en solitario".

En relación con el esfuerzo tributario, este experto considera "chocante" que algunas comunidades soliciten más autonomía tributaria, sobre todo en IRPF, pero salvo Andalucía, todas las regiones que ejercen capacidad normativa en tipos al alza terminan recaudando menos que si aplicase la normativa del Estado.

Para Onrubia lo que, en definitiva, reivindican esas comunidades es que "por otra vía" les lleguen esos ingresos, "mientras ofrecen a sus residentes deducciones en el IRPF".

A su juicio, el nuevo sistema "no puede caer en esa aparente responsabilidad tributaria" y por ello insiste en una reforma que recurra al IVA y a impuestos especiales colegiados, es decir, que las comunidades los puedan subir o bajar conjuntamente.

No obstante, subraya que todos estos cálculos se darían en el "mejor de los escenarios económicos".

Quita de la deuda autonómica

Sobre la petición de algunas comunidades de condonar la deuda, este experto expresa su absoluto rechazo y recuerda que no se trata de una condonación "sino de una traslación de la deuda al Estado, que finalmente pagaremos todos", con independencia de los ajustes presupuestarios que se hayan hecho en cada comunidad.

Onrubia también se refiere a la "quita asimétrica o al perdón de la deuda específica para Catalunya" sugerido por el líder del PSC, Miquel Iceta. "Comprendo que están en campaña y quieren pescar votos en todos los caladeros" comenta este experto, que advierte de que una decisión de este calibre sería "inasumible" para el resto de comunidades, entre ellas las socialistas.

A su juicio, y en este asunto, la solución "no es café para todos" porque la deuda no la van a pagar los australianos, la pagaremos todos los españoles".

Sobre el desarrollo actual de las negociaciones para la reforma de la financiación, Onrubia admite que aunque en un principio era crítico con la comisión ahora reconoce que el informe logró establecer unas "líneas rojas" de carácter técnico "que no se deberían superar por la negociación política".

No obstante, insiste en que la nivelación tiene que ser fruto del consenso político aunque es partidario de fijar como límite la nivelación de los servicios públicos fundamentales, "y a partir de ahí tienen que quedar holguras".

Para este experto, el tiempo que se necesita ahora es el de la "negociación política", ya que tanto las comunidades como el Estado "tienen los números prácticamente hechos".