Intesa Sanpaolo, el mayor banco minorista de Italia, ha suscrito un contrato con los liquidadores de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca para la adquisición al precio simbólico de un euro de los activos sanos de ambas entidades, lo que excluye préstamos morosos, acciones y bonos subordinados, mientras ha avanzado que la transacción supondrá el cierre de unas 600 oficinas y el recorte de 3.900 empleos.

Intesa Sanpaolo se hará con una serie de activos entre los que se incluyen los préstamos al corriente de pago por importe de 26.100 millones de euros, activos financieros valorados en 8.900 millones y 1.900 millones en activos fiscales, así como deuda senior por importe de 11.800 millones, unos 23.000 millones en depósitos indirectos, alrededor de 900 sucursales en Italia y 60 oficinas en el exterior, además de unos 9.960 empleados en Italia y 880 fuera del país.

Sin embargo, fuera de este acuerdo quedan los préstamos morosos, así como la deuda subordinada emitida, además de las acciones y otras "relaciones legales" que el banco no considera funcionales para la adquisición, aunque Intesa Sanpaolo reservará 60 millones de euros para el resarcimiento de inversores minoristas afectados por la compra de deuda subordinada emitida por los bancos liquidados.

"La intervención de Intesa Sanpaolo permite evitar las graves consecuencias sociales que de otra manera se habrían derivado de la liquidación administrativa obligatoria de los dos bancos", destacó Intesa, subrayando que la intervención salvaguardará los empleos de los bancos afectados, los ahorros de unos dos millones de hogares y la actividad de unas 200.000 empresas que reciben apoyo financiero y, de forma indirecta, los empleos de tres millones de personas en la región.

No obstante, la entidad explicó que los términos pactados incluyen una inyección de dinero público que podría llegar a 1.285 millones de euros destinada a cubrir los costes derivados de la "integración y racionalización" relacionados con la compra, incluyendo aquellos vinculados al cierre de 600 oficinas y el plan de bajas voluntarias para unos 3.900 empleados del grupo resultante tras la adquisición.

Una persona pasa por delante de la entrada de la sede del Banca Popolare di Vicenza. REUTERS/Stefano Rellandini

Asimismo, Intesa Sanpaolo se beneficiará de una inyección de 3.500 millones de euros libres de impuestos de las arcas públicas para cubrir el impacto de la transacción en sus ratios de capital, además de otros 1.500 millones de euros netos en garantías públicas para la esterilización de riesgos frente a las potenciales reclamaciones contra Intesa Sanpaolo por eventos anteriores a la transacción.

El contrato suscrito incluye una cláusula por la que el acuerdo "será inefectivo" en caso de que el decreto del Gobierno italiano para el rescate de los dos bancos del Véneto no superase el trámite parlamentario para su promulgación en ley o lo haga con enmiendas que eleven los costes de la operación para Intesa.

Autorización de Bruselas

La Comisión Europea aprobó este domingo las medidas adoptadas por el Gobierno italiano para liquidar los bancos Popolare di Vicenza (BPVI) y Veneto Banca en virtud de la ley nacional de insolvencia del país transalpino por un montante inicial de casi 5.000 millones de euros y un máximo de 12.000 millones en garantías estatales.

En virtud de esta liquidación, los activos no tóxicos de ambas entidades bancarias serán transferidas a Intesa Sanpaolo, el principal banco minorista italiano, que recibirá una inyección de 4.785 millones de euros. No obstante, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, dijo que los fondos totales "movilizados" por el Estado alcanzarán los 17.000 millones de euros, tres veces más de lo inicialmente estimado para recapitalizar los bancos con dinero público.

Una oficina de Veneto Banca en Venecia. REUTERS/Alessandro Bianchi

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que "la decisión de la Comisión permite a Italia tomar medidas para facilitar la liquidación de ambos bancos" después de que Italia haya argumentado que "la ayuda pública es necesaria para evitar una disrupción económica en la región de Veneto como resultado de la liquidación" de ambas entidades bancarias, que llevan experimentando "un largo periodo de dificultades financieras serias". "Italia apoyará la venta e integración de algunas de sus actividades y la transferencia de empleados a Intesa Sanpaolo", ha explicado.

"Los accionistas y los acreedores junior han contribuido plenamente, reduciendo los costes para el Estado italiano, mientras que los depositantes permanecen plenamente protegidos. Las medidas retirarán 18.000 millones en créditos morosos del sector bancario italiano y contribuirán a su consolidación", ha justificado la comisaria de Competencia en un comunicado.

La intervención pública se precipitó después de que el Banco Central Europeo advirtiera el pasado 23 de junio que BPVI y Veneto Banca iban o estaban a punto de quebrar y de que la Junta Única de Resolución Bancaria concluyera que el rescate no se garantizaba en el interés público en el caso de ninguna de las dos entidades, por lo que las autoridades italianas eran las competentes para liquidar los bancos según su norma nacional de insolvencias.

Al margen del marco europeo para los rescates y liquidaciones de bancos, las normas europeas prevén la posibilidad de que un Estado miembro solicite la autorización de ayudas públicas a la Comisión Europea para liquidar una entidad a fin de mitigar el impacto de su desaparición en la economía regional.

Italia ha justificado la intervención pública por el impacto serio derivada de la liquidación de ambos bancos en la económica real en las regiones donde eran más activas.

Dado que ambas entidades desaparecerán del mercado, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde al plan italiano al considerar que no debe provocar una distorsión de la competencia en el mercado bancario europeo. Las normas europeas sobre ayudas públicas aplicadas al sector bancario exigen que los accionistas y tenedores de deuda subordinada debe contribuir al coste de la liquidación, mientras que los acreedores sénior no están obligados a hacerlo y los depósitos siguen plenamente protegidos.

El acuerdo permite a Italia resolver su última crisis bancaria en sus propios términos, asegurando que las dos entidades del Véneto no reciben un trato peor bajo las leyes europeas, potencialmente más estrictas. No obstante, el costo para los contribuyentes italianos será elevado.