MADRID.- La quiebra y liquidación de las ocho autopistas de peaje que actualmente están en concurso de acreedores supondría una 'factura' al Estado de 5.500 millones, importe equivalente a medio punto del déficit público, según el cálculo de la patronal de grandes constructoras Seopan.

El importe corresponde a la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que el Estado tiene que afrontar en el supuesto de quiebra de una infraestructura, y supone abonar a las empresas que las construyeron y actualmente las explotan el importe de la inversión que aún no han recuperado.

"Pero no se trata de un rescate, se trata de cumplir con lo que la Ley establece en caso de quiebra de un contrato de concesión de infraestructuras", aseguró el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien recordó que no hay antecedente alguno en España en el que el Estado haya tenido que abonar una RPA.

No obstante, la patronal de las constructoras, principales accionistas de las ocho autopistas en riesgo de quiebra, manifestó su esperanza en que "se pueda evitar este escenario" y en que el Gobierno que surja de las próximas elecciones generales retome el plan diseñado por el actual Ejecutivo para, "si aún se está a tiempo", solucionar la situación de las vías .

Seopan considera que el plan que el Ministerio de Fomento presentó en marzo de 2014, y sobre el que aún no se ha logrado un acuerdo, constituye la "mejor opción" para solventar el problema de las autopistas, porque "no tendría impacto en el déficit público".

El plan pasa por integrar a las ocho vías quebradas en una empresa pública tras previamente realizar una quita del 50'% en la deuda de 3.400 millones de euros que soportan y transformar el resto en un bono a treinta años.

"Esta solución que, actualmente está en stand by, es la mejor porque no incide en el déficit, y confío en que el próximo Gobierno en la siguiente Legislatura pueda abordar el tema para, si se está a tiempo, resolverlo", indicó el presidente de la patronal

Seis meses más de plazo

Según sus cálculos, el hecho de que el Ministerio de Fomento haya recurrido la decisión del juez de dictar la liquidación de dos de las ocho autopistas supone aplazar dicha eventual disolución de las vías durante unos seis meses, un periodo que "da un nuevo margen" para seguir buscando una solución para las vías.

Por ello, durante la presentación de un estudio sobre las necesidades de inversión en España, el presidente de Seopan apeló al "interés público" para que el nuevo Gobierno aborde el problema y pueda solucionarlo.

Además, considera que el hecho de que en España haya infraestructuras que estén afrontando una eventual liquidación "no genera una imagen de tranquilidad para los potenciales inversores internacionales que estén interesados en invertir en el mercado de infraestructuras de España".

En la actualidad, además de las dos autopistas abocadas a liquidación, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la que enlaza Ocaña-La Roda, también están en concurso de acreedores y en riesgo de quiebra las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Estas vías representan alrededor del 25% de toda la red de autopistas de pago del país.